Por Santiago Sautel
Casi la totalidad de los legisladores del Parlasur de Unión por la Patria compensan la falta de dietas con contratos estatales gestionados en sus provincias, lo que plantea dudas éticas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en sus funciones.
La mayoría de los legisladores del Parlasur que integran el bloque de Unión por la Patria han encontrado una solución económica que compensa la falta de dietas del Parlamento del Mercosur, gracias a una maniobra sistematizada para obtener contratos estatales por parte de gobernadores amigos.
Mientras el organismo regional que preside Mario Colman continúa operando sin un esquema claro de financiamiento, los representantes argentinos recurren al estado para mantener ingresos que no les son garantizados desde el Parlasur. Este fenómeno expone una práctica que mezcla funciones públicas y legislativas de manera cuestionable: ¿Cuánto cuesta esta “doble vida” política a los contribuyentes?
Una investigación de REALPOLITIK reveló que gran parte de los legisladores de Unión por la Patria perciben contratos estatales, generalmente en sus territorios, para garantizarse un ingreso mientras ejercen su mandato regional.
Contratos en provincias y dependencias nacionales
- Cecilia Nicolini, exsecretaria de Ambiente, dejó su cargo nacional el año pasado y para marzo de este año ya tenía un contrato en el ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de BuenosAires, en el gobierno de Axel Kicillof. Previamente, había ocupado altos cargos durante la presidencia de Alberto Fernández.
Cecilia Nicolini cobra un contrato en la gestión de Axel Kicillof.
- Victoria Donda, tras su escandalosa salida del INADI, fue cobijada por Kicillof en el cargo de subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la jefatura de Asesores bonaerense. Aunque en diciembre anunció que dejaría el cargo para asumir en el Parlasur, tardó apenas unos días en ser “reubicada” en el ministerio de Gobierno provincial con un contrato gestionado por el propio Carlos Bianco.
- Raúl Bittel continúa percibiendo ingresos de la dirección de Administración del ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, gracias a un guiño del gobernador Leandro Zdero. Su paso por el estado provincial acumula más de una década. Hasta hace poco se desempeñó dentro del ministerio de Gobierno y Trabajo de esa provincia.
Raúl Bittel cobra un contrato en la provincia más pobre del país.
- Luis Mariano Fernández mantiene ingresos del Superior Gobierno de Tucumán desde 2016, incluso después de asumir como legislador del Parlasur. Fue subsecretario de Integración Regional en la secretaría de estado de Relaciones Internacionales de Tucumán.
Luis Fernández y su jefe, el gobernador Osvaldo Jaldo.
- Gabriel Fuks, antes embajador en Ecuador, pasó a ocupar un contrato en el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires tras concluir su gestión diplomática.
- María Alejandra Mas, representante de Río Negro, cobra un salario del gobierno de San Juan, vinculado a la administración de Marcelo Orrego.
María Alejandra Mas.
- Susana Beatriz Peralta Molina, exministra de Planificación y Modernización de Catamarca, percibe ingresos de la Tesorería General de esa provincia desde 2015.
Susana Peralta cobra un contrato en el gobierno de Raúl Jalil.
- Yamil David Sarruff Vallejo, de La Rioja, mantiene su vinculación con el gobierno provincial desde hace más de una década, alternando entre roles como intendente y diputado provincial.
Yamil Sarruff percibe un sueldo gracias al gobierno de Ricardo Quintela.
Contexto legal y financiero
El panorama es una respuesta a la suspensión del pago de viáticos y pasajes por parte del gobierno argentino. Esta medida, fundamentada en un fallo de la Corte Suprema, ha generado tensiones entre los parlamentarios, especialmente los de Unión por la Patria, quienes califican estas acciones como un golpe al Mercosur y a la integración regional.
Los legisladores, quienes deberían recibir sus dietas del Parlasur, han encontrado en los contratos provinciales una vía para mantenerse económicamente activos. Sin embargo, esto plantea interrogantes éticos y legales, dado que dichos ingresos paralelos provienen de fondos públicos, a menudo bajo una cuestionable prestación laboral.
El bloque de legisladores del Parlasur el día de la asunción.
Mientras el Parlasur enfrenta una crisis de financiamiento y representación, la práctica de estos legisladores de acumular contratos en otros estamentos del estado deja al descubierto un sistema que permite la coexistencia de cargos y privilegios, más allá de los principios de transparencia y austeridad que debería representar un organismo como el Mercosur.
Fuente Realpolitik
