Pepe Álvarez es reelegido como líder de UGT: retos externos e internos de su tercer y último mandato

Pepe Álvarez Suárez, asturiano nacido en 1956, ha sido reelegido secretario general de UGT en el 44 Congreso Confederal celebrado en Barcelona, ciudad en la que el líder sindical comenzó su carrera profesional y dio sus primeros pasos en la organización hasta llegar a ser el cargo más elevado desde hace ocho años. Según confirma el sindicato, Álvarez obtuvo anoche el 80% de los votos a favor, una mayoría holgada en un Congreso en el que no tenía rivales. La cifra es ligeramente inferior al 86% de los apoyos de 2021, pero demuestra la consolidación de su liderazgo, ya que obtuvo solo el 51% de los votos en 2016, cuando accedió por primera vez al cargo.

A lo largo de la mañana se anunciarán oficialmente los integrantes de la Comisión Ejecutiva Confederal, su equipo más cercano, así como de los órganos satélites a nivel estatal: la Comisión de Garantías, la Comisión de Control Económico y la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Código Ético. Hay pocas variaciones en los cargos a nivel confederal, siendo el más marcado la sustitución de la actual vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas, segunda de Álvarez, por Lola Navarro, de UGT Valencia.

Desde 2016, Álvarez apenas ha hecho cambios en su núcleo de confianza, siendo uno de ellos el ascenso a una vicesecretaría general del licenciado en derecho y funcionario de la Agencia Tributaria Fernando Luján, cara visible de las mesas de negociación con el Ministerio de Trabajo. Debido a la limitación de mandatos que establecen los actuales estatutos del sindicato, estos serían los últimos cuatro años que Álvarez estaría al frente de la organización, periodo en el que se le plantean retos externos, pero también internos.

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UGT ha querido marcar perfil propio en las negociaciones en materia laboral con el Ejecutivo y ha abanderado dos causas diferenciales: el aumento del coste de los despidos improcedentes y de las horas extras. En ambos casos, el sindicato ha denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y ha recibido ya una resolución favorable en la demanda del despido. El organismo con sede en Estrasburgo concluyó este verano que la indemnización de los ceses sin causa en España no es disuasoria y abre la puerta a legislar despidos a la carta, algo con lo que se ha comprometido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero que no comparte el ala socialista de la coalición.

En cuanto al coste de las horas extras, que UGT defiende que se paguen un 25% más caras que las ordinarias, la demanda se encuentra en un proceso inicial al haber sido presentada en enero de 2024, pero el Gobierno ya ha efectuado alegaciones contrarias a la postura de UGT. Además, el sindicato no logró incluir este aspecto en las negociaciones para reducir la jornada laboral que se han extendido a lo largo de todo el año y que previsiblemente finalizarán con un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en el mes de diciembre. También está pendiente de negociación la subida del SMI para 2025 y el posible blindaje por ley de sus revalorizaciones, como propone Díaz, y el avance legislativo del conocido como el estatuto del becario, acordado entre Trabajo y los sindicatos en junio de 2023, pero guardado en un cajón desde entonces.

Dimisiones regionales y casos de corrupción anteriores

En cuanto a los retos internos, el principal es seguir manteniendo el crecimiento de la afiliación al sindicato, que ha evolucionado de manera favorable en los últimos años en paralelo al aumento del empleo. Alcanza ya las 983.521 personas, un 5,6% más que en 2019 y ligeramente por debajo de los 1.087.714 afiliados de CCOO. UGT ostenta el 31,7% de la representación sindical de España, mientras que CCOO congrega a un 36,6%.

Por otra parte, la nueva Comisión Ejecutiva Confederal de UGT seguirá encargándose durante unos meses de dos gestoras autonómicas, directamente dependientes de la confederación a nivel orgánico. Se trata de UGT Illes Balears y UGT Castilla-La Mancha, organizaciones territoriales que actualmente no cuentan con secretario ni secretaria general tras la dimisión de los últimos. En ambos casos, la vacante se debe a discrepancias internas de las uniones regionales con sus federaciones sectoriales y son las secretarias confederales Amparo Burgueño y Patricia Ruíz, respectivamente, las que se hacen cargo de ser la cara visible hasta que se encuentre reemplazo, previsiblemente en congresos a lo largo de 2025.

También el plano regional, Pepe Álvarez se ha tenido que enfrentar durante sus mandatos a la confirmación de casos de corrupción. Uno de ellos es el de UGT Asturias, condenada por la Audiencia Provincial de Oviedo por un delito de fraude de subvenciones en 2012 y, también este mismo miércoles, se ha conocido la condena de la Audiencia de Sevilla a ex altos cargos de UGT Andalucía, entre ellos al exsecretario general Francisco Fernández, por otro fraude de subvenciones en los cursos de formación.

Fuente El Confidencial