Qué pasa si el Congreso no trata el Presupuesto 2025

El Gobierno envió en las últimas horas al Congreso la convocatoria formal a sesiones extraordinarias, que se extenderán desde el 5 al 27 de diciembre.

Según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el temario incluye proyectos como la eliminación de las PASO, la ley antimafia, el juicio en ausencia y la limitación de los fueros, entre otros puntos.

Uno de los datos salientes del llamado a extraordinarias es que no se encuentra el Presupuesto 2025, luego de que fuera presentado por el presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Esta ausencia, cuestionada por la mayoría de los bloques opositores e, incluso, de algunos “dialoguistas”, abre el interrogante sobre qué sucederá si la iniciativa no se trata antes de fin de año.

Qué pasa si el Congreso no trata el Presupuesto 2025

Tras la puja abierta entre el Gobierno Nacional y las provincias, de no tratarse el Presupuesto 2025 en el Congreso, la opción más viable es que el Poder Ejecutivo prorrogue el Presupuesto 2023 como lo hizo ni bien asumió el pasado 10 de diciembre -por lo que todo el 2024 se trabajó sobre el proyecto del año previo-.

Lo cierto es que las negociaciones con los gobernadores se encuentran frenadas debido a que reclaman una serie de puntos que para el presidente Javier Milei atentan contra la premisa inviolable del déficit cero.

De no alcanzar el escenario deseado, la primera opción de la administración libertaria es prorrogar la hoja de cálculo del 2023, aunque hay alternativas que podrían darse, pese a su baja probabilidad.

Desde la  Casa Rosada trascendió que, de acceder las provincias a garantizar el apoyo al proyecto original que defendió el propio mandatario en el recinto, podría incluirse al temario y tratarse durante el mes de febrero, algo de lo que no hay antecedentes.

En el Gobierno no tienen preferencia de fechas, ya que, aseguran, la prioridad la tiene el respaldo al presupuesto que fue diseñado por los equipos técnicos libertarios y oficializado en septiembre.

Según trascendió, los gobernadores reclaman cinco puntos. Estos son: las deudas por las cajas previsionales no transferidas; devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la ahora disuelta AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

Los que llevan las cuentas en la administración libertaria estiman que los pedidos configuran un total 3.700 millones de dólares,

Sin puntos de acuerdo con las provincias, la opción más viable es que Milei, como lo hizo en diciembre de 2023, disponga una nueva prorroga de las previsiones sancionadas en diciembre de 2022, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

De esta forma, contará nuevamente con discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, amparado en el artículo 2 del decreto en el que el Ejecutivo delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar oportunamente” la previsión según el contexto.

Fuente El Cronista