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En las últimas horas, Javier Alejandro Fernández y Marcos Neirotti, conocidos denunciantes de corrupción y defensores de derechos humanos, han presentado una nueva denuncia penal, esta vez contra las máximas autoridades del Senado provincial a través de la cual señalan graves irregularidades en la administración que dirige la vicegobernadora.
La trama que derivó en la denuncia comenzó a principios de agosto, cuando Diario Mendoza Today publicó que Pablo Priore, Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores, estaba impulsando una investigación interna para dar con el personal que -según él- había filtrado a la prensa “información sensible de forma maliciosa y tergiversada donde se exponían datos de agentes de la Cámara”.
Más que preocuparse por los supuestos datos de los agentes, en realidad, el alter ego de Casado inició una “cacería de brujas” para dar con los funcionarios que habían filtrado información sobre los millonarios montos de los contratos de locación, cargados de discrecionalidad y secretismo que este diario había publicado en exclusiva.
Inmediatamente, los denunciantes intimaron directamente a Priore a que se abstenga de perseguir a los empleados del Senado, ya que la información filtrada es de carácter público y, por lo tanto, debe publicarse de manera activa (esto es “sin que nadie se los pida”), situación que no se hace y que Fernández y Neirotti le indicaron que era un grave incumplimiento por parte de la Cámara.
Por su parte, Priore les respondió: “Nadie discute que la información es pública, lo que se discute es que hay información falsa o intencionalmente tergiversada”. A lo que los denunciantes le respondieron: “Pablo, esto se resuelve fácil, directamente publiquen toda la información en la web del Senado, en respuesta a la ley 9070, específicamente con su sección de transparencia activa. ¿Quién los sanciona a ustedes por incumplir con el artículo 32? La mentira se combate con la verdad. No habría sido necesaria ninguna filtración si ustedes cumplirían con la ley. Publiquen la lista con los “contratos verdaderos” y acabado el asunto.
A continuación, Priore volvió a insistir en que había datos que no se podían divulgar y apunto a que la filtración estaría siendo promovida por la oposición. Como ejemplo de ello, enfatizó en tono sugestivo que “era raro” que las listas filtradas se focalizaron en los contratos de funcionarios del oficialismo, pero se omitieron los contratos de la oposición. Además, indicó que no dependía de él la publicación de lo que le estaban solicitando, “sino que eso debía ser aprobado por los miembros de la Cámara”.
Javier Fernández le respondió: “Pablo, estoy al tanto de lo que decís y hay algunos aspectos razonables, no obstante, el artículo 32 de la ley 9070 que se incumple es responsabilidad de ustedes. No requiere la aprobación del resto del cuerpo. Fíjate la ley citada, es clara. Cumpliendo con ella se acaba el asunto y si llegase a haber algún dato sensible, según la ley, se tacha específicamente eso y se pública el resto. Hoy no hay nada oficial. Por eso, la solución está en tus manos y de Hebe”.
Finalmente, Fernández le advirtió que iban a impulsar una investigación para dar con la información, la cual se produjo durante casi cuatro meses y a través de la cual los denunciantes dieron con una serie de irregularidades que decidieron llevar a la justicia.
A pesar de las dificultades que la Cámara dispuso para que los denunciantes accedieran a la información, entre otras evidencias, pudieron obtener documentos oficiales en los cuales se destaca una gestión financiera marcada por la discrecionalidad: contratos millonarios otorgados a funcionarios aliados, asignaciones desproporcionadas en comparación con la oposición, y personal contratado que, según testimonios, no cumpliría con funciones justificadas o ni siquiera asistiría a su lugar de trabajo. Si, los llamados “ñoquis”, pero del oficialismo. Además, en la denuncia muestran cómo las autoridades del Senado han incumplido la ley 9070 de Acceso a la Información Pública, negándose reiteradamente a proporcionar de manera activa y a través de pedidos de información (tanto de los ciudadanos como de los propios legisladores de la oposición) documentos claves sobre contratos, las Resoluciones de Presidencia y otros actos administrativos que evidencian cómo se gasta el presupuesto.
Esta actitud, según los denunciantes, viola derechos fundamentales y atenta contra la confianza pública en las instituciones. La denuncia se mantuvo en reserva para no entorpecer la investigación penal y los denunciantes enfatizan que esta acción va más allá de una simple presentación, ya que solicitaron ser aceptados como querellantes para contribuir activamente al proceso y asegurar que la causa avance sin dilaciones.
La acción cuenta con el patrocinio de Gabriel Sottile. “Nuestra investigación prueba que el Senado no solo administra mal los recursos, también demostramos que cuenta con una estructura para impedir que los ciudadanos sepan estas graves irregularidades. Esto no es solo un incumplimiento administrativo, es una violación activa de derechos humanos que conlleva una responsabilidad penal, y por la cual, Hebe Casado y el resto de las autoridades de la Cámara deben dar cuenta ante la justicia y ante el pueblo”, subrayaron los denunciantes a Mendoza Today. Y agregaron: “Como ciudadanos y defensores de derechos humanos, es nuestro deber no solo denunciar, sino también participar activamente en la búsqueda de justicia.
La actualizacion corrupción afecta a todos, y su combate debe ser una prioridad colectiva, por lo tanto, también animamos a que los ciudadanos nos acompañen”. La acción también apunta a la dimensión social de los hechos: cada peso mal administrado por el Senado es un recurso perdido para atender las verdaderas necesidades de la población, desde educación y salud hasta infraestructura y seguridad. Este caso, más que un episodio aislado, es un reflejo de una problemática más amplia: la necesidad de un control ciudadano efectivo. La lucha contra la corrupción no puede recaer exclusivamente en el Poder Judicial, por demás hipercuestionado, sino que requiere una sociedad activa, informada y comprometida.
“Sin la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en meros conceptos vacíos”, concluyeron los denunciantes. La denuncia presentada no solo busca sancionar a los responsables de posibles delitos como fraude, peculado y abuso de autoridad, sino también abrir un debate profundo sobre el tipo de democracia que los mendocinos quieren construir.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
