Al igual que el gobierno nacional, Mendoza está llevando a cabo una revisión exhaustiva de sus leyes para identificar y derogar aquellas que han quedado obsoletas o que generan burocracia innecesaria. Así, el Senado provincial pondrá el foco sobre 103 leyes sancionadas desde el año 1.856 hasta 1.950.
Este proceso, al igual que la “Ley de Hojarasca”, impulsada a nivel nacional por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger, busca modernizar el sistema legal y facilitar la gestión pública del Estado mendocino.
Para ello, tanto la vicegobernadora Hebe Casado como un equipo de especialistas está trabajando en la identificación y análisis de estas normas para determinar cuáles deben ser derogadas o reformadas, según publicó Diario Los Andes. Se estima que hasta un 60% de las leyes analizadas podrían ser eliminadas.
Al simplificar el marco legal, se agilizarán los trámites administrativos, se reducirán los costos para los ciudadanos y las empresas, y se mejorará la eficiencia de la gestión pública. Además, se contribuirá a la modernización del Estado y a la creación de un ambiente más favorable para la inversión.
Entre las leyes más significativas que podrían recibir “motosierra” se encuentran la Ley Orgánica de Municipalidades de 1934, la Ley Orgánica de Tribunales de 1910, la creación de las Cámaras de Apelaciones en 1947, y acuerdos como el convenio con YPF para la exploración petrolera en 1932 y la fijación de límites con San Juan sancionada en 1933.
Casado explicó que el criterio para determinar qué leyes serán derogadas se basará en su capacidad para desburocratizar los procesos y en si han quedado obsoletas debido al avance de la tecnología, la economía o el paso del tiempo.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
