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Si bien el gobierno de Javier Milei prometió traspasar obra pública clave a las provincias, tras un año de desinversión y promesas de reactivación los gobernadores ponen la mira en las rutas nacionales. La falta de mantenimiento frena la producción y desarrollo de pasos fronterizos claves.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la última semana la inversión de la provincia en materia de obra pública y aseguró que incluso superó a la del Estado nacional.
Los ministros de la cartera santafesina ya habían advertido a Javier Milei la necesidad de recibir el traspaso de las obras que tenía a su cargo nación. Asimismo, desde las provincias en general solicitan que el Estado finalice con las obras que estaban ejecución al inicio del gobierno libertario antes de traspasarlas.
Las declaraciones del Pullaro ocurrieron en el marco de la firma del acta que da inicio a la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, como parte del Acuerdo Rosario. Se trata del tramo de 16 km entre la Av. Circunvalación de Rosario y el acceso a la ciudad de San Lorenzo. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Pose SA, por $41.498.589.398.
Con estos trabajos, el Gobierno de Santa Fe espera garantizar la accesibilidad, conectividad y seguridad de los más de 38 mil santafesinos que circulan por la autopista diariamente.
“Ninguna provincia, ni el Estado nacional, invirtieron lo que invirtió Santa Fe el año pasado en obra pública: u$s 500 millones puestos en el territorio santafesino. Y este año arrancamos un año con mucha expectativa, donde tenemos entre 1.500 y 1.600 millones de dólares para invertir”, afirmó el gobernador.
Por su parte, la vicegobernadora Gisella Scaglia reclamó al Estado Nacional que “ponga en discusión nuevamente el esquema de retenciones de nuestro país, porque si cada peso que mandamos al esquema federal pudiera volver en obra, seríamos indudablemente imparables”.
“Tenemos que poner sobre la mesa un acuerdo de diálogo grande y profundo que nos devuelva a los argentinos esa capacidad productiva que tenemos en nuestro país”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Obra Pública, Lisandro Enrico, desafió al Gobierno nacional e indicó que, si “ustedes no pueden o no quieren reparar rutas nacionales, pásenlas a la provincia que Santa Fe sí tiene un plan para poder mejorar rutas”.
En ese sentido agregó que en ese contexto, a las distintas licitaciones se permitió “a las empresas de afuera que también vengan a competir con las empresas santafesinas para bajar el costo de la obra pública, ante lo cual, veinticinco empresas de seis provincias presentaron sus proyectos, sus ofertas y logramos avanzar con esta obra que hoy se inicia”.
Un caso similar ocurre en la provincia de Entre Ríos, dirigida por Rogelio Frigerio, que a través de la Dirección Provincial de Vialidad, lleva adelante el Plan de Reactivación de la Obra Pública del gobierno provincial.
Tras el desentendimiento del gobierno de Javier Milei con la obra pública, Frigerio anunció un plan de obras viales que apunta a cubrir con trabajos de recuperación y mantenimiento al total de las rutas provinciales de Entre Ríos.
Con dicho objetivo, el mandatario provincial invertirá $240 mil millones a lo largo de dos años en un contexto de parálisis de la inversión nacional en las rutas provinciales y nacionales y marcado deterioro.
Según informaron distintos gobiernos provinciales a El Cronista, esto no sólo dificulta el acceso de personas y provoca accidentes, sino que también interfiere con la producción agrícola y ganadera de las principales provincias productoras.
En Entre Ríos en particular, la discusión por el estado de las rutas lleva más de una década y Frigerio como nuevo gobernador se pondrá a prueba en este sentido. El gobernador, que viene del PRO, tiene pensado invertir un promedio $10 mil millones mensuales en los corredores que son de su potestad.
El estado de los caminos es tan acuciante que por ejemplo la Confederación Económica de Misiones (CEM) reclamó a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que se trabaje en las reparaciones y el mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14.
En la nota dirigida al ingeniero Luis Enrique Giovine, al frente de la dependencia a nivel nacional; la entidad gremial empresaria remarcó que ambas rutas nacionales representan las principales vías de conectividad y logística, no sólo para el abastecimiento provincial sino también, para la distribución de las producciones hacia los principales centros de consumo de la región, del país e incluso de países vecinos.
“Tal como lo expresamos constantemente junto nuestros asociados de diversas cámaras y entidades gremiales empresarias misioneras: el mal estado de las rutas nacionales afecta negativamente a todos los sectores de la economía provincial, tanto industria, comercio, servicios y producción: encarece significativamente los costos de transporte y pone en riesgo vidas”, indica la CEM en el documento que será canalizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Es uno de los primeros reclamos fuertes contra el Gobierno nacional, ya que hasta ahora la entidad empresaria misionera mostró satisfacción con las medidas económicas tomadas por el presidente Javier Milei, entre las cuáles está la parálisis de inversión en infraestructura pública.
Lo mismo hizo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que también reclamó la realización de obras públicas en las Rutas Nacionales N° 12 y 14 por resultar clave para la conexión en el Mercosur. La ruta 12 por un lado conecta las Ciudades de Corrientes y Paraná con Buenos Aires, mientras que la ruta 14 nace en Entre Ríos, pasa por Corrientes y culmina en Misiones.
La CAC envió una nota a Giovine, solicitando la reparación de las dos carreteras estratégicas del denominado Corredor Vial 18, de relevancia para el entramado productivo argentino. “La demanda había sido previamente planteada por la Federación Económica de Corrientes (FEC), que advirtió sobre los perjuicios que el deterioro de estas vías genera para el comercio en la provincia y de toda la región del NEA”, señaló la CAC en un comunicado.
La entidad afirmó que “estas rutas son fundamentales para la conectividad logística y comercial de la región, especialmente como parte del corredor estratégico del Mercosur”. Para el organismo, el deterioro genera un encarecimiento de los costos de transporte y también un aumento de accidentes fatales con pérdida de vidas humanas que además impactan en el desarrollo productivo, turístico y social.
Asimismo, la Cámara subrayó la importancia de la colaboración público-privada para la implementación de políticas públicas más efectivas y, en ese sentido, instó a las autoridades a atender el pedido de sus socios y priorizar la reparación y el mantenimiento de estas rutas estratégicas.
Por otro lado, Mendoza, a cargo de Alfredo Cornejo, se encuentra en estado de alertar por la parálisis de la obra pública en la Ruta Nacional 7. Dicho tramo conecta Mendoza con Chile y registra un avanzado deterioro.
El último año crecieron los accidentes y atascos en dicho paso fronterizo, llegando a haber demoras de más de 9 horas. Por este motivo, el gobierno mendocino le pidió a nación que transfiera el control de las obras, al igual que el resto de las provincias vienen sosteniendo el mismo reclamo.
Desde el Gobierno mendocino admiten que “hace 5 años que no hay inversión en las Rutas Nacionales”. “No es un problema actual”, sostuvo el ministro de Gobierno Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema en diálogo con El Cronista.
Según explicaron desde la cartera, en Mendoza las únicas rutas y obras en ejecución se iniciaron durante la gestión del expresidente y aliado del gobernador Mauricio Macri.
Entre los puntos más alarmantes, Mema detalló dos puentes derrumbados sobre la Ruta 40 en el año 2020. Asimismo, el ministro indicó que hay una pequeña reactivación de la obra pública por parte de nación en la Variante Palmira ruta 35 km. “Tenemos una neutralizada que es la de tramo de doble vía Ruta 40 ingreso a Mendoza”, indicó.
Sobre el paso a Chile de la Ruta 7 desde el gobierno mendocino explican que todavía se encuentra paralizada, y si bien no es jurisdicción de la provincia dificulta la producción local.
“Nos dijeron que el tramo que va a Chile de la Ruta 7 la tenían priorizada para hacer ellos una licitación y una concesión”, señaló Mema como el motivo que da Javier Milei para no hacer el traspaso de dicho tramo a Mendoza.
En cuanto a plazos, desde Nación calculan que harán lo posible para que ingrese en un primer paquete de licitaciones de este año y que sería en aproximadamente seis meses.
El gobierno mendocino se encuentra en conversaciones con el ministro de Economía Luis Caputo para que traspase la obra pública en las rutas del del área metropolitana de Mendoza y la 143, desde el Valle San Rafael para poder buscar una concesión. “Nos dijeron que lo iban a evaluar, que lo veían factible”, afirmó Mema.
Fuente El Cronista
