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Por Hugo Alconada Mon
Fueron designaciones que hizo Andrés Vázquez a poco de asumir al frente del organismo; estuvieron con él en la Regional Sur Metropolitana, desde donde maniobraron para proteger a los empresarios
Tres días después de que el presidente Javier Milei lo designara como nuevo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez comenzó a designar a sus máximos colaboradores. Al menos cuatro comparten dos rasgos: son de su confianza extrema y trabajaron con él en la Regional Sur Metropolitana, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.
Esa protección quedó asentada en los expedientes judiciales “Vialidad” y “ruta del dinero K”, con testimonios y documentos oficiales. Luego, lo plasmó por escrito el fiscal federal Gerardo Pollicita, y su colega Diego Luciani lo expuso en su alegato oral, cuando aludió de manera específica a lo que ocurrió en la Regional Sur al requerir la condena de Cristina Kirchner, Báez y otros acusados en el “caso Vialidad”. El tribunal oral les dio la razón.
El equipo que Vázquez montó en la Regional Sur y ahora llevó con él a la cúspide de la DGI incluye a Mariano Mengochea. En 2009 fue supervisor en aquella dirección, a donde llegó de la mano del propio Vázquez, y en 2013 ascendió a jefe de División de Fiscalización, para después, cuando su jefe cayó en desgracia, acompañarlo en su derrotero por la Aduana de La Plata desde las postrimerías de la gestión de Ricardo Echegaray como titular de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA).
Contador, Mengochea pasó años en la zona aduanera del puerto de La Plata. Allí se desempeñó como “analista de asuntos técnicos” hasta que Vázquez volvió al ruedo gracias al tercer vértice del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo. Vázquez asumió al frente de la DGI a fines de octubre y lo nombró como uno de sus lugartenientes al “Vasco”, como lo apodan: subdirector general de Operaciones Metropolitanas.
El retorno a los puestos de poder también abarcó a otro de sus colaboradores en la Regional Sur, Marcelo Laffont. También contador, allí lideró una División de Fiscalización desde 2010, aunque también lo impactó la caída en desgracia de su jefe. Se desempeñó como “analista de investigación” hasta que Vázquez lo designó como subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde a su vez sumó a la esposa de Mengochea, Cynthia Galzerano, hija de quien fuera socio de Vázquez en la firma DVQP Sport SA.
El tercer puntal de la Regional Sur que ahora ascendió es Claudio Ernesto Castagnola. En los tiempos de Vázquez al frente de aquella dirección, figuró como adjunto en la División de Fiscalización que lideraba Raúl Bonacorsi, ya jubilado. Ahora, el abogado y contador Castagnola, cuyo último cargo fue de “supervisor de fiscalización e investigación”, pasó a ser director de Control en Grandes Nacionales.
A todos ellos se sumó otro veterano de la Regional Sur Metropolitana en tiempos de Vázquez, que también ganó influencia con Milei. Juan Ignacio Waissman fue jefe de la División Jurídica en aquella dirección –que tiene sede física en el partido de Avellaneda-, desde febrero de 2009, al mismo tiempo que Vázquez, por la disposición 71/2009.
Waissman lideró la División Jurídica hasta 2016, cuando se marchó al área de cobranzas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña, y asumió luego como su director general de Legal y Técnica, hasta que renunció en enero del año pasado. Reapareció meses después en la función pública, pero no en la DGI, sino en la Casa Rosada. Por decreto 597/24, el Presidente lo designó como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, es el máximo asesor de Karina Milei.
Los cinco –Vázquez, Mengochea, Laffont, Castagnola y Waissman- se desempeñaron en la Regional Sur, cuando esa dirección ganó protagonismo durante los años más oscuros del kirchnerismo. Desde allí se impulsó el megaoperativo contra el Grupo Clarín, por ejemplo, en septiembre de 2009, y varias empresas de Lázaro Báez modificaron su domicilio fiscal para quedar bajo su jurisdicción y evitar así a los sabuesos patagónicos que les seguían el rastro.
Parte de aquel entramado salió a la luz en julio de 2009, cuando La Nación reveló que Vázquez había desembarcado en esa Regional, donde había reconfigurado toda la línea jerárquica que debía investigar a Gotti Hermanos: el inspector, que pasó a ser Marcelo Saponari, el supervisor y el jefe de división, Bonacorsi, que hasta entonces era supervisor en otra área, en tanto que como nuevo jefe de Revisión y Recursos quedó Diego Barovero, y al frente de Jurídica, Waissman. Aquel texto, publicado hace 15 años (https://www.lanacion.com.ar/politica/polemicos-cambios-en-la-afip-para-investigar-el-caso-de-gotti-nid1152467/), jamás fue desmentido.
(LA NACION intentó consultar a Vázquez, desde el jueves pasado, a quien le transmitió las preguntas por escrito, pero el funcionario indicó a través de la vocería que no las respondería).
La trama de protección
La trama había comenzado lejos de la Regional Sur. Empezó cuando un equipo integrado por Gustavo Uría, Camilo Merino, Marcelo Paviotti y Mónica Folchi, entre otros, bajo el mando del entonces director Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, detectó el uso intensivo de facturas truchas de Gotti Hermanos en beneficio de Austral Construcciones y otras empresas de Báez, que estimó en 2007 en $495,7 millones –cifra de aquel entonces, sin actualizar-. Y detectaron movimientos a revisar alrededor de López. Avanzaron, hasta donde pudieron.
“Cuando nos pidieron las renuncias [en abril de 2008] no nos dieron muchas explicaciones”, rememoró Williams, años después. “Sí puedo comentar que teníamos en inspección técnica cuestionando evasión tributaria en el caso de las empresas de Báez y de Cristóbal López”.
Williams terminó en Neuquén, mientras se iniciaba un efecto cascada: su entonces superior, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, fue desplazado; y el superior de este, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, también cayó, como se había marchado antes el titular de la AFIP, Alberto Abad, al que reemplazó Claudio Moroni y, luego Echegaray.
Eso no fue todo. Asesorado por el tributarista Horacio Díaz Sieiro, Báez mudó el domicilio fiscal de varias de sus empresas al partido de Avellaneda y quedaron bajo la órbita de la Regional Sur. Es decir, de Vázquez y de sus colaboradores. Entre otras, Austral Construcciones, Epsur, Austral Agro, Misahar SA, Austral Atlántica, la Fiduciaria Edificio Northville SA y Austral Desarrollos Inmobiliarios, además de Invernes, la financiera de Ernesto Clarens.
Ya como titular de la AFIP, Echegaray dio el siguiente paso. En febrero de 2009 emitió la Disposición 93/09 que determinó que la fiscalización en trámite de aquellos contribuyentes que se acogieran a una moratoria pasaría a la Regional donde tuviera su domicilio fiscal, aún si la fiscalización se estuviera desarrollando en otra Regional. En el caso de las empresas de Báez, pasaron de Comodoro Rivadavia a Sur Metropolitana.
Los rastros comenzaron a acumularse. Echegaray antes había trabajado como abogado de Gotti Hermanos. Y la abogada de Badial SA, otra constructora de Lázaro Báez, Paola Martínez Naifleisch, había fijado su domicilio legal para litigar contra la AFIP en las oficinas del hijo de Rubén Ángel Toninelli, el nuevo director de la DGI.
En el caso de Cristóbal López, conocido entonces como “el zar del juego”, los movimientos subterráneos también comenzaron a salir al sol cuando dos funcionarias de la AFIP, Haydée Boyadjian y Verónica Castiello, iniciaron una inspección al casino flotante de Puerto Madero, en 2007, y se toparon con una sorpresa. Vázquez se ocupó de atenderlas como si fuera un empleado más de la empresa, aunque luego dijo que estaba allí para almorzar con Santiago Blanco Bermúdez, apoderado del casino y abogado de Antonio “Jaime” Stiuso.
Con llegada directa a la Secretaría de Inteligencia (SI), en particular en tiempos de Francisco “Paco” Larcher y de Stiuso, Vázquez perdió su cobertura cuando Cristina Kirchner avanzó contra el sector en febrero de 2015 y creó la Agencia Federal de Inteligencia y colocó a Oscar Parrilli al frente. Un mes después de esa movida, Echegaray logró remover a Vázquez de la Regional Sur Metropolitana y lo envió a La Plata, donde lo dejaron Abad, cuando volvió en diciembre de ese mismo año, y su sucesor, Leandro Cuccioli.
Testimonios judiciales
En los tribunales, varios exfuncionarios confirmaron este entramado de protección. Entre ellos, Williams y Mecikovsky cuando declararon en el “caso Vialidad”. Mecikovsky responsabilizó a Cristina Kirchner, a Echegaray y al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros. También relató que el socio de López, Fabián de Sousa, llegó a reunirse con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle la dirección de la Regional en Comodoro Rivadavia cuando arreciaban las presiones sobre Williams.
Apoyados en esos y otros testimonios, tanto el fiscal Pollicita en primera instancia como su colega Luciani y Sergio Mola en la instancia oral del “caso Vialidad”, cargaron contra el cambio de domicilio fiscal que benefició a Báez y facilitó la intromisión de la Regional Sur Metropolitana bajo el mando de Vázquez y sus acólitos: “El único sentido de esto era que interviniera una dirección más amigable, que pudiera ayudar a cerrar el problema de la forma menos dolorosa, tal como ocurrió y como vimos que ocurrió en la Dirección Regional Sur”, remarcó Luciani.
“Todo esto, señores jueces, fue milimétricamente calculado. Es una acción coordinada y denota la connivencia y el conocimiento anterior [por parte de Báez] en cuanto a la naturaleza de la resolución que se iba a dictar por parte de Echegaray”.
El tribunal oral federal les dio la razón a los fiscales. Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron probada la “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez”.
A pesar de esos y otros antecedentes judiciales, sin embargo, el gobierno de Milei afirmó públicamente –pero no denunció ante la Justicia- que existió en la AFIP una presunta red de protección a ex funcionarios y empresarios kirchneristas, desde 2016; es decir, cuando Abad, Castagnola, Mecikovsky y otros que habían sido desplazados por investigar al kirchnerismo volvieron a ocupar puestos de relevancia durante la presidencia de Mauricio Macri.
De manera sugestiva, esa acusación del Gobierno ocurrió horas después de que La Nación revelara que una semana después de asumir como jefe de la DGI, Vázquez promovió a su pareja veinte años más joven, María Eugenia Fanelli, a la que ascendió a un cargo público preferencial, salteando rangos intermedios, y con una suba salarial de varios millones de pesos. Ella también se desempeñó en la Regional Sur. Allí conoció a Vázquez.
Fuente La Nación
