Tras desembarcar como ministro de Salud en la última parte del año, Mario Lugones decretó como primera medida el desplazamiento de la cúpula del Hospital Garrahan, que autorizó un bono extraordinario para sus empleados “sin evaluación previa”.
A los ojos del funcionario, exdirector del Sanatorio Güemes, el presupuesto para las subas salariales que pedían los trabajadores estaba (según esgrimen desde la seccional de ATE, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, el ítem de los recursos genuinos se incrementó de $150.000 a $200.000, un 33%), pero primero debía reordenarse el esquema de gastos del nosocomio.
Aquello ocurrió en octubre, a días de haber asumido, aunque se trata de un ejemplo que plasma el criterio que utilizará el Ministerio de Salud para este 2025: cuanto menos, el año pasado esa cartera ejecutó durante todo el 2024 un 91,7% del Presupuesto que tenía disponible, según datos de ASAP.
“Hay que ordenar gastos, porque la plata está”, suele afirmar a sus colaboradores. Su llegada a la gestión nacional se dio por el estrecho vínculo que tiene con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien es socio de su hijo, Rodrigo Lugones. Su alineamiento con el criterio de recortes y mejora del gasto que imparte el Triángulo de Hierro es total.
Las irregularidades y las medidas para los hospitales nacionales
Durante este año, la hoja de ruta con la que se manejará el Ministerio de Salud será la de “reordenamiento de los recursos humanos y de eficientización del gasto”. Esta línea rectora se mantendrá particularmente para el caso de los hospitales públicos que dependen del Estado Nacional.
“Desde el inicio de la gestión se detectó que los hospitales nacionales contaban con estructuras engrosadas y un exceso de cargos jerárquicos. Por otro lado, también se evidenciaron irregularidades en la contratación de servicios tercerizados y compras de insumos y la duplicación de servicios y en contratación de personal”, explica un informe interno al que tuvo acceso El Cronista.
Entre el mal manejo de los recursos que se puntualizan están la disparidad de precios de servicios en diferentes hospitales. A modo de ejemplo: para la contratación de seguridad, el Hospital Garrahan paga $ 8000 la hora por cada vigilante, mientras que el Hospital El Cruce paga $ 19.536: una distorsión del 144%. En los servicios de limpieza la distorsión llega a 53%.
El plan es la regularización en los contratos de alrededor del 80% de los servicios tercerizados: primero, se suspenderán los ajustes por inflación y renegociación de contratos; pasando a una etapa de auditoría de pliegos.
En el caso del Hospital Bonaparte, para 2025 se prevé gastar un 35% menos en el servicio de limpieza que en 2024. En el servicio de seguridad se prevé una reducción del 45% en el valor de la licitación. Sólo estas 2 licitaciones representan un ahorro de $760 millones para este año. Para el Hospital El Cruce se habría llegado a un ahorro de 1500 millones para los primeros tres meses del año a través de la prórroga de las licitaciones de estos contratos.
La falta de control sobre los procesos licitatorios hacía que no se adecuen a la normativa vigente de la administración pública y centralizada, que utilizan la plataforma COMPR.AR.
Un ejemplo es lo que sucedía en el Hospital Carrillo, en el que se hacía un uso exclusivo de compras de medicamentos por un fondo rotatorio con tres presupuestos. Por ejemplo: el servicio de mantenimiento de espacios verdes se licitaba, pero el trabajo se hacía de manera interna: lo que costaba unos $ 1062 millones por año.
Para 2025, se busca que todos los hospitales que dependen de Nación automaticen procesos de contrataciones con a través del GDE, el COMPR.AR y el e-SIDIF (portal que mira la gestión financiera y que depende de la Secretaría de Hacienda).
Las readecuaciones también planean seguir en términos de personal. En particular, buscan seguir el caso del Hospital Garrahan, que hasta el año pasado tenía 556 cargos jerárquicos, 210 más que diez años atrás. Además, se computó un crecimiento de la planta de 20% entre 2021 y 2023, con personal que duplicaba las funciones de empresas tercerizadas de limpieza, vigilancia y mantenimiento.
Las auditorías llegan al Hospital Sommer, que durante los últimos meses de 2023 ingresaron 91 nuevos empleados, un crecimiento del 10% de la planta total del nosocomio. Semanas atrás, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal contra la Asociación de internados que opera adentro de la clínica por obligar a los pacientes a asociarse, debitándoles una cuota social de la remuneración que les paga el Estado y por administrar el uso de las decenas de viviendas que están dentro del predio del Hospital.
En el caso del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner Cañuelas, durante el 2023 se realizó el pase masivo a planta del personal, sin concurso alguno. A quienes las horas extras y los reemplazos de guardia se les pasaban como cargos remunerativos, lo que generaba descuentos indebidos sobre los trabajadores, con un estimado de 1500 millones.
Desde el sector de Lugones todavía no dan una precisión de si pueden existir desplazamientos masivos en varios de estos hospitales. “Seguimos con la revisión de la estructura y calculando la dotación óptima”, afirman. Tampoco se descarta que este año se pueda producir la transferencia de varios de ellos a las respectivas provincias interesadas. “No es deber del Estado Nacional tener a cargo el control de hospitales”, afirman altas fuentes del ministerio.
Fuente El Cronista