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Buenos Aires-15 de enero de 2025-Total News Agency-TNA- En un giro inesperado frente a las políticas del Gobierno, el juez federal Ariel Lijo emitió este martes una resolución que exige la implementación de “medidas necesarias” para garantizar el funcionamiento de cuatro sitios de memoria, donde operaron centros de detención clandestinos durante la última dictadura argentina (1976-1983). Este pronunciamiento se dirige a Alberto Baños, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, organismo que ha sufrido drásticos recortes en su personal. Baños es el hermano del terrorista Jorge Baños, muerto en la toma del regimiento de La Tablada, en 1989, cuando era directivo del movimiento terrorista MTP.
La decisión de Lijo, quien ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia, responde a una solicitud de la legisladora porteña kirchnerista Victoria Montenegro. Esta postura se enfrenta directamente a la estrategia del oficialismo, que bajo la administración de Javier Milei ha implementado un severo recorte de personal en el Estado, afectando particularmente al ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, que ha visto reducida su plantilla en más de un tercio. La propuesta de Lijo para la Corte Suprema, cuenta con el apoyo de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
En su resolución, Lijo instruye a la Secretaría de Derechos Humanos a que se tomen las medidas necesarias para asegurar la presencia de personal capacitado en los espacios de memoria que funcionan en los denominados ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDT) “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”. Se requiere que se mantengan las actividades abiertas al público y que se realicen tareas de mantenimiento, conservación y limpieza, así como la protección de las instalaciones para prevenir inundaciones que puedan comprometer estos espacios.
El último movimiento del Gobierno en este contexto ocurrió a finales del año pasado, cuando alrededor de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Museo de la Memoria ESMA, recibieron notificaciones que los relevaban de sus funciones durante enero, siendo colocados en una “guardia activa” en sus hogares. Mientras el Gobierno lo denomina una “reestructuración interna”, en el Conti se teme que esto sea un precursor de nuevos despidos.
Simultáneamente, en consonancia con una propuesta del macrismo, se evalúa la posibilidad de trasladar parte de la estructura del ministerio a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un lugar actualmente emblemático en las protestas contra los recortes en el área de Derechos Humanos.
Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, ha expresado que los recortes en la Secretaría de Derechos Humanos, que han resultado en más de 250 despidos, amenazan la operatividad de los sitios de memoria y comprometen la integridad de la “prueba judicial” que podría derivarse de ellos.
Además de su solicitud para proteger estos espacios, Montenegro ha presentado una denuncia penal contra el ministro Cúneo Libarona, lo que añade una dimensión legal a la creciente tensión en torno a la gestión de derechos humanos en el país.
