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Buenos Aires-15 de enero de 2025-Total News Agency-TNA- El Ministerio de Justicia, bajo la dirección del subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, ha decidido eliminar la cédula azul, un documento esencial que permitía a los propietarios autorizar a terceros a conducir sus vehículos. Este cambio, presentado como un esfuerzo por “modernizar” el sistema y reducir costos, ha resultado en una serie de complicaciones que afectan directamente a los ciudadanos argentinos y, curiosamente, benefician a un grupo selecto de profesionales.
Izquierda, subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina y Ministro Cuneo Libarona-
De ahorro a sobrecosto: el negocio detrás de la cédula azul
La cédula azul tenía un costo accesible de 6.400 pesos, lo cual era razonable para familias y empresas que necesitaban autorizar a conductores. Sin embargo, tras su eliminación, los propietarios ahora deben recurrir a poderes notariales, cuyo costo supera los 140.000 pesos, una cifra exorbitante. En lugar de reducir gastos, esta medida ha incrementado significativamente los costos para los ciudadanos, beneficiando a los escribanos que monopolizan un trámite que solía ser sencillo y económico.
Además, la solución digital prometida por el gobierno, que permitiría gestionar autorizaciones a través de la aplicación Mi Argentina, aún no está disponible, dejando a los usuarios sin opciones digitales efectivas para resolver sus problemas.
Impacto en empresas y particulares
El sector automotriz y de transporte ha sido particularmente afectado. Las empresas con flotas de vehículos ahora enfrentan la onerosa tarea de tramitar poderes notariales individuales para cada conductor, lo que aumenta sus costos operativos y disminuye su competitividad. Por otro lado, los ciudadanos que comparten vehículos o planean viajes al exterior se encuentran con obstáculos significativos, como la denegación de ingreso en países vecinos y el secuestro de vehículos por falta de documentación válida.
Las soluciones improvisadas por el gobierno, como constancias y documentos respaldatorios, han resultado inadecuadas, generando más confusión que alivio.
Riesgos legales y económicos
La eliminación de la cédula azul también expone a los ciudadanos a problemas legales. Sin un documento físico que evidencie la autorización para conducir, las disputas en caso de accidentes se vuelven más complejas. Además, la decisión de eliminar la fecha de vencimiento de la cédula verde facilita la compraventa informal de vehículos, lo que crea riesgos legales y fiscales tanto para compradores como para vendedores.
Carlos Medina: el arquitecto de la controversia
El subsecretario Carlos Medina es el principal responsable de esta situación. Su decisión de eliminar la cédula azul, sin ofrecer una alternativa viable, pone de manifiesto una desconexión alarmante con las necesidades de los ciudadanos y una falta de compromiso con su bienestar. En lugar de implementar soluciones prácticas, parece haber priorizado los intereses de un sector específico, transformando un trámite accesible en un negocio elitista.
La eliminación de la cédula azul no es un hecho aislado, sino un claro ejemplo de cómo se implementan políticas sin considerar sus consecuencias reales para la población.
