La provincia de Mendoza está en los momentos previos del comienzo de la minería a gran escala, principalmente en los departamentos Malargüe y San Rafael, y ello implica la confección y aprobación de los distintos contratos que surgirán de esas inversiones, primero como exploración y luego como explotación.
Se escribirán muchos artículos que vincularán a las partes, tanto empresarias como al estado mendocino, la mayoría de esos artículos son de forma pero a ellos se sumarán artículos especiales, seguramente. Es en éstos últimos donde suelen aparecer condiciones que pueden favorecer a una de las partes sobre los intereses de la otra. Me refiero al caso de presentaciones judiciales por incumplimiento de algún artículo en particular.
En varios emprendimientos mineros que se han desarrollado en otros países (Colombia, Australia, etc) se presentaron anomalías derivadas de los pasivos ambientales que se producen de la actividad realizada dejando residuos tóxicos, casos de contaminación de acuíferos, abusos de utilización de recursos hídricos, desvíos de cursos de agua, etc, etc que muchas veces terminaron en la justicia internacional para su resolución.
Debemos considerar que en muchas explotaciones no hubo pleito necesario por malas prácticas y transcurrieron en forma normal.
En el caso de diferencias se recurre a lo que se llama Arbitraje Inversor-Estado, conocido por sus siglas en inglés ISDS (investor-state dispute settlement) que generalmente es exigido por la empresa inversora; es un instrumento del derecho internacional público. Generalmente los litigios derivados de contratos entre un inversor internacional y un estado receptor queda sujeto al CIADI (centro internacional de arbitraje de diferencias relativas a inversiones) que involucra al Banco Mundial; pero muchas veces este tipo de contratos, a pedido del inversor quedan sujetos a los ISDS, que son tribunales que se rigen por distintas normas o instituciones como el Tribunal de Londres o el de Hong Kong, etc, etc que pueden tener otro punto de vista para resolver y que generalmente lo hacen a favor del inversor.
Esta nota no tiene ánimo de poner sombras sobre las inversiones que puedan actuar en la provincia, lo que se espera es que se realicen de tal forma que todos los interesados, ya sea inversor, estado, habitantes de la región, etc, se beneficien de lo que allí suceda y se protejan los recursos naturales para el bien de las generaciones futuras. Debe quedar muy claro el compromiso de resolución de los pasivos ambientales evitándose la contaminación.
Solo se pide transparencia y responsabilidad de las partes que se vinculen para estos trabajos y el pedido se justifica debido a experiencias vividas en años anteriores donde la sociedad se enteraba de “artículos secretos” (en contratos nacionales) una vez que se iniciaba la vigencia de los mismos.
Fuente Mendoza Today
