Buenos Aires- 20 de enero de 2025-Total News Agency-TNA- Los habitantes de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, se encuentran en un estado de alerta constante debido a la grave contaminación generada por la fábrica Klaukol, un establecimiento señalado por producir un nivel de contaminación grado 3, considerado en otras naciones como extremadamente peligroso para la salud pública y el medio ambiente.
A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante la justicia provincial y nacional, las quejas han sido desestimadas sin que se ofrezcan soluciones efectivas. Esta situación representa un riesgo significativo para la vida de miles de personas que residen en las cercanías.
Los vecinos acusan al gobernador Axel Kicillof de permitir la operación de la fábrica en una zona densamente poblada, alegando que no se han implementado las medidas necesarias para evitar la instalación de una empresa con un alto nivel de contaminación. “Empresas como esta no deberían estar cerca de áreas urbanas. En Europa están prohibidas. Aquí, en cambio, el gobierno les da luz verde”, manifestó una residente en una entrevista con la agencia Nova. Ver video.
Además de la falta de regulación en la ubicación de la fábrica, los habitantes señalan que la legislación exige que estas industrias estén situadas a una distancia considerable de las áreas urbanas, normativa que aparentemente no se cumple. Las denuncias también incluyen presuntas presiones ejercidas por la empresa sobre aquellos vecinos que intentan actuar en defensa de su salud y entorno.
Los efectos en la salud de los residentes son alarmantes. Se reportan problemas respiratorios, enfermedades graves como el cáncer, e incluso muertes de bebés atribuidas a la contaminación. “Las personas tienen que colocar toallas mojadas bajo las puertas para evitar que el polvo contaminante entre a sus hogares”, relatan algunos afectados. Otros han desarrollado pérdida de audición, trastornos del desarrollo y diversas complicaciones de salud debido a la exposición continua al polvo de la fábrica. Situación similar se produce en San Miguel, por una carbonería, sin habilitación, en Isabel La Catolica al 900, donde el polvillo e inmensos camiones no tienen control, e incluso venden productos alimenticios y bebidas, todo en negro sin factura alguna, dado que gozan de la protección municipal.
La indignación entre los vecinos crece a medida que las denuncias se acumulan sin respuesta por parte de la justicia local. Aseguran que la justicia de La Matanza, cuyo intendente el procesado por violencia sexual, Fernando Espinoza, al igual que la justicia, ha ignorado el problema y que el gobierno provincial, bajo la administración de Kicillof, es consciente de la gravedad de la situación, pero no implementa medidas efectivas para solucionarla. “Es evidente que hay complicidad entre la justicia de La Matanza, el gobierno de Kicillof y la empresa. Nos están matando y nadie hace nada”, expresó una vecina.
Mientras tanto, la comunidad continúa demandando justicia y el cierre inmediato de la fábrica. Sin embargo, las denuncias siguen siendo archivadas, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema tanto en el ámbito ambiental como en el de los derechos humanos.
