Donald Trump ha recogido el testigo de la Casa Blanca con promesas arancelarias que, de cumplirse, no pasarían desapercibidas para el tejido empresarial español. EEUU es el sexto país en nuestro ránking de ventas al extranjero y el segundo extracomunitario por detrás de Reino Unido, según el último informe mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Todavía no hay nada claro, ni fechas, ni intensidad arancelaria. En todo caso, “si Trump acaba aplicando aranceles heterogéneos (es decir, diferentes aranceles para cada sector), el impacto en nuestra economía será mayor que si se aplican de forma homogénea (los mismos a todo el país), y habrá que analizar cómo quedan nuestros precios respecto a los del resto de países”.
Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, pronunció estas palabras durante la decimoctava edición del ciclo de conferencias El valor de la experiencia, organizado por El Confidencial e Ibercaja, y conducida por José Antonio Zarzalejos, columnista y presidente del Consejo Editorial de El Confidencial. El encuentro también contó con la participación de José Vicente Marco Herrero, director territorial de Madrid Noroeste de Ibercaja Banco.
Si bien es cierto que las exportaciones de bienes al país norteamericano suponen menos del 2% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), existen grandes diferencias entre industrias. “Lo que más exportamos a EEUU son bienes de equipo (maquinaria, motores…), seguidos de los grupos semimanufacturados (de los medicamentos a los materiales de construcción), y los productos agroalimentarios”, apuntó Mínguez. De esta manera, ante aranceles heterogéneos, “estos sectores serán los que más sufrirán en el conjunto de nuestra economía”.
Donald Trump ha instado recientemente a los países de la OTAN a incrementar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, alejándose del objetivo actual establecido del 2%. Ante una posible negociación en estos términos entre la UE y EEUU, Zarzalejos matizó que los presupuestos vigentes en España se diseñaron en 2022 bajo una coyuntura completamente diferente a la actual, a lo que Mínguez añadió que urge actualizarlos: “No están adaptados al nuevo marco institucional y a los acuerdos con nuestros socios. Esto genera incertidumbre e ineficiencias a la hora de abordar las vicisitudes del ciclo económico y de la sociedad”.
El director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España hizo un repaso de la coyuntura económica actual con unas perspectivas positivas para 2025: “La economía seguirá evolucionando a buen ritmo pero habrá una reestructuración de las fuentes de crecimiento. El sector exterior perderá peso mientras crecerá el consumo de los hogares al ritmo del PIB”. José Vicente Marco Herrero, por su parte, se mostró positivo y calificó la situación económica como “moderadamente optimista“, aunque, eso sí, “con muchos retos y deberes por delante”.
El problema de la vivienda
Zarzalejos destacó la vivienda como uno de los grandes retos económicos a abordar. Precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez anunció este mismo mes un paquete de 12 medidas en esta materia enfocadas en tres ejes: incrementar el parque disponible a través de la creación de una Empresa Pública de Vivienda, mejorar la regulación y proporcionar mayores ayudas a los grupos sociales vulnerables. Aunque, bajo el punto de vista de Mínguez, habría que concentrar los esfuerzos en otorgar certidumbre a los promotores.
“El problema es la falta de confianza“, señaló. Para este año, prevé que la inversión crezca a un ritmo similar al del PIB, aunque bajo su punto de vista, no será suficiente para entablar una solución: “Tenemos una demanda embalsada desde hace años porque los inversores viven en constante incertidumbre. En el mercado del alquiler, por ejemplo, nadie les asegura que, ante un problema con los impagos o la ocupación, vayan a poder solucionarlo en los tribunales de forma ágil”.
La falta de confianza en el marco normativo o las discrepancias en cuanto a los gravámenes de los ingresos vinculados a este mercado son otros de los frenos que subrayó el experto. Todo ello sumado a la división de las competencias en esta materia: “Necesitamos llegar a un consenso por parte de las administraciones que dé lugar a un marco común y homogéneo”. Algo complicado, según Zarzalejos, “porque estamos ante un problema puramente político y constitucional, más que económico”.
Productividad y empleo
La productividad en España continúa por debajo de la media europea y, en este contexto, la reducción de la jornada laboral fue otro de los temas centrales del encuentro. El pasado mes de diciembre, el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo para reducirla de 40 a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. Aunque el acuerdo ha sido firmado, la medida todavía debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados para su entrada en vigor.
Ambos ponentes consideraron que las jornadas laborales deberían determinarse en las negociaciones de los convenios colectivos y no fijando un máximo desde el Ejecutivo. En todo caso, para el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, serán las pymes —copan más de un 98% del tejido empresarial español— quienes más afectadas se vean, ya que “tienen menos capacidad de maniobrar para conseguir esos niveles de productividad que compensen la bajada de producción derivada de la reducción de horas”.
Respecto al empleo, Zarzalejos destacó que, aunque “España saque pecho”, hay matices que abordar. Por contextualizar, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el número de ocupados aumentó en 376.600 personas en los 12 meses previos al tercer trimestre del pasado año, alcanzando un total de 21.823.000 ocupados. No obstante, en paralelo, “hemos visto una disminución en los sueldos que prácticamente no permiten a muchas familias ni siquiera cubrir las necesidades básicas”, afirmó el columnista, quien señaló además la “falta de transparencia” respecto al número de fijos discontinuos: “Llevamos casi dos años esperando a que el INE especifique cuáles de ellos están en activo y cuáles cobrando el subsidio de desempleo”.
A pesar de este incremento en el número de ocupados, en 2025 no bajaremos del 10%, según las previsiones de Mínguez: “Es una tasa que duplica la de la Unión Europea, una situación anómala que arrastramos desde hace décadas”. ¿Los principales motivos? Más allá de la “baja productividad”, las empresas destacan “los costes laborales y la disposición de mano de obra”, según una encuesta de la Cámara de Comercio a partir de la opinión de cerca de 42.000 compañías europeas, de las que 1.765 son españolas.
En el marco de la empleabilidad, “también es importante mencionar el absentismo laboral“, que según el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España se ha disparado desde la pandemia; y la territorialidad, “conseguir trabajadores en los entornos rurales es mucho más complicado, sobre todo en determinados sectores como el agroalimentario o el turístico, por ejemplo”.
Al respecto de las discrepancias entre territorios, Zarzalejos matizó que la heterogeneidad en las regulaciones influye en las inversiones y, por lo tanto, en el empleo: “El criterio regulatorio es muy distinto en las diferentes comunidades autónomas, unas diferencias que también apreciamos en las condiciones de la financiación”. Y esto, añade Mínguez, “lleva aparejado un elemento de competitividad indudable que cada vez se hace más grande”.
Para terminar, José Vicente Marco Herrero concluyó que “desde el ámbito político deben favorecer las condiciones que permitan a los agentes económicos desarrollar su actividad. Ha quedado patente que queda mucho por hacer, pero confío en que avancemos en la dirección correcta”.
Fuente El Confidencial