Microbotellones, grafitis y acampadas: Madrid prepara una nueva norma contra «comportamientos antisociales»

Endurecer las sanciones frente a «comportamientos antisociales» como ensuciar las calles, las pintadas vandálicas y la venta ambulante ilegal y castigar nuevas prácticas como el uso inadecuado de instalaciones deportivas o parques. Este es el doble objetivo de la nueva ordenanza de convivencia de la capital, que el Ayuntamiento de Madrid acaba de comenzar a tramitar. Tal y como ha anunciado Inma Sanz, vicealcaldesa de la ciudad, la Junta de Gobierno ha aprobado este jueves someter a consulta pública esta nueva normativa en la web participativa Decide Madrid. La consulta tendrá una duración de 30 días naturales a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).Las preguntas versarán sobre si el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la normativa municipal suficiente para garantizar la convivencia en la ciudad, si se considera positivo que se fijen una serie de conductas para garantizar el derecho de todos al uso y disfrute de los espacios y servicios públicos y qué aspectos deberían regularse o modificar su regulación actual para favorecer la convivencia ciudadana, entre otras cuestiones. Además, ha detallado el consistorio en un comunicado, se preguntará expresamente por algunos aspectos como, por ejemplo, la degradación y el vandalismo, el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, la mendicidad coactiva u organizada, los grafitis o las acampadas y fogatas. Asimismo, detallan fuentes municipales, habrá una pregunta abierta para que los vecinos incorporen cualquier aspecto que consideren relevante para favorecer la convivencia.La vicealcaldesa también ha insistido en que se abrirá un periodo de diálogo con «todos los interlocutores» de la sociedad como sindicatos policiales, asociaciones de vecinos, entidades del tercer sector que trabajan también con las personas más vulnerables, así como «plataformas de afectados por comportamientos incívicos, entidades deportivas, culturales, organizaciones empresariales» y colegios profesionales.Nuevas formas de sancionar«Estamos en una fase preliminar», apuntó la vicealcaldesa, que no descarta que la ordenanza incluya otras formas de sanción más allá de lo económico, como «actividades para paliar el posible daño que se haya podido hacer», como ocurre por ejemplo en el caso de las pintadas. De hecho, en diciembre el ayuntamiento modificó sus protocolos para que los grafiteros solo pudieran evitar la multa eliminando pintadas, y no haciendo actividades de limpieza genéricas.«Queremos sancionar mejor algunas conductas en toda la ciudad. Veremos en qué concretamos todas y cada una de esas conductas para que Madrid siga siendo la ciudad más libre, más diversa y más plural, donde mejor se puedan ejercer nuestros derechos, pero también donde se sancionen los comportamientos incívicos que tienen implicación en el ejercicio de los derechos de los demás», concluyó Sanz.Mano duraEn 2022, la ordenanza de limpieza ya endureció las multas por comportamientos incívicos como pintar grafitis, hacer botellón o incluso dejar la basura fuera de los contenedores , una conducta que pasó de 200 a 2.000 euros de sanción. El botellón, por ejemplo, pasó de ser una infracción leve a grave, lo que supuso incrementar el importe de las multas de 600 euros a 2.000. En este sentido, la Policía Municipal de Madrid interpuso el año pasado un total de 40.806 multas por beber alcohol en parques y vías públicas de la capital, un 13,63% más que en 2023, según datos de la estadística policial.La lucha contra los grafitis también se intensificó, hasta el punto de que las multas se elevaron hasta los 6.000 euros, el máximo que permite la normativa autonómica. Además, la lucha contra las pintadas incívicas en la ciudad se reforzó también a finales de 2023 con la creación de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR) de la Policía Municipal, que hasta noviembre de 2024 había tramitado 264 expedientes y 384 denuncias que se saldaron con 42 investigados, casi 700 identificados, 200 vigilancias, 117 atestados remitidos a juzgados de instrucción y nueve a la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos de daños a edificios protegidos o de interés cultural.
Fuente ABC