El juez imputa a 21 cargos y empresarios por los enchufes del PSOE en la Faffe por correo electrónico

El juez José Ignacio Vilaplana que investiga las irregularidades en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo —más conocida por su acrónimo, la Faffe— ha solicitado documentación sobre una decena de familiares de dirigentes y cargos del PSOE que el Gobierno socialista enchufó en la Junta de Andalucía a través de la citada entidad pública utilizando correos electrónicos en los que se instruía sobre a quiénes había que colocar y con qué cargos estaban emparentados. Esto ocurrió tan sólo unas semanas antes de que el Ejecutivo andaluz de José Antonio Griñán (2009-2013) acordara disolver esta entidad autonómica , el 29 de abril de 2011, e integrar a sus más de 1.600 empleados en la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde la mayoría sigue trabajando , como reveló ABC.En un auto de 64 páginas emitido el 29 de enero y notificado este martes a las partes, al que ha accedido ABC, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha librado un oficio a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo para que le remita a la «mayor brevedad posible», como máximo en un plazo de 30 días naturales, la «copia íntegra del correspondiente expediente de contratación como empleados de las entidades Fafffe y SAE» de una decena de personas que figuran en los correos electrónicos recogidos en un atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Las diez personas supuestamente contratadas irregularmente referidas en el auto son María Araceli G. E., Antonio Jesús A. A., Cristina G. R., Mónica F. F., Purificación P. P., Ramón de las H. R., Patricia L. G., José Eduardo D. I., Isabel R. M. y Rocío R. R.Listado de los presuntos 84 enchufados en la FaffeEl instructor del caso Faffe reclama a la dirección de la agencia de la Junta de Andalucía la «copia del correspondiente contrato de trabajo finalmente formalizado para cada una de referidas las personas contratadas», así como informes que especifiquen con detalle el puesto de trabajo que ocupan, las funciones que realizan y « el listado de personal que compartía con cada una de dichas personas el mismo lugar de trabajo y/o las mismas funciones», esto último, en alusión a los 84 supuestos enchufados en la Faffe que fueron denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios.Noticia Relacionada Enchufismo en la Junta de Andalucía estandar Si El libro de familia del PSOE andaluz en la Faffe Antonio R. VegaEntre la documentación requerida al SAE, el magistrado incluye un informe sobre «la identidad del correspondiente directivo y/o representante de la entidad empleadora (Faffe y/o SAE, en su caso) responsable de la contratación realizada respecto de cada una de dichas personas». Además, ordena que se le entregue «la cuantificación de los emolumentos, haberes y salarios percibidos por cada una de las referidas personas» contratadas presuntamente de manera irregular.En el caso de «no prestar dicha colaboración» al Juzgado en el plazo estipulado, el instructor advierte a los directivos del Servicio Andaluz de Empleo de que «podrán incurrir en un delito de desobediencia y/o denegación de auxilio a la autoridad judicial o en otro delito de usurpación de funciones de atribuciones judiciales».Solicita «toda la información laboral» a la Seguridad SocialPor medio del mismo auto, el juez dirige otro oficio al Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería de la Seguridad Social para que le entregue a la UCO, en el plazo máximo de 30 días naturales, «toda la información laboral de que disponga relativa a cada una de las referidas personas, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2000 y la actualidad». La investigación se amplía después de que la Guardia Civil hallara conversaciones comprometedoras por correo electrónico entre directivos de la Faffe que «demostrarían la existencia de contrataciones dirigidas a personas solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza», gobernada por el PSOE de forma ininterrumpida durante casi 37 años, hasta que perdió el poder en enero de 2019. La Policía Judicial llega a esta conclusión tras realizar un primer análisis de 235.125 conversaciones asociadas a las cuentas de correo corporativo de antiguos responsables de Recursos Humanos (RR. HH.) de la Faffe, extraídas de un disco duro facilitado por el SAE mediante una orden judicial.Imputados 21 ex cargos de la Faffe y empresariosEn el mismo auto, el magistrado acuerda ampliar seis meses más esta investigación y llamar a declarar «en calidad de investigados» por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a un total de 21 antiguos cargos de la Faffe , y responsables de las empresas proveedoras de referencia, que figuran en el atestado policial. Dichas personas habrían intervenido en el supuesto amaño en las contrataciones de sociedades financiadas con subvenciones para cursos de formación, así como en la colocación de personas allegadas al PSOE y a directivos de la extinta fundación autonómica. Los cita a declarar en cuatro tandas los próximos días 11, 18 y 25 de marzo, así como el 1 de abril de 2025. Entre los investigados que tendrán que comparecer en el Juzgado que instruye estas diligencias se encuentra el que fuera director general de la Faffe y ex secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén Rueda, que en septiembre de 2023 fue condenado a seis años de prisión por la utilización de tarjetas bancarias de la fundación, con dinero público, para el pago de los servicios en distintos locales de alterne. Está citado el próximo 25 de marzo. Anteriormente, el 11 de marzo próximo, deberá acudir al juzgado también en calidad de investigada ex directora económica-financiera de la Faffe, Anna Valls Roc , que también fue condenada en cinco años y tres meses de cárcel en el mismo juicio que su jefe por manipular la contabilidad para aparentar que el dinero público gastado en prostíbulos había sido restituido a la entidad.Amaño de contratos y caso de nepotismoLa investigación de la UCO se plasmó en un atestado policial de 278 páginas, entregado el 29 de febrero de 2024 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que forma parte del voluminoso sumario de la macrocausa de la Faffe. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga el uso fraudulento de subvenciones y el supuesto nepotismo en la fundación creada por la Junta de Andalucía en el año 2003 para impartir formación a los parados.Conscientes de la ilegalidad que estarían cometiendo, según la UCO, los responsables de la Faffe encargados de las contrataciones recomendaban en sus mensajes «destruir» uno de los correos que contiene «un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» para colocarlas en la fundación, especifica el informe. Su empeño es borrar todo rastro que pudiera comprometerlos. La única capacitación de los contratados era la de ser hijo de una exdiputada socialista, sobrina de una alto cargo de la Junta o la nuera de la cuñada de un expresidente del Gobierno, según consta en uno de los correos examinados. El citado ‘e-mail’ lo envía a las 19.18 horas del 16 de marzo de 2011 el director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca, a María Antonia Rufo, adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas. Aunque el asunto que figura en la bandeja del correo, «temas comentados hoy», ofrece pocas pistas, el cuerpo del mensaje menciona con nombres, apellidos y lazos de parentesco a quiénes habría que contratar. Son «Antonio Jesús A. A., hijo de Aurora Atoche, PSOE Sevilla», en alusión a la que fuera diputada autonómica del PSOE entre 1996 y 2004; «Cristina G. R., sobrina d e Mercedes Rodríguez Piñero , presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta y miembro de la Fundación Alfonso Perales, la ‘fábrica’ de ideas del PSOE andaluz y, por último, Mónica F. F., «nuera de Carmen Mejías», que entonces era la directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, indica el correo. En la última aspirante al puesto, el directivo de la Faffe se explaya más y aclara que Mejías es, a su vez, «mujer de Juan María González y, por tanto, cuñada de Felipe González».«Junto con lo que te he puesto en la ‘black’ es lo que hay que incluir mañana en el listado», prosigue el mensaje, que concluye con la siguiente orden: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado». Dicha petición evidencia, para la UCO, la «opacidad» que rodeaba estas contrataciones. «Dos de Rivas [delegado de Empleo] tienen que entrar»Los exdirectivos de la Faffe no se andaban con demasiadas sutilezas a la hora de indicar a las personas que había que contratar, como revelan los correos electrónicos. «A ver si hablamos, porque no se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas. Estoy espesita». « Dos de Rivas tienen que entrar y no tienen el perfil ». «Ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado». «Te hago llegar el currículum de mi sobrina, trátalo con cariño por favor». «A ver si somos capaces de ver luz. La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos ». Durante las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que, en efecto, los parientes de los políticos referidos fueron incorporados como «técnicos» y formaron parte del personal de la Faffe cuando estaba próxima su disolución. Sus nóminas se financiaban con cargo a programas de subvenciones concedidas por la propia Junta de Andalucía. Entre 2003 y 2011, el organismo recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos, de los que 55 millones nunca llegó a justificarlos.Con anterioridad a su entrada en la fundación, en octubre de 2010, el Gobierno socialista había pactado con los sindicatos el ‘blindaje’ de las 1.664 personas que estaban a sueldo de la misma . Al día siguiente de su extinción, pasaron a ser absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, la agencia pública que gestiona la red de oficinas de empleo repartidas por Andalucía.Los enchufados externos o ‘outs’ de empresas proveedorasEn su auto, el juez también señala que la fundación utilizaba empresas externas con el único propósito de « contratar a determinadas personas, sin atender a las necesidades reales de la Administración , ni a los criterios establecidos para estos procedimientos, tales como mérito, capacidad, igualdad y publicidad».Noticia Relacionada estandar Si La Faffe también enchufaba a familiares en empresas contratadas con subvenciones en Andalucía Antonio R. Vega Tales proveedores a menudo se contrataban mediante concursos supuestamente amañados, para desarrollar programas de formación a desempleados. El coste de sus nóminas se imputaba a a las subvenciones que la Junta daba a la Faffe en la etapa del PSOE.. Como contraprestación, al proveedor se le abonaba hasta un 15% más del coste real de las retribuciones del trabajador recomendado.Este sistema llegó a ser tan habitual que los empleados de la fundación de la Junta tenían sus propios códigos en clave para denominar a estos ‘enchufados’ externos. Los llamaban los ‘outsourcings’ o directamente su propia abreviatura en inglés, los ‘outs’, es decir, personal subcontratado. Algunos de ellos incluso llegaron a trabajar en los servicios centrales de la Faffe en tareas de «organización, escaneado y archivo de documentación», sin ser funcionarios ni tener potestad para manejar expedientes oficiales .
Fuente ABC