La Junta de Andalucía ha estallado tras conocer que el Gobierno central y el de Canarias han acordado un nuevo reparto para 4.400 menores migrantes no acompañados, un pacto que deja fuera a Cataluña y al País Vasco. Aunque ambas partes sostienen que esto no es así, el PSOE, partido que gobierna el país, los ha dejado este viernes en evidencia. La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha defendido dicho acuerdo y ha justificado dejar fuera las comunidades catalana y vasca.La presión que viene soportando Andalucía en esta materia, que recordemos es puerta de entrada de migrantes desde hace muchos años, se ha agudizado con la llegada de estos menores procedentes de Canarias, a lo que se suman los 567 que el Gobierno ha derivado a nuestra tierra en el último año como si fuesen adultos aunque las pruebas realizadas una vez aquí lo han descartado. Son menores.Los recursos de los que dispone la Junta de Andalucía para atenderlos con dignidad, como, no hay que olvidar, merecen estos chicos y chicas, que arriesgan sus vidas en peligrosas travesías en busca de un futuro mejor, están saturados.A esto se suman los adultos que a diario llegan por nuestras costas y los que está enviando desde Canarias a hoteles y centros de acogida, algo de lo que, por cierto, el Gobierno central, no informa. La falta de transparencia en esta materia es absoluta. Así lo ha constatado este diario y corroboró públicamente hace unas semanas la ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.El hartazgo del Gobierno andaluz ante esta política migratoria por parte del Estado es comprensible. Lo es en la misma proporción que la falta de transparencia que está demostrando el Gobierno de España.Esta realidad social bien merece un esfuerzo en aras del diálogo, la cooperación y la transparencia para atender a quienes no dejan de ser niños que se han jugado la vida en una patera y que se encuentran solos en un país extraño. No son números.
Fuente ABC
