Un sorteo definirá la suerte de Milei en Comodoro Py: el texto de la primera denuncia “fuerte”

La recomendación de inversión que el presidente Javier Milei hizo sobre la criptomoneda Libra entrará en una nueva fase este lunes, cuando en los tribunales federales de Comodoro Py se sortee qué juzgado será el que reciba las denuncias en su contra, acusado de haber impulsado un proyecto financiero que terminó en inversores estafados por millones de dólares.

Y es que durante el fin de semana -después de que el caso explotara el viernes por la noche- se registraron más de un centenar de denuncias penales contra el mandatario, parte de su equipo de funcionarios y otros colaboradores libertarios. Hasta ayer, se aludía a que eran 112 las presentaciones.

Según informaron fuentes judiciales a El Cronista, a las 9:30 horas de esta mañana se hará un sorteo con un bolillero manual que informará en cuál de los doce despachos que tiene juzgado federal porteño caerán todas las causas.

Del total de doce juzgados de primera instancia, hay tres que son subrogados por el juez Ariel Lijo, que es a su vez candidato a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pedido del mismo Javier Milei. Justamente, este jueves estaba planeado poner en tratamiento en el recinto del Senado el dictamen para ser aprobado como integrante del Máximo Tribunal.

La entrada del edificio de Comodoro Py

Hay una amplia expectativa tanto por lo que pueda llegar a salir en el bolillero como por las repercusiones que puede tener el denominado -informalmente- Criptogate en los ánimos de los senadores para votar el pliego de Lijo propuesto por el Poder Ejecutivo.

La estrategia judicial del oficialismo ya está siendo elaborada por el jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia que lideran el ministro Mariano Cúneo Libarona y su vice Sebastián Amerio.

De todas las denuncias que recayeron en Comodoro Py hay una que resalta en particular, que es la presentada por el abogado Gregorio Dalbón, el mismo que ha sabido defender a la expresidenta Cristina Kirchner. “Creemos que va a ser la que marque el camino de todas las presentaciones porque es una de las más fundamentadas”, dijeron desde el entorno del especialista.

El escrito -al que tuvo acceso El Cronista- tiene 31 fojas y denuncia a Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; al empresario tecnológico-financiero, Mauricio Novelli; al director ejecutivo del think tank libertario Fundación Faro, Agustín Laje; al coordinador de la Fundación Faro y hermano del asesor presidencial Santiago Caputo, Francisco Caputo; al empresario de KIP Protocol, Julian Peh; y al dueño de Kelsier Ventures, Hayden Davis.

Según el escrito presentado por Dalbón, las ocho personas son acusadas de “los delitos de estafa, cohecho y, en particular, respecto de quienes ostentan cargos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita”.

En simples términos, se lo acusa al Presidente de “promocionar una estafa que generó 84.7 millones de dólares de ganancia para los estafadores”. Como prueba, utiliza diferentes registros que informan reuniones entre algunos de los principales responsables de Libra y el círculo libertario.

Las mismas fueron reconocidas por un comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA), aunque se alegó que tanto Peh como Davis no forman parte ni del círculo de asesores presidenciales y que Milei no fue parte “en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda”.

En esa misma carta publicado ayer en redes, la OPRA comunicó que Milei “ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

Además, se anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación que tendrá como integrantes a alfiles de organismos de control financiero, de lavados de activos y otros rubros para iniciar una investigación sobre las operatorias de Libra y todos los actores involucrados en ese episodio. Desde el Gobierno dijeron que buscan determinar si quienes se vincularon con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”.

“Es un chiste que el Poder Ejecutivo se quiera hacer una investigación interna. Está claro cómo va a salir”, se mofó una alta fuente judicial. En tanto, la posición del Gobierno residirá en demostrar que la recomendación de inversión no configuró una acción ilegal y que fue un mensaje suyo que no se daba en el marco de su investidura presidencial.

El abogado penalista y defensor habitué de Milei en causas de ese estilo, Francisco Oneto, posteó en X su defensa y alegó que la conducta del jefe de Estado “no configura ningún delito por ausencia de dolo. El dolo es conocer q con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aun así seguir adelante. Siguiendo estos lineamientos, es obvio q si un Presidente quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados”.

Milei se defendió en X al decir que no estaba interiorizado de los pormenores de ese proyecto y que se trató de un apoyo a un emprendimiento como uno de los tantos que hace por semana a través de sus redes.

Fuente El Cronista