Buenos Aires–20 de Febrero de 2025-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei decidió cancelar la sesión prevista para mañana en el Senado, donde se debatiría el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. La medida fue tomada tras el anuncio de casi toda la oposición de que no daría quórum, en medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que ha golpeado la credibilidad del oficialismo.
El fallido intento de avanzar con la designación de Lijo representa un duro golpe para la administración libertaria, que ahora se enfrenta a dos opciones: insistir con su nombramiento a través de un decreto en comisión, lo que permitiría al juez ocupar el cargo de manera provisoria por un año, o esperar al inicio del período ordinario de sesiones en marzo para intentar nuevamente obtener los votos necesarios. Sin embargo, la primera alternativa parece inviable, ya que Lijo no estaría dispuesto a aceptar una designación temporal que implicaría renunciar a su actual puesto como juez federal.
Un juez debilitado y el impacto en los sectores empresariales
La imposibilidad de concretar la llegada de Lijo a la Corte no solo deja al Gobierno en una posición desfavorable, sino que también debilita la figura del magistrado, quien queda expuesto como un juez federal sin el respaldo político suficiente para ascender al máximo tribunal. Este escenario representa un duro revés para un poderoso grupo de empresarios, con el que Lijo suele almorzar, hizo lobby a su favor, dado que buscaba tener otro aliado estratégico en la Corte Suprema, consolidando su influencia en decisiones clave del Poder Judicial.
El escándalo de $LIBRA y el traspié parlamentario
El contexto político se encuentra marcado por la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA, impulsada por el propio presidente Milei, que sufrió un desplome abrupto generando millonarias pérdidas. Este escándalo, conocido como “Criptogate”, ha erosionado la capacidad del oficialismo para negociar con la oposición y ha desviado la atención de otros temas prioritarios, como la designación de jueces para cubrir las vacantes en la Corte Suprema.
Los candidatos propuestos por el Gobierno son Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla, aunque solo el primero había obtenido dictamen favorable de la comisión de Acuerdos. Sin embargo, los senadores de la oposición, junto con bloques dialoguistas y el peronismo, dejaron en claro durante la reunión de labor parlamentaria de este jueves que no habilitarían el debate.
La senadora Florencia López, de Unión por la Patria, expresó su rechazo a los postulantes del oficialismo, argumentando que el bloque esperaba la nominación de una mujer para ocupar una de las vacantes. Esta postura coincide con la de Cristina Kirchner, quien exige que se respete la paridad de género en las designaciones judiciales y reclama un espacio en las negociaciones para definir los reemplazos en la Corte, así como en otras instancias clave del Poder Judicial, como la Procuración General.
El rol de la oposición y el fracaso del oficialismo
El radicalismo y otros sectores opositores también se opusieron a dar quórum, dejando al oficialismo sin los votos necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para la aprobación del pliego de Lijo. Incluso algunos aliados del Gobierno, como el exlibertario Francisco Paoltroni, criticaron la falta de estrategia de la Casa Rosada, señalando al asesor presidencial Santiago Caputo como responsable del fracaso en las negociaciones.
La falta de apoyo dejó al Senado con menos de un tercio de sus miembros presentes, haciendo imposible cualquier avance en la designación de Lijo. Este revés se suma a una semana complicada para el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos tanto internos como externos por la gestión de la crisis de $LIBRA y la falta de resultados en temas clave.
Alternativas en evaluación
Ante este escenario, el Ejecutivo baraja nuevas opciones para cubrir las vacantes en la Corte, que actualmente funciona con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Entre los nombres que suenan como posibles candidatos están Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Rojas, Alberto Bianchi y Carlos Laplacette, además de la posibilidad de postular a una mujer, cuyo nombre no ha sido revelado por “estrategia política”, según fuentes oficiales.
Sin embargo, la opción de avanzar con designaciones por decreto en comisión enfrenta serios obstáculos. No solo se arriesga a una judicialización del proceso que podría afectar la legitimidad de los fallos de la Corte, sino que también enfrenta la resistencia de sectores opositores, como el bloque de Unión por la Patria, que ya advirtió que buscará bloquear cualquier intento de designación unilateral.
Un camino incierto para la Corte Suprema
Con las negociaciones estancadas y sin un consenso claro, el Gobierno enfrenta un panorama complicado para completar las vacantes en el máximo tribunal. La jubilación de Carlos Maqueda y la salida previa de Elena Highton de Nolasco han dejado a la Corte en una situación de fragilidad institucional, mientras el oficialismo sigue sin lograr los acuerdos necesarios para avanzar en las designaciones.
El fracaso en la nominación de Ariel Lijo no solo expone las divisiones internas del oficialismo y su incapacidad para construir consensos, sino que también deja en evidencia las dificultades de la administración Milei para superar los escándalos que han marcado su gestión. Ampliaremos