El narcoestado feudal 2.0

Bajando del avión e ingresando al área de arribos del aeropuerto de Santiago del Estero, pude sentir la opresión de un Estado que pretende estar en todas partes. Cuando me dirigía hacia los integrantes del “Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad” que me esperaban en el lugar, advertí que un grupo de fotógrafos no paraban de disparar sus cámaras hacia mi posición, con una clara finalidad intimidatoria. Sin lugar a dudas, un recibimiento inesperado.

Ahora bien, más allá de este primer y ridículo incidente, pude asistir a las audiencias del juicio por la muerte de la joven Clara Bravo, constatando, con mis propios ojos, cómo se prohibía a las madres de víctimas ingresar a la sala de audiencias a menos que se cambiaran las remeras que llevaban impresas las fotos de sus hijos asesinados. Este intento irracional de tapar el sol con un dedo, solo puede atribuirse a autoridades públicas que no soportan ser confrontadas con una realidad que ellas mismas han provocado, por acción u omisión.

Y pude ver de qué manera, pese a las contradicciones entre los propios policías del operativo que ocasionó la muerte investigada, y pese a los dichos de los vecinos que contradicen gran parte del relato de éstos, la Fiscalía continúa firme apuntando a una sola hipótesis: la responsabilidad del conductor de la moto que transportaba a la víctima. Mientras tanto, Sonia, enfermera y madre de Clara Bravo, declaraba haber constatado un orificio en el cráneo de su hija que ha sido omitido en los informes periciales, entre otros detalles que permitirían considerar la posibilidad de una muerte provocada por un disparo de arma de fuego, en el contexto de una persecución policial que, además, no se ajustaba a derecho.

Cabe destacar que éste no es el único caso de una muerte atribuible al Estado provincial que intenta ser disfrazada de accidente. Para dar otro ejemplo: el asesinato de Franco Isorni, también por disparo de arma de fuego, intentó ser encubierto plantando el cadáver en la vía pública y simulando un accidente de tránsito.

Son muchos los casos de crímenes cometidos por el Estado o con la connivencia estatal. De hecho, 45 de ellos han sido denunciados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante el terror que impera en la Provincia, hay muchas personas dispuestas a alzar su voz.

Tanto familiares de víctimas como dirigentes opositores de verdad no cooptados por el régimen de Gerardo Zamora, aseguran que son vigilados de modo permanente por medios informáticos. El gobierno accede a sus celulares y demás dispositivos, a través de una tecnología de última generación adquirida por el gobierno provincial, con la excusa de proporcionar seguridad a la ciudadanía. Más aún, empleados administrativos que reciben sus haberes a través del banco oficial de la provincia, suelen ser castigados con el bloqueo de sus cuentas y tarjetas cuando se pronuncian públicamente contra el régimen.

También es una constante, en referentes políticos y sociales, la preocupación por la injerencia del narcotráfico, no solo por los estragos que está provocando la droga en los jóvenes, sino por el impacto del crimen organizado en la estructura institucional de la provincia.

En efecto, gran parte de los asesinatos ejecutados o encubiertos por funcionarios públicos tienen que ver con la eliminación de alguien que vio algo que no debía ver o que supo algo que no debía saber, en relación al narcotráfico, sus locales nocturnos y sus pistas clandestinas activas, donde la droga llega por avión.

Conclusión

Santiago del Estero no sólo es un feudo que reúne las características del personalismo, el nepotismo, el autoritarismo, la corrupción y el sometimiento de la ciudadanía por vía clientelar o de empleo público. No solo es la típica provincia pobre con dirigentes ricos, donde la división de poderes y los controles republicanos apenas se intentan aparentar. No. Es algo mucho peor. Es un nuevo y difícil desafío para quienes defendemos la democracia republicana. Porque de algunos regímenes feudales de provincia se ha podido salir, a lo largo de la Historia, pero difícilmente se encuentre algún ejemplo de salida de un sistema que, además, involucra la asociación del Estado con el narcotráfico, y un desmesurado despliegue tecnológico de última generación, ejercido desde el poder, para controlar y perseguir a los ciudadanos.

Por ello, todos los argentinos, no solo los santiagueños, y el gobierno nacional, deberían ser parte de un gran esfuerzo, destinado a enfrentar un sistema que tiene como método la muerte, ocasionada por autoridades estatales o por narcos, pero siempre encubierta por los poderes públicos.

No deseo concluir esta nota sin apelar a aquellos versos de Pablo Milanés que evocan a otra Santiago, la de Chile, y a la esperanza de libertad que se necesita para salir del terror. Versos que dicen: “Yo pisaré las calles, nuevamente / de lo que fue Santiago ensangrentada / y en una hermosa plaza liberada / me detendré a llorar a los ausentes”.

Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.

Fuente Mendoza Today