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La Zona de Bajas Emisiones entra en vigor en Granada el 1 de abril y eso se traduce en una serie de restricciones tanto por la antigüedad de los vehículos que quieran entrar, como por su procedencia.
La ordenanza municipal reguladora establece que todos los coches censados en la capital podrán acceder sin problemas, pero los de los más de treinta municipios de su Área Metropolitana tendrán problemas si están matriculados antes de 2001, en el caso de que funcionen con gasolina, y si son anteriores a 2006, en los de gasóil. Y, como se suele decir, aquí empiezan los problemas. El Ayuntamiento de Armilla , una ciudad tan próxima a Granada que muchas veces es imposible saber si se está en un sitio o en otro, ha presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, por entender que se trata de una «discriminación injustificada» que podría «vulnerar principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad».
El Ayuntamiento que preside la socialista Loli Cañavate ha criticado que que la medida fuera aprobada «sin diálogo» con los municipios próximos y ha advertido de que afectará «gravemente a miles de vecinos que necesitan desplazarse a Granada para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales».En Armilla, según los cálculos municipales, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30 por ciento del parque móvil del total. «Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad», han advertido desde el consistorio.
El Ayuntamiento ha denunciado que esta ordenanza «no se basa en criterios ambientales objetivos, sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento«. En consecuencia, no puede »permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia», ha proseguido Loli Cañavate.Las «contradicciones» de Carazo«Mi responsabilidad es defender los derechos de nuestros vecinos. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social«, ha agregado.Además de su posible inconstitucionalidad, recalca que la ordenanza ha sido aprobada « sin un estudio de impacto económico y social que analice cómo afectará a los comercios, empresas y establecimientos hosteleros de Granada, que dependen en gran medida de clientes del área metropolitana«.Las alegaciones de Armilla hacen hincapié en la «contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo , con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía«.Ese plan establecía que la ZBE debía ponerse en marcha de forma coordinada en toda el Área Metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, «la ordenanza municipal rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes«, según mantiene Loli Cañavate.
El Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados. «Si Granada persiste en esta imposición injusta, Armilla no se quedará de brazos cruzados, llegaremos hasta donde haga falta», ha concluido Cañavate.
Fuente ABC
