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IsraelLa Comisión Europea ha presentado este miércoles una auténtica batería de propuestas e iniciativas, aparentemente desconectadas, pero destinadas a un único fin: mantener a Europa con opciones reales de seguir siendo competitiva en un mundo de gigantes. Bruselas ha puesto sobre la mesa su Pacto de Industria Limpia (CID, por sus siglas en inglés), un plan de acción para la reducción de los precios de la energía, y una ley ómnibus de simplificación que relajará los estándares medioambientales y reducirá la carga administrativa sobre las compañías.
Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Transición Limpia y Justa, ha calificado la propuesta de un “plan de negocio” para Europa, una idea que han repetido sus colegas, subrayando que se trata de un “modelo de negocio” para el futuro de la industria europea. Se incluyen propuestas que ya llevan tiempo circulando por Bruselas, como por ejemplo la introducción de una prioridad europea en licitaciones públicas, o facilitar el acceso de la industria a materias primas críticas (CRM) que necesitan para desarrollar tecnologías limpias.
De fondo, la piedra angular del plan del Ejecutivo comunitario es lograr reducir el precio de la energía para la industria europea, que afrontan costes estructuralmente más altos que sus competidores en Estados Unidos o China. Porque esa era una de las ideas clave detrás del informe que realizó el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, respecto al futuro de la competitividad europea. “A medio plazo, la descarbonización contribuirá a orientar la producción de electricidad hacia fuentes de energía limpias, seguras y de bajo coste”, señalaba el italiano.
Y esa piedra angular se expresa en dos industrias, que están conectadas. Por un lado están las clásicas de uso intensivo de energía, como por ejemplo son las fábricas de aluminio, que requieren medidas más urgentes, apoyo con subsidios y fondos europeos. Por el otro lado están las nuevas tecnologías limpias, como por ejemplo son las más innovadoras en ámbitos de baterías. Ambas industrias se retroalimentan: las segundas impulsan las tecnologías limpias que facilitan una neutralidad climática y que pueden contribuir a la electrificación de las industrias clásicas.
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La estrategia tiene muchos frentes, pero en la capital comunitaria se buscaba desde hace días saber cuánto dinero estaba sobre la mesa. Bruselas habla de la necesidad de destinar 100.000 millones de euros a lograr un “alivio a corto plazo”, que tendrá forma de un “Banco de Descarbonización Industrial”. No todo ese dinero es nuevo. Una parte importante son fondos que estaban en distintas partidas y divididos en otros programas que ahora se redirigen para unirlos y aumentar la capacidad de inversión. Así, este ‘banco’ contaría con 20.000 millones que se dirigirán desde el Fondo de Innovación, 30.000 millones de aportaciones voluntarias por parte de los Estados miembros, 25.000 millones resultantes de la reforma que Bruselas propone del fondo InvestEU y dinero sobrante no gastado de inversiones anteriores, y 25.000 millones de euros de ingresos del sistema de emisiones ETS, que ya aportaba al Fondo de Innovación, pero del que ahora se canalizará casi el doble a este nuevo Banco de Descarbonización.
Medidas de la energía
Sobre las medidas de alivio fiscal, la Comisión explica que los Estados miembros deben premiar a las industrias de uso intensivo de energía que invierten en su descarbonización. Bruselas recuerda que la directiva sobre la fiscalidad sobre la energía, que está todavía negociando entre los co-legisladores europeos, permitiría “reducir a cero la fiscalidad de la electricidad para las industrias de consumo intensivo de energía”.
Porque ese es el objetivo central: llevar a las industrias hacia la electricidad para resolver el problema de los precios estructuralmente más altos que afrontan frente a sus competidores, y hacerlo con todas las herramientas que haya al alcance. “El Clean Industrial Deal identifica acertadamente el principal problema energético de Europa en su dependencia de la importación de combustibles fósiles, y el principal camino a seguir en la electrificación”, considera Simone Tagliapietra, analista del think tank económico Bruegel.
Por otro lado, la Comisión también pide más esfuerzos para asegurar que los mercados de gas funcionan de manera adecuada, reducción de tiempos de autorización para proyectos de energía limpia e impulsar contratos de suministro de electricidad a largo plazo (PPA). Además, el Ejecutivo comunitario pone el foco sobre la factura de la luz también de los consumidores finales, especialmente en aquellos casos en los que las facturas incluyen impuestos no relacionados directamente con el consumo de la luz, o por ejemplo reduciendo el IVA al mínimo, que puede ser del 5%.
Agenda de simplificación
En el proceso, el Ejecutivo comunitario también ha puesto sobre la mesa una serie de medidas de simplificación que han sido fuertemente criticadas por organizaciones no gubernamentales, que consideran que se trata de una marcha atrás en el establecimiento de altos estándares medioambientales y de responsabilidad social. Por lo pronto, la primera propuesta de simplificación afecta a lo que los técnicos consideran los elementos más complejos, un “triángulo” centrado en las obligaciones de reporting o información, expresado en las directivas CSRD y CS3D, la regulación sobre taxonomía y por último la regulación del Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en las Fronteras de la UE (CBAM). Fuentes comunitarias explican que el objetivo es “tratar de aligerar tanto como sea posible sin desviarnos del objetivo”.
Sin embargo, las medidas tienen un calado profundo, y se basan en tres ideas: que incumplir las normas tengan efectos menos graves, que menos compañías se vean afectadas por estas reglas, y que se retrasen las fechas en las que se debe empezar a cumplir. Por ejemplo, se elimina el requisito que se recogía en caso de incumplimiento de la directiva CS3D, que establece obligaciones para las empresas para mitigar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, de que se impusieran multas mínimas del 5% de la facturación anual global de la compañía infractora.
Alrededor del 80% de las compañías no van a tener que informar bajo la regulación CSRD
Además, por ejemplo, también se elimina la obligación de la empresa de romper relaciones comerciales con empresas de la cadena de suministro en caso de riesgo grave de incumplimiento de las normas, dejándolo únicamente en una suspensión de las relaciones. También elimina por ejemplo un régimen de responsabilidad civil a nivel de la Unión Europea, devolviéndolo al ámbito del derecho nacional y eliminando con ello por ejemplo la obligación de que los Estados miembros permitan que las víctimas puedan estar representadas por organizaciones de la sociedad civil.
En total, el Ejecutivo comunitario considera que alrededor del 80% de las compañías no van a tener que informar bajo la regulación CSRD, el mismo número de compañías que no tendrán que alinearse con las normas de taxonomía. El caso del CBAM, un mecanismo que busca disuadir a las compañías de producir de manera contaminante fuera de la UE para luego enviar los productos finales al Mercado Interior desde fuera, es un ejemplo de lo que la Comisión quiere conseguir con esta simplificación. El 91% de los importadores quedarán exentos al aplicarse una lógica que librará del cumplimiento a los paquetes y mercancías más ligeros, siendo el 74% de esas empresas PYMES, y sin embargo todos estos importadores representan algo menos del 1% de las emisiones totales.
Fuente El Confidencial
