La Agencia Tributaria ha reforzado su vigilancia sobre los ingresos no declarados y las transacciones en efectivo, con sanciones que pueden alcanzar hasta el 150% del IRPF dejado de pagar.
Los bancos juegan un papel clave en este control, ya que están obligados a informar sobre ciertos movimientos financieros de sus clientes. Ingresos o retiradas de efectivo que superen determinadas cantidades pueden ser objeto de revisión por parte de Hacienda, que emplea estos datos para detectar posibles irregularidades fiscales.
No declarar ingresos obtenidos por trabajo o actividades económicas es considerado una infracción y puede derivar en sanciones económicas. Si un contribuyente omite ingresos sin intención de ocultación, la multa puede llegar al 50% del IRPF no pagado. Sin embargo, si se detecta fraude, el porcentaje puede oscilar entre el 50% y el 100%.
Cuando se emplean facturas falsas, pagos en negro o sociedades pantalla para ocultar ingresos, la infracción se considera muy grave y la multa puede elevarse hasta el 150% de la cantidad defraudada. En estos casos, Hacienda puede incluso exigir el pago de los impuestos pendientes junto con intereses de demora.
Multas de gran cuantía
Las sanciones también afectan a las empresas que pagan salarios en negro o no declaran correctamente las cotizaciones de sus empleados. Las multas pueden oscilar entre 7.501 y 225.018 euros por trabajador, además del abono de las cuotas a la Seguridad Social que no fueron pagadas en su momento.
Hacienda también investiga otros ingresos no declarados, como los generados por actividades secundarias, clases particulares, compraventa de productos o trabajos por internet. Si se detectan ingresos sin justificación, el contribuyente podría enfrentarse a una investigación y a multas dependiendo de la gravedad de la infracción.
El contribuyente ya se puede equivocar: el derecho al error reduce las multas de Hacienda
Óscar Giménez. Córdoba
Las autoridades fiscales han reforzado sus herramientas de detección para combatir el fraude y evitar la pérdida de recaudación. Con estas medidas, se busca fomentar una mayor transparencia financiera y reducir la economía sumergida en España.
Fuente El Confidencial