La Autoridad Fiscal pide condicionar la quita de la deuda al cumplimiento de las reglas fiscales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido un comunicado este jueves con recomendaciones sobre la condonación de la deuda que ha propuesto el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas del régimen común. Los puntos señalados son los que expresó a los consejeros regionales la presidenta de la institución, Cristina Herrero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles y el más llamativo es el reclamo a que las quitas lleven aparejada una condicionalidad.

Si bien no hay ninguna norma que obligue a ello, la AIReF considera que se debe incluir este aspecto por “los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones” y para que las reglas fiscales se cumplan. “Hemos podido comprobar que la obligación de cumplir con los objetivos fiscales establecida tanto en la normativa nacional como en la normativa europea no es garantía suficiente”, señala, y recuerda que se incumplieron en el año 2024.

En concreto, las administraciones públicas superaron la regla de gasto fijada para el año pasado en el 2,6%, ya que este habría llegado al 5,3% según se reconoce en el plan fiscal estructural a medio plazo enviado a Bruselas en octubre. Además, en el ámbito autonómico, AIReF calcula que el crecimiento de la regla de gasto podría estar en torno al 7% en 2024.

Argumenta además que esta condicionalidad es necesaria porque el Fondo de Liquidez Autonómico seguirá existiendo, de manera que se seguirán financiando a través de él tanto los déficits registrados por algunas las comunidades autónomas en el ejercicio como los excesos de déficit generados en años anteriores. “No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales”, defiende el texto. La condicionalidad fiscal exigible debería tener en cuenta, según la AIReF, la posición de partida de cada comunidad, así como su posición relativa respecto a un sistema de financiación cuya reforma todavía no se ha resuelto.

También critica la metodología escogida para calcular la quita que le corresponde a cada región, estructurada en tres tramos. “Parece un enfoque muy parcial tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF”, señala el comunicado, para aproximar el esfuerzo realizado por las comunidades. En contraposición, considera que la variable que mejor refleja el esfuerzo sería el gasto computable, porque este “puede venir tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos”. El hecho de que el gasto computable se defina como gasto neto de medidas ingreso permitiría tener en cuenta ambas opciones.

No obstante, la AIReF sí considera “conveniente” afrontar la vuelta de las CCAA a los mercados por “la disciplina que estos imponen” y recomienda recuperar la cláusula de no bail out y abordar la reforma del sistema de financiación autonómico. Reconoce además que “sin perjuicio de que hubieran podido utilizarse otras vías como una restructuración de la deuda, la condonación que se propone es un paso en esa dirección” de vuelta a los mercados, aunque cree que no resulta suficiente para acabar con la permanente interinidad de los mecanismos de financiación que nacieron como extraordinarios y se convirtieron en permanentes.

Puede dar margen de gasto a las CCAA

Según explica la AIReF, la condonación de la deuda de las autonomías es una transferencia de capital que va del Estado a las administraciones autonómicas en contabilidad nacional. Esto implica que, en los años en los que se produzcan las condonaciones (Hacienda ha propuesto que sean progresivas según vencen los préstamos de cada autonomía), se registrarán aumentos de los ingresos en las CCAA y aumentos del gasto en el Estado por el importe de la condonación, que asciende a 83.000 millones de euros. Dependiendo de la naturaleza de la transferencia, esta podría afectar al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, que podría ver restringida su capacidad de gasto en los años en los que se produzcan condonaciones, lo que a la vez dejaría más margen a las CCAA para gastar más.

Fuente El Confidencial