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Buenos Aires, 5 de marzo de 2025-Total News Agency-TNA- El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, que impide al Gobierno dar de baja los planes sociales a quienes participen en protestas y actos de violencia. Desde la cartera aseguraron que la apelación está en proceso y será presentada esta semana.
Fuentes gubernamentales cuestionaron la decisión judicial, argumentando que esta favorece el resurgimiento de piquetes y cortes de calles, una problemática que buscan erradicar. Cabe recordar que en 2023, durante su primera intervención como ministra, Pettovello había anunciado la implementación de una política estricta que excluía del programa social a quienes interrumpieran el tránsito público. En esa ocasión, afirmó: “Los únicos que no cobrarán el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”.
Posteriormente, el Ministerio formalizó esta postura mediante una resolución que establecía: “El que impidiere, estorbase o entorpeciese el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o no permitiera a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata, procediéndose a suspender el pago del beneficio”.
Sin embargo, el juez Martín Cormick no es ajeno a enfrentamientos previos con la cartera que dirige Pettovello. En 2024, el magistrado rechazó un recurso de revocatoria presentado por el Ministerio de Capital Humano para evitar entregar documentación requerida por la Justicia sobre la distribución de alimentos en programas sociales. En ese mismo año, Cormick intimó al Ministerio a cumplir con una cautelar que le ordenaba no realizar cambios en los planes alimentarios y presentar en un plazo de 48 horas información documentada que acreditara la ejecución de dichas políticas públicas.
La resolución de Cormick fue apelada por el área legal del Ministerio, encabezada por Leila Gianni, aunque finalmente fue ratificada por la Justicia. Gianni calificó el plazo impuesto por el juez como “exiguo” y lo contrastó con un fallo previo del juez federal Walter Lara Correa, quien había otorgado 20 días para entregar información similar el 12 de julio de 2024.
Pese a los argumentos de Gianni, Cormick ratificó su decisión, señalando que el plazo de 48 horas era definitivo. En su fallo declaró: “La resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado”.
En el entorno de Pettovello, el fallo de Lara Correa fue recibido con mayor aceptación, ya que consideraron que reconocía el trabajo realizado por el Gobierno en la distribución de alimentos. No obstante, atribuyen un trasfondo político a las decisiones adoptadas por Cormick, quien ahora volvió a fallar en contra del Ministerio, permitiendo que los beneficiarios de planes sociales mantengan sus ingresos pese a participar en cortes de calles.
Desde el Gobierno insisten en que esta medida judicial obstaculiza los esfuerzos por garantizar el orden público y podría generar un incremento en las manifestaciones y bloqueos de vías. La disputa judicial entre el Ministerio de Capital Humano y el juez Cormick continúa escalando, con implicancias políticas y sociales de amplio alcance.
