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En la apertura de sesiones, el presidente Javier Milei anunció que enviará el acuerdo con el FMI al Congreso “en los próximos días”.
Durante el fin de semana surgió la versión de que el Gobierno enviaría el proyecto al Congreso pero sin los detalles, lo que implica que no incluiría el memorando con los datos técnicos.
Consultado por esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que el acuerdo aún no está cerrado y que, llegado el momento, “los detalles se verán, pero no está definido. Vamos a poner el acuerdo para que el Congreso evalúe la viabilidad, los detalles no los tenemos definidos”.
Además, agregó que no debería haber inconvenientes en su tratamiento porque “nunca un Gobierno tuvo inconvenientes cuando aumentaba la deuda, menos vamos a tener problemas nosotros que no aumentamos la deuda bruta”.
La ley argentina obliga al Ejecutivo a mandar cualquier endeudamiento en moneda extranjera bajo legislación extranjera deben pasar por el Congreso.
La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública obliga al Ejecutivo a tratar en las dos cámaras cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el FMI, o cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones.
La norma no especifica si esto deberá hacerse con los detalles técnicos, metas o montos.
Sin embargo, el único antecedente es el del acuerdo enviado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, también impulsor de la ley antes citada.
En ese momento, el proyecto para la aprobación del acuerdo fue enviado con el memorándum de políticas económicas y financieras y el memorándum técnico de entendimiento.
El primero explicaba las políticas y acciones que implementaría el Poder Ejecutivo y los montos negociados con el FMI (alrededor de u$s 45 mil millones) por un período de 30 meses, y los plazos en los que serían otorgados los fondos.
Además, incluyó el memorándum técnico de entendimiento, que establecía las metas cuantitativas sobre las que se definiría el otorgamiento de los fondos, así como las acciones previas que el país debía adoptar antes de que el Directorio del FMI aprobara el programa.
La ley 27.668 fue tratada en ambas Cámaras y su texto especifica que aprobaba “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.
Además, agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
Parte de la discusión en ese momento estuvo centrada en si aprobar todo el documento con los memorandos incluidos, con el objetivo de “darle volúmen político” al acuerdo, o tratar solo el monto del endeudamiento. Esta última opción fue la que terminó reinando en el debate legislativo.
En esa oportunidad, se aprobó la operación de crédito público, esto es, la plata que va a implicar el acuerdo y los desembolsos.
El acuerdo Stand By de 2018, también firmado por el hoy ministro de Economía, Luis Caputo, no incluyó un debate público sobre el monto ni las condiciones que implicaba.
Fuente El Cronista
