El DNU que prometió firmar el presidente Javier Milei la semana pasada tuvo un doble objetivo: bajar la ansiedad del mercado financiero por la interminable ronda de negociaciones con el FMI y habilitar un sendero legal válido como respuesta a una encrucijada que no estaba en primer plano, pero que tarde o temprano iba a salir a luz, una vez hecho el anuncio.
La Argentina sancionó una ley en 2021 que dispone que los acuerdos de endeudamiento con el FMI deben ser aprobados por el Congreso. La única vez que se aplicó fue en 2022, cuando el mentor de esa iniciativa, Martín Guzmán, todavía era ministro de Economía. El Gobierno tenía control de las cámaras, y sin embargo, enfrentó su propia oposición, encarnada en el voto de 40 diputados que se encolumnaron detrás de Máximo Kirchner. La norma se aprobó en ambas cámaras con más votos de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos, un dato que algún libertario haría bien en recordarle al peronismo, hoy opositor. Cristina Kirchner, entonces titular de la Cámara alta, se ausentó de la votación en la que trece senadores de su sector se plantaron contra su propio gobierno.
Milei, que ocupaba una banca en la Cámara baja, votó en contra con un argumento ya repetido: sostuvo que era correcto honrar la deuda con el Fondo, pero remarcó que el acuerdo sellado por Guzmán estaba hecho a la medida de la casta política “para no ejecutar el achicamiento del gasto público”. En su lugar, sostenía el libertario, el mayor esfuerzo recaía en el sector privado.
La ley aprobada (gracias a la muñeca negociadora de Sergio Massa, entonces titular de Diputados) tenía dos artículos, en donde se convalidaba el acuerdo sellado con el organismo. Un resumen del memorándum de entendimiento fue incluido como un adjunto. Vale remarcar que el consenso con el Fondo fue previo, y no posterior, como sucederá con el DNU de Milei.
La experiencia de 2022 le da la razón en algo al Presidente: el kirchnerismo se opuso a su propio gobierno, con lo cual es válido suponer que no avale nada que firme el actual. Pero el oficialismo podría destacar no solo lo que decían los peronistas no kirchneristas por aquel entonces. También podrían mencionar que terminaron superando alguna de sus metas, como ser el déficit fiscal de 0,9% en 2024, año que terminó con superávit.
El DNU fue prometido el jueves y aún no salió. Fue pensado como una autorización a realizar una operación de crédito público (una formalidad que se suele incluir en el Presupuesto, pero como es público, no sucedió este año). Si bien curó la ansiedad por las negociaciones, el riesgo es que cree una nueva: ¿servirá para que al menos lo respalde una cámara? Demasiadas palabras, cuando lo que todos esperan son solo dólares.
Fuente El Cronista
