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El presidente Javier Milei puso su firma en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno nacional a celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). La medida, que busca consolidar la estabilización macroeconómica y fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue anunciada en un contexto de urgencia financiera y tras un exhaustivo análisis de la situación económica del país.
El decreto, identificado 179/2025, aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas y será publicado en el Boletín Oficial esta medianoche para establecer las bases para la reestructuración de la deuda con el organismo internacional y la cancelación de pasivos del Tesoro Nacional con el BCRA.
Según el texto, el acuerdo con el FMI tendrá un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y estará destinado exclusivamente a la cancelación de deudas preexistentes. El texto, sin embargo, no hace mención al monto. Se barajaba, hasta este momento, que sería de 20.000 millones, pero no hay precisiones al respecto.
Un contexto crítico
El decreto detalla que, al asumir la actual administración en diciembre de 2023, la economía argentina se encontraba en una situación crítica. Las reservas internacionales netas del BCRA mostraban un saldo negativo de u$s 11.200 millones, la inflación interanual alcanzaba el 211,4 %, y los índices de pobreza e indigencia se ubicaban en el 54,8 % y el 18,1 %, respectivamente. Además, la brecha cambiaria superaba el 180 %, un récord histórico que reflejaba la profunda distorsión de los precios relativos.
Frente a este escenario, el Gobierno implementó un plan de estabilización que incluyó un fuerte ajuste fiscal, la corrección del tipo de cambio oficial y la eliminación progresiva de los controles de capitales. Estas medidas permitieron reducir la inflación mensual al 2,7 % en diciembre de 2024 y acumular un incremento de u$s 7.034 millones en las reservas internacionales netas al 6 de marzo de 2025. Sin embargo, el decreto advierte que “la reconstrucción de la República Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía”.
El acuerdo con el FMI
El nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI tiene como objetivo principal cancelar las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional en poder del BCRA y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del acuerdo de 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años. Según el decreto, “es imperioso, para el orden público económico, cancelar de manera urgente una parte sustancial de la deuda que mantiene el Estado Nacional con el Banco Central de la República Argentina”.
El texto también subraya que los fondos recibidos por el Estado Nacional a través del nuevo programa “deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina y deudas con el Fondo Monetario Internacional”. Esta condición responde al compromiso del Gobierno de no comprometer su política de déficit cero.
Fundamentos legales y urgencia económica
El decreto se basa en una extensa fundamentación legal que incluye referencias a leyes como la 27.612, que exige la aprobación del Congreso para operaciones de crédito público con el FMI, y la 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. No obstante, el Gobierno argumenta que la gravedad de la situación económica justifica la emisión del DNU sin esperar el trámite legislativo ordinario.
“La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central de la República Argentina impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica”, señala el decreto. Además, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala la emisión de DNU en casos de “grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico”.
Reacciones y expectativas
El anuncio del decreto, la semana pasada, generó reacciones inmediatas en el ámbito político y económico. Sectores oficialistas celebraron la medida como un paso necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales. “Este acuerdo es fundamental para consolidar la reducción de la inflación y la pobreza, dos de los principales objetivos de nuestra gestión”, afirmó un alto funcionario del Ministerio de Economía.
Por su parte, algunos legisladores opositores cuestionaron la decisión de recurrir a un DNU en lugar de someter el acuerdo al debate parlamentario. “El Congreso tiene la facultad de aprobar operaciones de crédito público, y es importante que se respete ese mecanismo”, señaló un diputado de la oposición. Sin embargo, el decreto recuerda que, según la interpretación del propio Congreso en 2022, “la competencia que corresponde al H. Congreso de la Nación no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.
Próximos pasos
El decreto establece que el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá los instrumentos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo con el FMI, y podrá delegar esas atribuciones en el Ministerio de Economía o en la autoridad que determine. Además, se dispone que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso sea informada sobre la medida, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.122.
Denuncia judicial antes de la publicación del decreto
A pocos días de haberse anunciado mediante un comunicado oficial, el inminente DNU que habilitará la firma de un nuevo acuerdo con el FMI ya tiene su primera denuncia en los juzgados federales. Se trata de una denuncia presentada por siete diputados nacionales de Unión por la Patria, quienes acusan al presidente Javier Milei de violar cláusulas constitucionales con esta medida.
La presentación fue firmada por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, quienes están representados por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El expediente se presentó en Comodoro Py, quedando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Alberto Rívolo.
En el escrito, los diputados argumentan que “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 (conocida como ‘Ley Guzmán’, que impone que los endeudamientos en moneda extranjera bajo ley extranjera sean aprobados por el Congreso)”.
Aunque el DNU todavía no fue publicado en el Boletín Oficial al momento de la denuncia, los legisladores alegaron que están habilitados para denunciar “hechos preparatorios”, los cuales tipificaron en las figuras de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina”. Además, solicitaron que el Tribunal disponga la suspensión “de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo”, es decir, del DNU u otras acciones complementarias.
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Fuente El Cronista
