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Mientras diversas organizaciones de Derechos Humanos preparan sus propias denuncias judiciales contra el gobierno de Javier Milei por la represión en los alrededores del Congreso en la marcha de las hinchadas y los jubilados, en la Procuvin ya se presentó una doble denuncia que pide investigar a la Policía por su accionar en la marcha convocadas por hinchadas y jubilados. Es solo el puntapié de una ofensiva legal mayor focalizada en las decisiones políticas detrás de la violencia institucional.
La intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, a cargo del fiscal Alberto Gentili, tuvo lugar tras una doble presentación formulada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). Las causas judiciales llevan los números 12670/2025 (Bianco) y 12677/2025 (Grillo) y recayeron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Jorge López, y la Fiscalía N°11.
Para el Gobierno, el accionar policial se justificó bajo el argumento de un intento de “golpe de estado” por parte de grupos organizados de barras, en ocasiones con terminales políticas. Así lo advirtió la propia ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa al día siguiente. Con todo, hay dos episodios donde la Procuvin puso su foco a partir de estas acusaciones.
Por un lado, el ataque con un presunto cartucho de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo. Por otra, las imágenes donde se muestra a una jubilada de 87 años, Beatriz Bianco, desplomarse de espaldas luego de encarar con su bastón a un grupo de policías de Infantería, perder el equilibrio -no queda claro si media un empujón del uniformado- y golpear su cabeza de espaldas contra la acera. sin que nadie de la fuerza de seguridad la asista.
Entre las medidas que se reclaman a la Justicia figura que se solicite el listado completo de los uniformados que fueron afectados al operativo policial, por parte del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. De igual modo, piden discriminar a qué coordenadas fueron asignados, acorde a los lugares donde ocurrieron ambos sucesos, y las comunicaciones con la sala de operaciones.
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En los escritos, el CELS, Sipreba y ARGRA describen un modus operandi: “La Posta de Salud y Cuidados, integrada por médicos y enfermeros, le brindó atención a 317 personas entre las lesiones que atendieron se encuentran: traumatismos de cráneo con y sin pérdida del conocimiento, traumatismo de tórax, síncopes lipotimias, heridas abiertas en rostro, hemorragias, esguinces, luxación, dificultad respiratoria aguda “
Pablo Grillo permanece internado en el hospital Ramos Mejía tras haber sido intervenido dos veces luego de ser impactado en la cabeza por un proyectil -presuntamente un cartucho de gas lacrimógeno- que le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Al cierre de esta nota, permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria y pronóstico reservado luego que lo médicos lograran bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado.
Represión en el Congreso: denuncias penales y pedidos de interpelación
“No es tan difícil descubrir quién pudo haber disparado ese proyectil. Basta con ver quiénes estaban asignados a ese lugar de la Plaza del Congreso y, dentro de ese grupo, quiénes tenían esas armas. No suelen ser más de dos policías porque son municiones muy caras”, comentó Daniel “Tano” Catalano, líder de ATE Capital, en declaraciones a El Destape Radio.
Él mismo fue demorado en la marcha junto a otras personas cuando intentaba retirarse y retenido sin mayor información en plena calle durante media hora. Acorde al dirigente gremial, uno de sus acompañantes sufrió una crisis respiratoria por el gas pimienta durante ese tiempo sin que nadie le preste asistencia ni llame al SAME.
También la Comisión Provincial de la Memoria estuvo recolectando evidencias del accionar policial durante la jornada con el despliegue de varios equipos en el terreno. Según pudo constatar El Cronista, sus miembros trabajaban en la elaboración de un listado de heridos para reconstruir con su testimonio la cadena de hechos de la jornada y presentar así también una denuncia penal contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Su secretario general, Roberto Cipriano, reconoce que no es la primera vez que lo hacen -contabiliza 20 denuncias hasta el momento- aunque tienen poca confianza en la respuesta de la Justicia. Considera que hay una responsabilidad política en el diseño del operativo y que se evidenció el miércoles en el Congreso porque la represión arrancó antes que se arme la marcha siquiera a las 17.
“La Justicia no investiga absolutamente nada de lo que presentamos. Ninguna de las causas ha avanzado excepto la del fiscal (Franco) Picardi pero hay mucha lentitud, se piden medidas que tardan mucho tiempo en ejecutarse. Claramente no hay intención de investigarlo por la trama política que se genera entre el poder Judicial y el poder Ejecutivo y la verdad que eso nos preocupa porque el garante de derechos es el Poder Judicial”, destaca Cipriani.
"Accidente no previsto" y "A veces puede pasar", declaró hoy públicamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. NO. ESTO NO PUEDE PASAR NUNCA Y NO ES UN ACCIDENTE. El fotógrafo Pablo Grillo es víctima de un protocolo ilegal, de la brutalidad policial y el uso ilegítimo de la… pic.twitter.com/t60nWuvvcj
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 13, 2025
Mientras tanto, en Amnistía Internacional Argentina recopilaban los diversos videos difundidos por medios tradicionales y en las redes sociales durante esas horas con el fin de realizar una serie de pedidos de acceso a la información. No es la primera vez que desde la organización internacional advierten sobre la política de seguridad del gobierno de Javier Milei.
De hecho, en 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la Justicia para obtener información que el Ministerio de Seguridad Nacional le negó en dos pedidos de acceso a la información. Sus representantes reclamaron datos de “indiscutible carácter público” sobre la cantidad de efectivos policiales que intervinieron en los operativos del año pasado, el tipo y marca de armas utilizadas y el/los funcionarios a cargo, pero solo recibieron “respuestas parciales e incompletas”
“Todos los detenidos en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, los 114, fueron liberados a la madrugada. A muchos de ellos los tuvieron detenidos en el Obelisco en móviles policiales por más de 6 horas, sin acceso a baño, impidiendo la atención médica”, consignaron desde el entorno del dirigente Juan Grabois, quien recorrió los lugres de detención la noche del miércoles.
En su caso, evaluaban realizar una presentación ante la Procuvin -citaron el caso de una persona que perdió un ojo en la represión además de varios detenidos durante la jornada- pero la unidad especializada en violencia institucional se anticipó.
Por último, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y actual titular de la Red Federa de DD.HH., Horacio Pietragalla, presentó una denuncia contra Bullrich por los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad y su flamante par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez. En paralelo, se vienen más pedidos de interpelación al Ejecutivo desde el bloque de Unión por la Patria en el Congreso.
Fuente El Cronista
