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La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia solicita a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por los hechos del 29 de octubre -el día de la barrancada que dejó más de 220 víctimas mortales- que tenga por investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) , Miguel Polo, al considerar que su actuación fue «negligente».
El colectivo ha presentado un recurso de reforma al auto de la magistrada del 10 de marzo en el que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja resolvió citar a declarar como investigados únicamente a la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.La representación legal de la asociación sostiene que «la negligencia de Miguel Polo , como presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y miembro del Cecopi, es manifiesta y objetivable a través de los datos aportados en el procedimiento, ya que además de evaluar la situación de riesgo de desbordamiento de las cuencas fluviales y realizar comunicaciones efectivas, tenía entre sus funciones como ‘técnico’ informar al Comité de Dirección del Cecopi acerca de la situación de tales cuencas fluviales y por ende, aconsejar acerca de las medidas de protección que debían adoptarse».
En este sentido, alude a que el propio responsable de la confederación «ha admitido en un informe oficial» remitido al juzgado que su organismo «no realizó llamadas telefónicas de alerta durante la crecida del Barranco del Poyo, sino que se limitó a enviar correos electrónicos ».«Esta representación procesal no puede comprender como, ante la eminencia y gravedad de los hechos, y encontrándose presente en la reunión del Cecopi, el señor Polo no considerase oportuno informar a los presentes de la situación de desbordamiento del barranco del Poyo con el fin de lograr una comunicación más directa y efectiva», razona el recurso consultado por Europa Press.
Y cita lo establecido en el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, que en su página 69 establece las funciones de la CHJ, entre ellas «proporcionar al CCE Autonómico, a través de los respectivos servicios SAIH, datos en tiempo real de las precipitaciones que se produzcan en la red de pluviógrafos desde el momento en que se declare la Preemergencia, especialmente de los registros que superen los umbrales de 40 l/m2 en 1 hora ó 100 l/m2 en 12 horas, así como de los totales acumulados» o «informar al CCE Autonómico de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas».Añade que el incremento exponencial recogido en los datos del SAIH «demuestra que el desbordamiento era una realidad y que la Confederación Hidrográfica del Júcar, conocedora en tiempo real de estos datos a través del SAIH, debió activar protocolos de emergencia de manera inmediata, lo cual no hizo».Asimismo, asevera que «la actuación del presidente de la CHJ fue de todo punto negligente, pues incumplió de forma flagrante su propio protocolo interno, que exige la notificación expresa a Protección Civil al superarse los 150 m3/s».Este umbral, agrega, «fue ampliamente superado en diferentes momentos del día, y sin embargo hubo un lapso de más de dos horas, entre las 16:13 y las 18:43, sin que se produjese ningún tipo de aviso».
Durante ese tiempo, insiste, «el caudal aumentó exponencialmente hasta alcanzar los 1.686 m3/s a las 18:43 y los 1.941,1 m3/s a las 19:20, sin que la CHJ tomara ninguna iniciativa adicional para advertir del peligro real e inminente, incumpliendo sus funciones».Además, añade, «la liberación de agua desde la presa de Forata , que incrementó significativamente los caudales aguas abajo, no fue comunicada adecuadamente ni a las autoridades ni a la población afectada, como denunció incluso el alcalde de Algemesí», una «falta de aviso contribuyó al desastre, al impedir que se tomaran medidas preventivas en los municipios afectados».«No se puede justificar»«No se puede justificar la actuación de la CHJ y de su presidente únicamente con la remisión de correos electrónicos en los que se informaba de la crecida, datos eminentemente pluviométricos, sin alertar del riesgo real de desbordamiento , sino que deberían haber evaluado la situación de riesgo con la finalidad de aconsejar al Comité de Dirección las medidas de protección que consideren. En emergencias de esta magnitud, la comunicación activa y eficaz es un deber inexcusable; no basta con enviar emails cuando se están superando los umbrales críticos de caudal», argumenta.
Por otra parte, la representación de la asociación «no puede pasar por alto» que el auto «guarda un absoluto silencio respecto a la situación procesal de los técnicos presuntamente responsables de la gestión y toma de decisiones en relación con la dana».De este modo, nada se indica respecto de la imputación y/o declaración de los técnicos Alberto Javier Martín , en su condición de director general de emergencias y extinción de incendios de la Comunidad Valenciana; Jorge Suárez , como subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, e Inmaculada Piles , en su condición de jefa del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana.La asociación ve riesgo de que se produzca «una laguna procesal» y para evitarlo insta a que se adopte «una resolución expresa respecto de la situación procesal de los referidos querellados, valorando tanto los hechos y fundamentos jurídicos expuestos en nuestra querella como las diligencias instructoras llevadas a cabo hasta este momento».«En aras del principio de esclarecimiento de los hechos y de la debida tutela judicial efectiva, consideramos imprescindible que se determine si deben ser llamados a declarar en calidad de investigados o, de manera subsidiaria, en calidad de testigos, a fin de que puedan aportar información relevante la gestión de la emergencia», concluye.
Fuente ABC
