Las pensiones pueden ser objeto de embargo cuando un beneficiario acumula deudas, pero la legislación establece restricciones para garantizar que el afectado conserve una parte de sus ingresos. La Seguridad Social aplica normas específicas para limitar la cantidad que puede ser retenida, asegurando que el pensionista no quede sin recursos.
El Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece que las pensiones son inembargables hasta el importe equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), pero los importes que lo superen pueden ser retenidos de forma progresiva: un 30% para la cantidad que exceda el SMI hasta el doble de este, un 50% si la cifra está entre el doble y el triple del SMI, un 60% cuando se sitúe entre el triple y el cuádruple, un 75% si alcanza hasta cinco veces el SMI y un 90% para importes que lo superen.
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Existen situaciones en las que estas limitaciones no se aplican. Cuando el embargo responde al impago de una pensión de alimentos, la cuantía embargable será determinada por un juez, sin que rija la escala anterior. Además, la Seguridad Social puede aplicar embargos si se detecta el cobro indebido de prestaciones o subsidios, con retenciones que oscilan entre el 10% y el 30% de la pensión, dependiendo de la cantidad adeudada.
Alternativas legales
Los pensionistas que enfrenten un embargo pueden recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite cancelar deudas cuando se acredita la imposibilidad de hacerles frente. Esta opción facilita la reestructuración financiera y puede evitar la pérdida de ingresos esenciales.
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Comprender los límites y excepciones en los embargos es fundamental para los pensionistas afectados. Aunque la ley permite la retención de una parte de la pensión, siempre se garantiza un mínimo de ingresos para evitar situaciones de vulnerabilidad económica.
Fuente El Confidencial
