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Luego del último operativo de seguridad potenciado que se extendió torno a la Marcha de los Jubilados más allá del Congreso, la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia evalúa citar a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y la cúpula de la SIDE para dilucidar el rol de los servicios de inteligencia en el dispositivo desplegado.
El martes por la tarde, un conjunto de organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos advirtió por la participación de los servicios de inteligencia en contra de lo que fija la ley nacional mediante una carta dirigida a las autoridades de la Bicameral, el senador radical Martín Lousteau (presidente) y el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau (vicepresidente).
Las organizaciones expresaron su preocupación por el papel de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la planificación y despliegue del operativo, tal cual había informado El Cronista y otros medios en la jornada previa. Fuentes del Gobierno admitieron ayer que el objetivo era distender y la orden que bajaron a las fuerzas federales, a contramano de la semana pasada, fue la de evitar hasta último momento cualquier confrontación directa. Así y todo, no queda claro qué papel jugaron las autoridades del organismo de inteligencia.
Los firmantes de la misiva enviada el martes por la tarde al Congreso forman parte de la denominada Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), una coalición que persigue “el fortalecimiento del control democrático del sistema de inteligencia”, según su presentación. Lo integran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
En la mañana del martes, hubo una reunión en Casa Rosada para definir el esquema de seguridad para la jornada de protesta luego de los incidentes y la represión que explotó en la manifestación del miércoles 12. Como consecuencia, desde la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) hasta la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron detenciones irregulares y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los responsables del operativo de seguridad.
Tanto el Ministerio de Seguridad Nacional como representantes de la cartera de Justicia -su vice, Sebastián Amerio- y de la Secretaría de Transporte -Franco Mogetta, su titular- se sentaron en la mesa chica del operativo del miércoles 19. Sin embargo, llamó aún más la atención la participación, difundida por El Cronista y otros medios, de Sergio Neiffert y Diego Kravetz, secretario y subsecretario de Inteligencia, respectivamente.
En la Bicameral sospechan que la discusión sobre el operativo no se limitó a ese escenario sino que también hubo un abordaje previo del tema en la cartera que dirige Bullrich con la participación de la cúpula de inteligencia.
“Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura”, indicaron desde el ICCSI. Y resaltaron que dicha participación viola lo establecido en la Ley 25.520 y sus decretos reglamentarios.
En efecto, la normativa nacional fija que “los organismos integrantes del SIN tienen la potestad de realizar inteligencia nacional y criminal dentro de las limitaciones que imponen los propios marcos normativos, principalmente referidas a los principios de legalidad, necesidad, utilidad y proporcionalidad, y siempre asegurando las garantías del debido proceso”.
El artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional es claro al respecto cuando establece que ningún organismo de inteligencia puede realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
Del mismo modo, tienen prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
“Sin embargo, históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a la protesta social no respetó estos límites: bajo el pretexto de la lucha contra el “terrorismo” o hipótesis de “desestabilización” o de “golpes de Estado”, la SIDE (ex AFI) espió, siguió y/o vigiló de manera ilegal a miembros de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, periodistas, activistas, en una clara violación al art. 4 de la ley 25.520 y de los estándares internacionales en el tema, que prohíben las tareas de inteligencia para la criminalización y/o persecución política”, puntualizaron en la carta girada a la bicameral.
A partir de ello, el conjunto de organizaciones firmantes reclama que se exijan mayores detalles sobre la intervención de la SIDE en la planificación del operativo y eventualmente en su desarrollo, “por el nivel de intromisión estatal que implica, la dificultad para controlarla y, por consiguiente, el alto riesgo de violación de la Ley de Inteligencia y de derechos y libertades en general que implica”.
De ahí que soliciten la intervención de la Bicameral con facultades suficientes -en función de la ley 25.520, los decretos 1311/15, 331/23 y 614/24, y su propio reglamento- para indagar sobre el rol de la SIDE en la planificación del operativo, así como en la elaboración de informes previos a la par de dilucidar su eventual intervención en terreno en el momento de la movilización.
Hasta la publicación de este artículo no habían registrado una respuesta formal por parte de las autoridades legislativas. Así y todo, este medio pudo confirmar que sus miembros habían recibido la carta y que consensuaban avanzar en la próxima semana con una citación formal a Bullrich así como a Neiffert y Kravetz para que brinden información respecto no solo al operativo del miércoles 19 sino también el precedente, el del miércoles 12, y las denuncias que giraron en torno a infiltrados en la movilización.
Del mismo modo, quieren interpelar a Bullrich acerca de sus primeras declaraciones sobre Pablo Grillo, caracterizándolo como militantes, así como el uso de la línea telefónica para denuncias anónimas. Tanto en el peronismo como en el radicalismo, al frente de la comisión especial, consideran que pueden imponerse por 8 votos contra 6 si promueven esa iniciativa.
Fuente El Cronista
