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Buenos Aires, 30 de marzo de 2025Total News Agency (TNA)- Cristina Fernández de Kirchner, expresidente y líder del kirchnerismo, ha activado una campaña internacional con el respaldo del Grupo de Puebla, anticipándose a la posible confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema. Ya corroborada por dos instancias e innecesaria esta tercera. Este movimiento busca posicionarla como víctima de una supuesta persecución política, en un intento por fortalecer su imagen como opositora al gobierno de Javier Milei y debilitar la legitimidad del oficialismo en el plano internacional, al intentar mostrarse como “perseguida política”, cuando en realidad, solo es una corrpta condenada.
EL CONTEXTO JUDICIAL Y POLÍTICO
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recientemente un recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina contra su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esta situación, su equipo legal elevó una queja formal a la Corte Suprema, aunque en el kirchnerismo consideran que la mayoría de los jueces del máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y María Angélica Gelli de García-Mansilla) ratificarán la condena.
Desde el Instituto Patria, el núcleo político de Cristina, ya están alertando al Grupo de Puebla sobre la inminencia de esta decisión judicial, que podría dejarla fuera de las próximas elecciones legislativas, pero dentro de la cárcel, que en su caso, dada su avanzada edad, debería cumplir con tobillera en alguna de sus propiedades. Este escenario, según analistas políticos, no solo afectaría al kirchnerismo, sino que también podría alterar los equilibrios políticos en la oposición, fragmentada entre el ala peronista liderada por Cristina y sectores más moderados o liberales como el PRO y la UCD porteña, encabezada por Ramiro Marra, quien recientemente fue expulsado de la Libertad Avanza.
UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA REIVINDICAR SU IMAGEN
Cristina ha recurrido al Grupo de Puebla, una organización de izquierda que agrupa a líderes de la región, como Dilma Rousseff, Rafael Correa y Ernesto Samper, Bolivia – Luis Arce, Brasil – Lula da Silva, Chile, Gabriel Boric, Colombia, Gustavo Petro, Guatemala, Bernardo Arévalo, Honduras, Xiomara Castro, México, Claudia, Sheinbaum Pardo, Uruguay, Yamandú Orsi, para denunciar lo que considera una estrategia de “lawfare” en su contra. Este término, popularizado en el discurso del progresismo regional, se refiere al uso de la justicia para perseguir políticamente a líderes de izquierda. A su vez, el Foro de San Pablo, creado por Fidel Castro, acompaña al Grupo de Puebla, por Nicolas Maduro y Daniel Ortega, dos lideres criminales quienes están asociados al narcotráfico de la región.
El Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia (CLAJUD), vinculado al Grupo de Puebla y liderado por la abogada brasileña Carol Proner y el exjuez español Baltasar Garzón, ha estado monitoreando el caso de Cristina desde sus inicios. Fuentes del grupo confirmaron que están “siguiendo minuto a minuto la situación judicial de Cristina con mucha preocupación desde toda la región” y que planean emitir un comunicado en los próximos días. Este respaldo internacional, similar al que recibió Lula da Silva durante su encarcelamiento en 2018, busca presionar a la Corte Suprema y reforzar la narrativa de persecución política.
UNA ESTRATEGIA DE INTERESES PERSONALES Y DIVISIÓN POLÍTICA
El movimiento de Cristina para posicionarse como líder indiscutida de la oposición no está exento de críticas internas. Su insistencia en monopolizar el liderazgo del peronismo-kirchnerismo ha generado divisiones profundas dentro del espacio opositor. Muchos analistas interpretan esta estrategia como un intento personalista de protegerse de las consecuencias legales de sus actos, más que como un proyecto político colectivo.
En este contexto, la alianza de Cristina con lo que algunos denominan “la izquierda más rancia y fraudulenta de la región”, encabezada por el Grupo de Puebla, busca fortalecer su imagen internacional como una perseguida política. Sin embargo, esta estrategia podría terminar debilitando aún más a la oposición argentina, especialmente en un momento en que el gobierno de Milei enfrenta desafíos económicos y políticos que requieren una oposición cohesionada.
Por otro lado, el enfrentamiento abierto entre el gobierno de Milei y sectores liberales como el PRO y figuras disidentes de la Libertad Avanza, como Ramiro Marra, quien ahora compite bajo la bandera de la UCD porteña, añade complejidad al panorama político. Estas divisiones internas en la oposición podrían jugar a favor del oficialismo, aunque también debilitan la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales.
EL IMPACTO EN EL GOBIERNO DE MILEI Y LA OPOSICIÓN
La campaña internacional de Cristina, combinada con las tensiones internas en la oposición, plantea un desafío significativo para el gobierno de Javier Milei. Mientras Cristina intenta posicionarse como una figura central en la narrativa internacional del progresismo, el gobierno enfrenta críticas por su manejo de las relaciones con sectores liberales y por la falta de cohesión dentro de su propia coalición.
En este contexto, la estrategia de Cristina podría tener un doble efecto: por un lado, deteriorar la imagen del gobierno de Milei en el plano internacional; por otro, consolidar su base de apoyo dentro del kirchnerismo, aunque a costa de profundizar las divisiones en la oposición y limitar sus posibilidades de éxito electoral en el futuro cercano.
UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE
La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y su campaña internacional con el Grupo de Puebla subrayan la complejidad del panorama político argentino. Mientras la Corte Suprema evalúa su decisión, el país se enfrenta a un escenario de incertidumbre, donde las tensiones entre el oficialismo y la oposición, así como las divisiones internas en ambos sectores, serán determinantes para el futuro político de Argentina.
