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Miami, 2 de abril de 2025-Total News Agency-TNA- En un contexto marcado por la violencia y el terror ejercido por los carteles de la droga, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento masivo en el zócalo de la Ciudad de México, justo dos días después del desgarrador descubrimiento de un campo de exterminio vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hallazgo, que dejó al descubierto más de 400 prendas y restos humanos, ha generado una ola de indignación en la sociedad mexicana. Sin embargo, el gobierno parece desentenderse de la crisis, mientras las acusaciones de complicidad con el crimen organizado por parte de la administración de Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continúan creciendo.
El 24 de marzo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de “El Comandante Lastra”, presunto responsable de reclutamiento forzado en el rancho donde se hallaron los cuerpos. Este campo, descubierto el 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores, ha puesto de relieve no solo la brutalidad del CJNG, sino también la crisis de desapariciones forzadas en México, con más de 110.000 personas reportadas como desaparecidas. Jalisco, epicentro de esta tragedia, ha visto cómo entre diciembre de 2018 y febrero de 2025 se han encontrado 186 fosas clandestinas con al menos 2.000 restos humanos, lo que refleja la magnitud del problema.
A pesar de la gravedad de la situación, la clase política parece ajena al sufrimiento de la población. La celebración de Sheinbaum en el zócalo, en un momento en que la Casa Blanca ha acusado directamente a su gobierno de complicidad con el crimen organizado, es un claro ejemplo de la desconexión entre el gobierno y la sociedad. Mientras la población vive una cruda realidad bajo el yugo de los carteles narco-terroristas, la clase política en el poder parece danzar sobre su dolor y muerte.
Simultáneamente, en Nueva York, se está gestando una investigación federal que podría tener repercusiones significativas para el gobierno mexicano. Un expediente en la fiscalía federal acusa al ex Presidente Lopez Obrados-AMLO- y a gobernadores de su partido, MORENA, de haber mantenido vínculos con carteles de la droga, como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, en un esquema de financiamiento de campañas políticas que se extiende desde 2018 hasta 2024. Este documento, que contiene más de 192 páginas de testimonios y evidencias, sugiere que los carteles proporcionaron recursos económicos para las campañas de candidatos de MORENA, consolidando así una relación simbiótica entre la política y el narcotráfico.
La denuncia detalla cómo el Cartel de Sinaloa, entre otros, ha mantenido una relación directa con MORENA, incluyendo a figuras clave como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Se afirma que estos cárteles financiaron las campañas a la gubernatura de MORENA en Sinaloa y Tamaulipas, utilizando dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas. Además, se menciona el caso de Sergio Carmona Angulo, un empresario con vínculos con múltiples cárteles, quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales que ascendieron a 500 millones de pesos mexicanos, dirigidos al gobierno mexicano.
Las revelaciones sobre el financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico contrastan drásticamente con la imagen de un gobierno que se presenta como un defensor de la justicia y la seguridad. La acusación del gobierno de Estados Unidos, que señala que en México existe una relación “intolerable” entre el gobierno actual y los carteles de la droga, ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la administración de AMLO y su partido.
A medida que se desarrollan estos eventos, la pregunta que persiste es: ¿podrá el gobierno mexicano, hoy en manos de Sheimbaun, enfrentar la realidad de su alianza con el narcotráfico, o continuará ignorando el clamor de un pueblo cansado de la violencia y la corrupción? La respuesta a esta interrogante será crucial para el futuro político y social de México.
Mientras tanto, la disociación entre el gobierno y la sociedad se profundiza. La percepción de que las campañas de López Obrador y Sheinbaum han sido financiadas con “sangre del narcotráfico” se hace cada vez más fuerte, creando un clima de desconfianza y desesperanza. La situación podría dar un giro inesperado con el avance de las investigaciones en Estados Unidos, donde se espera que la justicia actúe en consecuencia ante las graves acusaciones de corrupción y complicidad.
En este escenario, la población mexicana se enfrenta a una encrucijada. La lucha contra el narcotráfico y la corrupción se ha convertido en un tema central en el discurso político, pero las acciones del gobierno parecen estar en desacuerdo con sus palabras. A medida que las investigaciones en Nueva York avanzan, el futuro de la política mexicana podría estar en juego, y la necesidad de una respuesta efectiva y contundente ante la crisis del narcotráfico nunca ha sido tan urgente. La historia de corrupción, ambición y complicidad con el crimen organizado está lejos de concluir, y su desenlace podría tener repercusiones profundas para la nación.
Éstas bandas en complicidad con las de Venezuela y otras, están avanzando en Latinoamérica, en paises como Brasil y Argentina y cada día con un mayor inserción en la política, justicia y policías.
