Armengol reconoce por escrito que el veto de enmiendas del Senado fue en contra de Galindo

Las cosas, en política, cambian rápido. Fernando Galindo, hasta noviembre del año 2023 subsecretario en el Ministerio de Política Territorial, fue nombrado letrado mayor del Congreso apenas diecisiete días antes de la calificación de la ley de amnistía . Entonces, su aval a la tramitación de la norma, con el argumento de que su posible inconstitucionalidad no era «palmaria y evidente», sirvió a la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja, conformada por PSOE y Sumar, para justificar la cesión de las cesiones ante el independentismo. A cambio de los votos de Junts en la investidura de Pedro Sánchez, este aceptaba el borrado legal de los delitos del ‘procés’ en contra de lo que prometió en campaña.En aquel momento, el criterio manifestado en el informe del secretario general del Congreso se utilizó como una fuente de autoridad irrefutable, a pesar de que su antecesor en el cargo, Carlos Gutiérrez, propuso a la Mesa de la anterior legislatura que rechazase una amnistía planteada por los separatistas por chocar frontalmente con la Constitución. El mismo Gobierno, en su justificación de los indultos a los cabecillas del ‘procés’, diferenció esa medida de una amnistía que sí sería, recogió, «claramente inconstitucional» . Ahora, la situación es otra. El PSOE y Sumar, por orden del Ejecutivo, impusieron su mayoría en el órgano rector de la Cámara Baja el mes pasado para extraer de la ley de desperdicio alimentario varias enmiendas aprobadas por el Senado. Lo hicieron en contra del criterio del letrado mayor.Galindo advirtió en aquella reunión, a la que el PSOE y Sumar llegaron con un escrito de disconformidad del Gobierno en mano para vetar en el Congreso unas enmiendas que el Senado había incorporado a la norma, que eso atentaba contra la doctrina del Tribunal Constitucional . Nunca antes se había hecho en democracia. El PP planteó un escrito de reconsideración, al igual que ERC y Junts, y en la respuesta de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, esta reconoce que la decisión se tomó en contra del criterio jurídico del letrado mayor.Noticia Relacionada estandar Si El PP anuncia que llevará al Constitucional a la Mesa del Congreso y al Gobierno por las enmiendas vetadas al Senado Emilio V. EscuderoLo que en el caso de la amnistía era ley en piedra, la palabra de Galindo, esta vez para Armengol es algo meramente accesorio. Así, la tercera autoridad del Estado, en un escrito al que ha tenido acceso ABC, admite que la Mesa del Congreso tomó su decisión «conforme a su propio criterio». Algo que pudo hacer, remarca, «pudiendo apartarse, si así lo estima pertinente, y una vez analizadas todas las circunstancias concurrentes, del criterio jurídico emitido por la Secretaría General, que en ningún caso es vinculante». El argumento es cierto, porque el órgano rector de la Cámara Baja es soberano para ignorar las advertencias de los letrados, pero no deja de sorprender el cambio de discurso.Debió decidirlo el PlenoTodas las fuentes jurídicas consultadas, como ha venido informando este periódico, coinciden en que las enmiendas aprobadas por el Senado debió discutirlas, para aceptarlas o rechazarlas, el Pleno del Congreso. PSOE y Sumar, con su estratagema, impidieron que el máximo órgano de la Cámara Baja se pronunciase sobre los cambios introducidos por la Cámara Alta, como recoge el artículo 90.2 de la Carta Magna.Los socialistas argumentan que el Senado se extralimitó al levantar el veto propuesto por el Gobierno a varias enmiendas de la ley porque el artículo 134.6 de la Constitución concede al Ejecutivo esa facultad. Sin embargo, las mismas fuentes jurídicas creen que la vía para resolver esa controversia es el conflicto de atribuciones o el recurso de inconstitucionalidad, pero nunca que la Mesa del Congreso decida extirpar de la norma las enmiendas de la Cámara Alta impidiendo al Pleno posicionarse.Armengol, en su escrito, justifica la actuación de PSOE y Sumar precisamente en eso último y defiende que sí se ha actuado conforme a derecho en la medida en que su criterio «identifica claramente el impacto presupuestario de tales enmiendas y que del artículo 134.6 de la Constitución no se deduce límite temporal alguno para el ejercicio del veto gubernamental mientras la iniciativa se encuentra en tramitación en cualquier de las cámaras». El problema es que el Congreso ha decidido qué debe hacer el Senado. Y de ahí el conflicto que se avecina.
Fuente ABC