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La Casa Rosada recibió un duro revés en el Senado al ser volteados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El resultado de ambas votaciones fue contundente: al primero lo rechazaron 44 senadores y al segundo 51. Así, el gobierno no podrá aspirar a una mayoría libertaria en el máximo tribunal. Y resulta una cuestión de tiempo para que el catedrático abandone el cargo para el que juró a fines de febrero.
Y es que el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que le ordena a García-Mansilla a abstenerse de tomar decisiones en la Corte Suprema “bajo apercebimiento” de “sanciones penales y/o pecuniarias”. El escrito llegó a las oficinas de los cortesanos el viernes por la tarde, una vez finalizado el horario judicial. El cuarto ministro lo supo desde por terceros porque ese día no se presentó a su nueva oficina.
La derrota que sufrió el Gobierno fue mirada con regocijo desde el establishment judicial. “Nosotros no sabemos hacer tuits, pero siempre les aconsejamos [a los libertarios] que la única forma de cuidarlo [a García-Mansilla] era retirándole el pliego. Ahora si firma algo está a tiro de que Unión por la Patria le meta un pedido de juicio político. No cambia nada, pero va a dañar más al gobierno”, dijo un conocido operador judicial.
El nuevo capítulo judicial que se dará esta semana
La cuestión debería poder definirse en los próximos días. Pero la cabeza de varios funcionarios mileistas está metida en la renovación de autoridades de las cinco comisiones permanentes del Consejo de la Magistratura, el cual se encarga de la administración del Poder Judicial y la selección de sus jueces. El miércoles próximo habrá una reunión de labor en la que podría haber novedades sobre este asunto, ya que los cargos se vencen en los próximos días.
El martes pasado hubo una reunión clave en la Casa Rosada. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien es el que digita el poder real al interior de la cartera ministerial, fue a reunirse al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo junto al senador radical Eduardo Vischi. Tanto el funcionario judicial como el legislador son integrantes del Consejo, uno en representación del Poder Ejecutivo y el otro por la Cámara Alta.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el hombre clave de Santiago Caputo en esa cartera y en el Consejo de la Magistratura
Aunque la Rosada operaba para que la sesión del Senado del último jueves no tuviera quórum, uno de los temas centrales de ese encuentro fue la elaboración de la estrategia libertaria para tratar de imponer a sus propias autoridades en las cinco comisiones. “Van a haber muchas sorpresas”, dijo a El Cronista una fuente inobjetable.
Los libertarios desearían que la Presidencia del Consejo fuera ocupada por otra persona que no sea Horacio Rosatti, también máxima autoridad de la Corte Suprema. Sin embargo, esto es imposible ya que la misma ley que regula el funcionamiento del organismo establece que el principal cargo lo ocupa el Presidente de la Corte.
En cambio, algunos consejeros dejan trascender que sí les gustaría impulsar una modificación en la Vicepresidencia del Consejo, a cargo de Agustina Díaz Cordero, una persona puesta allí por el mismo Rosatti. “Solamente se pueden mantener por un año. Después deben dejar pasar otro año para volver a asumir”, dice una de las personas que promueve esa remoción.
Díaz Cordero ya lleva dos años consecutivos en ese lugar. Desde el polo del juez de la Corte afirman: “La vicepresidenta la pone el titular del Consejo. Y además debería ser siempre alguien en representación de los abogados”.
Agustina Díaz Cordero y a su lado Horacio Rosatti
“Horacio se corta un brazo antes de que le saquen a alguien de su confianza de la Vicepresidencia”, afirma una de las personas que votará en estos días y que opera contra el juez de la Corte. Aun así, en el mismo Consejo de la Magistratura afirman que la importancia de ese puesto solo es tal si Rosatti fuera propenso a delegar la lapicera. “Eso nunca va a pasar, solo delega para cuestiones muy administrativas y simples”, indicó una fuente.
Fuera de ese foco, la rosca principal pasa por tratar de hacerse con la presidencia de las comisiones. La de Selección de Magistrados y Escuela Judicial la lidera Fernanda Vázquez, representante de la abogacía que responde al rector de la Universidad de Lomas de Zamora vinculado al kirchnerismo Diego Molea. Su segunda es la representante de los abogados Jimena de la Torre, ligada al macrismo y con vínculos sanos con el mileismo a través de Amerio, siendo una de las principales voces políticas en el Consejo.
La presidencia de la Comisión de Disciplina está vacante desde que falleció su titular Héctor Recalde. Todo indica que se hará la concesión para que un representante del kirchnerismo pueda ocupar ese puesto. Como vice está Alejandra Provítola, representante de la abogacía e integrante de la agrupación Compromiso Judicial. Esta última fue la reemplazante de Paul Starc en el gabinete de Daniel Scioli en 2010. Starc es el actual titular de la UIF mileista.
La consejera Jimena de la Torre
Al igual que este último, la Comisión de Acusación tampoco tiene un presidente debido a la renuncia de Miguel Piedecasas. El segundo (y por ahora máximo responsable) es el diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, otro de los políticos que pisan fuerte en el Consejo.
Quien preside la Comisión de Administración y Financiera es el diputado larretista Álvaro González, siendo su segundo Guillermo Tamarit, que está en representación del ámbito académico, siendo alguien que responde a la esfera de Molea. Por último, el área de Reglamentación tiene como presidente a Alberto Lugones, representante de los jueces del Poder Judicial de la Nación y referente de la agrupación Lista Celeste.
Toda la rosca en ese organismo está sintetizada por en unos pocos grupos: los integrantes vinculados al peronismo, otro con cercanía al gobierno nacional y uno con una impronta más vinculada al ámbito judicial, con Rosatti como referente. Incluso, hay quienes dicen que son solo dos estamentos: “Tenemos a los que piensan como Tailhade, que afirma que el Consejo está para hacer política, y hay otro más cercano a Rosatti, que tiene sus diferencias sobre esas apreciaciones”.
Cualquiera sea la interpretación, la elección para los cargos en el Consejo no está exenta de la rosca entre sus integrantes. El Gobierno se cree con las adhesiones suficientes para poder imponer los nombres que quiere en la mayoría de las adhesiones. Una fuente inobjetable afirmó: “Hay mayorías para modificar las presidencias de las comisiones”. ¿Será que deben pactar con el peronismo kirchnerista para hacerlo?
La última sesión plenaria del Consejo se celebró el 18 de diciembre del 2024
En el grupo de consejeros que simpatizan con Rosatti también están confiados y descreen cualquier tipo de polo mayoritario anunciado por Balcarce 50. “Estamos de acuerdo con que quieran tener figuración. Yo quiero ser el nueve de Boca Juniors. Para este caso, tener los cargos que quieren se consigue con los votos de los colegas, y ese es el detalle clave”, dice uno de ellos.
En paralelo a estas cuestiones sobrevuela la operatividad misma del Consejo. Pese a seguir en funciones, el último plenario se celebró el 18 de diciembre.
En tanto, el Poder Ejecutivo, a cargo de Javier Milei, acumula más de 184 ternas de jueces nacionales y federales que no envió al Congreso: se trata del 31% de los puestos jerárquicos del Poder Judicial (el porcentaje podría ser mayor si se contara al Ministerio Público Fiscal).
Pero el Consejo también tiene asuntos pendientes: uno es la definición sobre lo que suceda con el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, investigado por presuntos vínculos con el ámbito narco. La presión creció aún más después de Carlos Vaudagna, exjefe regional de la AFIP de ese distrito y otro de los investigados, se arrepintiera y aportara datos en varias casas a cambio de mejorar su situación frente a la Justicia.
Fuente El Cronista
