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El empresario Elon Musk ejerce como máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Concebido para reducir gastos y eliminar organismos duplicados, este organismo ha impulsado reformas estructurales en la Administración federal estadounidense. Una de sus últimas decisiones ha sido la eliminación de casi 300.000 tarjetas de crédito gubernamentales, en un movimiento que afecta a cientos de miles de empleados públicos.
Según ha informado DOGE, tras cinco semanas de revisión, se han cancelado 298.000 tarjetas consideradas inactivas o innecesarias. La iniciativa busca limitar el uso indebido de recursos públicos y aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles del Gobierno federal. “Como recordatorio, al inicio de la auditoría, había aproximadamente 4,6 millones de tarjetas/cuentas activas, por lo que aún queda trabajo por hacer”, señaló el departamento a través de la red social X. El mensaje deja claro que la operación de limpieza de cuentas no ha concluido y continuará en las próximas semanas.
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Durante el actual ejercicio fiscal, estas tarjetas procesaron más de 90 millones de transacciones por un valor total estimado de 40.000 millones de dólares. Las cifras, reveladas por el DOGE, muestran el volumen de operaciones realizadas por los distintos organismos gubernamentales con estos medios de pago.
La auditoría ha detectado un uso excesivo o innecesario de tarjetas en numerosos departamentos. Entre los más afectados se encuentran el Departamento de Agricultura, con 47.003 tarjetas anuladas; el Departamento de Salud y Servicios Humanos, con 42.959; y el Departamento del Interior, que ha visto desactivadas 18.636.
Revisión también en los préstamos y plantilla de la SBA
Además de la eliminación de tarjetas, el DOGE ha anunciado cambios significativos en los criterios para acceder a préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). A partir de ahora, los solicitantes deberán incluir su fecha de nacimiento y no se concederán préstamos directos a menores de 18 años ni a mayores de 120. “Este tipo de comprobaciones básicas son los primeros pasos para minimizar el fraude en los programas de pago del Gobierno”, explicó el DOGE. Con esta medida, se refuerzan los filtros de acceso a fondos públicos, en línea con la estrategia de eficiencia promovida desde la administración central.
Paralelamente, la SBA reducirá su plantilla en un 43%, lo que supone la supresión de alrededor de 2.700 puestos respecto a los niveles actuales. Estos recortes se realizarán mediante renuncias voluntarias, extinción de contratos vinculados a la emergencia sanitaria por la covid y un número limitado de despidos directos. El recorte de personal permitirá un ahorro estimado superior a 435 millones de dólares anuales a partir del ejercicio 2026, según las previsiones de la propia agencia. Las funciones esenciales, como la garantía de préstamos o la atención en catástrofes, no se verán afectadas, tal y como aseguró la SBA.
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