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La posición de la Junta de Andalucía en la instrucción del caso ERE ha dado lugar a situaciones paradójicas.
La Administración que representa los intereses de los andaluces como perjudicados u ofendidos por el fraude de las ayudas a empresas en crisis, acaba de ser expulsada del juicio de una pieza de esta macrocausa de corrupción porque siendo acusación particular ha renunciado a acusar a los procesados. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que va a juzgar esta pieza desgajada del sumario de los ERE, la «tiene por apartada» del juicio.
La Junta, a través de su letrado, se ha alineado con los abogados defensores, que han pedido el archivo del proceso, lo que choca con los criterios de la Fiscalía Anticorrupción y de los abogados del PP andaluz , que han solicitado penas de prisión para los acusados. Como el Gabinete Jurídico de la Junta había «solicitado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones» de manera provisional, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana , acordó el pasado 4 de febrero apartar a esta acusación de la pieza centrada en las ayudas irregulares concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén .
Esta empresa de Linares (Jaén) recibió 1.311.521 euros de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo para sufragar la prejubilación de 57 trabajadores cuando se vio golpeada por la caída de los precios de la remolacha y del azúcar. La acusación particular de la Junta consideraba que no había delito en la conducta del que fuera director general de Trabajo del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE Daniel Alberto Rivera en esta causa, donde también está investigado el exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, entre otros negociadores de las ayudas.La Junta alega que se vulnera la tutela judicialLa Administración autonómica, a través de su letrado, planteó un incidente de nulidad contra su exclusión ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que va a juzgar esta pieza desgajada del sumario de los ERE.
Se queja de que la resolución del juez instructor del caso vulnera su derecho a la tutela judicial consagrado por la Constitución . En su escrito presentado el 10 de marzo pasado, el letrado autonómico discrepa del magistrado y esgrime que «carece de toda lógica que se nos aparte del procedimiento» por haber formulado unas conclusiones provisionales en las que se solicita el sobreseimiento. Dicha solicitud «no le impide asistir a este juicio» ni «intervenir en él en todos sus trámites , como parte legítima que es», lamentan. «Será al final del juicio […] cuando estará esta parte en disposición de concluir de forma definitiva, con la prueba practicada lo que el Derecho procesal», añaden. Por último, el letrado de la Junta puntualiza que no ha renunciado expresamente a una indemnización por el daño sufrido , por lo que no existe «obstáculo alguno» para que la Fiscalía la solicite ese resarcimiento económico si los acusados son condenados.
Anticorrupción cuestiona el papel de la Junta como acusación tras pedir el archivo apoyándose en un análisis «sesgado» del casoEl recurso legal de la Junta no cuenta con el respaldo de otra parte esencial del proceso, la Fiscalía Anticorrupción, que se ha opuesto a que se anule el auto del juez que la expulsa del juicio porque considera que está «conforme a Derecho», según un escrito del 8 de abril al que ha accedido ABC. El Ministerio Público cuestiona el papel ejercido por la Junta como acusación particular. Señala que «una vez dictado auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado, solicitó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones haciendo una valoración sesgada de las diligencias». A través de su gabinete jurídico aseguró que los hechos que conciernen al sindicalista de CCOO que presidía el comité de empresa Azucareras Reunidas de Jaén en Linares «no son objeto de investigación en esta causa», cuando «es sabido por todas las partes que sí lo son», hasta el punto de aparece en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Este delegado sindical se prejubiló en 2006 en dicha empresa y además fue incluido como intruso en el ERE subvencionado para la limpieza pública de Granada y estuvo percibiendo prestaciones por desempleo, según obra en el sumario de esta pieza.La juez María Núñez Bolaños abc La Audiencia anuló dos veces el archivo de la juez Núñez Bolaños La anterior juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, archivó dos veces la causa sobre las ayudas concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén. La Audiencia de Sevilla anuló los dos carpetazos en 2016 y 2018, al considerar que fue una decisión «apresurada y precipitada» al haberse apenas iniciado la instrucción.
Año y medio después, Bolaños volvió a archivar esta causa al no apreciar delito en la conducta de los ex altos cargos, empresarios y sindicalistas. La Junta respaldó a la juez asegurando que no había intrusos ni delitos. La Fiscalía se opuso al sobreseimiento y también la acusación popular ejercida por el PP andaluz, que alegó que abría la puerta a una «amnistía penal» para muchos de los investigados. La Audiencia dio la razón a la Fiscalía y al PP.El letrado autonómico afirma que «los investigados no son autores del delito o que el ilícito penal que nos ocupa solo podría predicarse del procedimiento específico », le reprocha la Fiscalía. Se da la paradoja de que la Junta decidió retirarse de la pieza principal del caso ERE que llevó al banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , tras reservarse una acciones civiles que no ha ejercido tras la condena de los ex altos cargos socialistas.
A pesar de que la Administración perjudicada no ha pedido indemnización a los acusados, la Fiscalía asume ese papel para representar los intereses públicos y defiende que « está legitimada para el ejercicio de la acción civil conjuntamente con la acción penal ».
Fuente ABC
