El fiscal federal Carlos Amad confirmó a medios locales que avanza una investigación sobre una asociación ilícita que facilitó miles de pensiones no contributivas en las provincias de Salta y Jujuy, con un perjuicio económico estimado en billones de pesos.
Amad detalló que en Salta hay alrededor de 56.000 pensiones en cuestión, mientras que en Jujuy se registraron 26.000. “Estamos camino a determinar cuáles de ellas fueron bien otorgadas y cuáles de ellas fueron mal otorgadas“, señaló.
Profesionales involucrados
El fiscal mencionó que varios profesionales están involucrados, aunque uno de ellos actúa como el nexo. “Hay un montón de pensiones que son totalmente irregulares, algunas concedidas a la una de la mañana o a las 12 de la noche, y otras que no tienen ni un solo certificado”.
El perjuicio es monumental…
El perjuicio económico hacia el Estado podría ser monumental. “Si se llega a confirmar la hipótesis, estamos hablando de billones de pesos”, advirtió el fiscal, quien mencionó que cada persona involucrada en la conformación del expediente administrativo cumplió un rol dentro de esta estructura criminal.
La investigación comenzó hace aproximadamente seis meses con el caso de un médico de Joaquín V. González. Amad remarcó la necesidad de identificar a quienes otorgaron las pensiones irregulares para proceder con las imputaciones necesarias.
“Lo primero que se va a realizar es determinar quiénes otorgaron las pensiones y quiénes participaron de la asociación ilícita”, indicó. Algunas personas mencionadas, como la esposa de un intendente salteño, negaron “rotundamente” haber cobrado pensiones.
Los profesionales que emitieron certificados irregulares ya están identificados y la investigación se encuentra en una fase avanzada para elevar las imputaciones. La situación en Salta refleja un grave problema, donde personas con discapacidades reales enfrentan enormes dificultades para acceder a sus derechos.
Fuente Mendoza Today
