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La Fiscalía ha pedido a la juez que investiga la gestión de la dana que se identifique a todos los componentes del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y se detalle quienes asistieron a la reunión presencialmente y quienes la siguieron de forma telemática, la mayoría representantes de organismos del Gobierno.
Entre ellos, la propia delegada Pilar Bernabé o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).En ese sentido, el Ministerio Público pone el foco en que el informe solicitado a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias detalle el periodo de tiempo -entre las 18 y las 19h, según el Ejecutivo central- en el que el trabajo fue «exclusivamente presencial», como indicó la Generalitat a la magistrada sobre las pausas realizadas en la videoconferencia, y quiénes formaron parte de este organismo en ese periodo.
Durante ese ‘apagón’, un correo de la CHJ -del que nadie alertó en ese encuentro, según las últimas declaraciones judiciales- advirtió a las 18.43h de la brutal subida del barranco del Poyo, que provocó la mayor parte de las 228 muertes.Así se solicita en un escrito, consultado por ABC, remitido por el fiscal al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valencia. Aunque está fechado el 9 de abril, ha sido trasladado este miércoles a las partes. Un documento en el que se reclaman una extensa batería de diligencias. Entre ellas, reclama informes a Emergencias de la Generalitat y a la CHJ para saber qué seguimiento hicieron de la situación en la rambla del Poyo y qué información ofrecieron los técnicos en el Cecopi.En otro escrito, el fiscal rechaza investigar de momento -como solicitaba una acusación- al presidente de la CHJ, Miguel Polo; así como al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez; a la jefa de servicio, Inmaculada Piles; y al director general, Alberto Martín Moratilla. El Ministerio Público considera que se pedía una «imputación genérica».
Fuente ABC
