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España
Por Blaca White- Envío especial para Total News Agency-
¿Quién da la orden de ejecutar a un agente de la ley? Spoiler: no es una peli de Scorsese.
España, 2025. No estamos en Calabria ni en Medellín. Estamos en el corazón de Europa, supuestamente. Pero los audios filtrados esta semana —y que deberían haber provocado una dimisión en cadena y una alarma nacional— revelan algo que muchos ya intuíamos: el PSOE no es un partido político. Es una organización mafiosa. Una que opera sin escrúpulos, sin vergüenza y, lo más peligroso, sin freno.
En estos audios, una figura del entorno socialista, María Leire Díez Castro —ex teniente de alcalde socialista y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos— exige literalmente la cabeza del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Balas está al frente de la investigación que tiene al PSOE temblando: la trama de corrupción que salpica directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su hermano, David Sánchez.
Durante una reunión telemática celebrada en febrero, Díez Castro se dirigió a Alejandro Hamlyn, un empresario juzgado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, solicitándole información comprometedora sobre Balas. La frase que pronunció es escalofriante: “Si Balas está muerto, mejor”.
Y lo que hace aún más obscena esta historia es el nivel de impunidad. ¿Dónde está el resto de partidos? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está el Congreso exigiendo una comisión de investigación urgente? Ah, claro. Están todos ocupados debatiendo si una galleta es transfóbica o si hay suficientes colores en la bandera de la justicia social. Mientras tanto, se amenaza a mandos policiales, se manipulan investigaciones y se intoxica a la opinión pública con el silencio como herramienta de tortura.
Esto ya no va de ideologías. Va de dignidad. Va de ley. Va de si tenemos o no tenemos país.
Justicia y democracia: dos palabras que en España son pura decoración institucional.
Vamos a ponerle nombre a las cosas. Justicia es, por definición, la aplicación imparcial de la ley. Es el equilibrio sagrado entre derechos y deberes, entre castigo y reparación. Democracia, por su parte, no es votar cada cuatro años y tragarte lo que venga después. Democracia real implica separación de poderes, control al gobernante, transparencia institucional, rendición de cuentas y respeto absoluto al mandato popular.
Y dime tú, ¿cuál de esas cosas se cumple hoy en España?
Ni una.
Porque aquí, quien señala la corrupción es acusado de “agitador radical”, y quienes la ejecutan acaban en consejos de administración, con sus bolsillos rebosantes y sus nombres aplaudidos en los foros internacionales. Aquí la ley no es igual para todos: es más bien una barra libre para la casta, una horca para el disidente, y un chiste para el pueblo.
En otros países —y cuando digo “otros países” me refiero a democracias medio serias, no a paraísos fiscales disfrazados de repúblicas—, por muchísimo menos ya habría caído medio Gobierno, y estaríamos viendo expropiaciones, confiscaciones de bienes, congelación de cuentas, y hasta persecución internacional de testaferros. Porque lo que han hecho (y siguen haciendo) no es solo corrupción: es crimen organizado con estructura estatal. Una mafia institucionalizada que usa el aparato del Estado como cortina, como escudo y como arma.
¿Y aquí? Aquí siguen en su poltrona, con sus trajes de 3.000€, sus asesores a dedo y sus megasueldos públicos. Viven como reyes mientras tú no puedes ni llenar el carrito del súper. Y cuando alguien intenta tirar de la manta, ya sabemos cómo acaba: señalados, silenciados, o directamente muertos en vida.
España no tiene democracia. Tiene una simulación de democracia que opera bajo las reglas del marketing político, la censura bien maquillada, y el chantaje emocional disfrazado de progreso.
Y justicia… la justicia en España ha sido secuestrada. No por los jueces, muchos de los cuales siguen resistiendo como pueden, sino por las élites políticas, mediáticas y económicas que les dictan a quién procesar y a quién no tocar.
Y te lo digo claro: o se limpia esto desde abajo y con fuerza, o acabaremos todos viviendo en una cárcel sin barrotes, pero con muchos impuestos y muchas pantallas. Porque la verdadera libertad, querido lector, empieza cuando uno deja de tragar y empieza a mirar de frente.
España: la dictadura que se disfraza de democracia para dormir tranquila.
Qué curioso que este gobierno, que no pierde oportunidad para demonizar la dictadura franquista, que monta ministerios de memoria histórica con dinero público, subvenciona asociaciones de víctimas con décadas de retraso y hasta cambia nombres de calles por decreto, sea hoy más dictador que el propio Franco. Sí, lo digo sin pelos en la lengua.
Porque dictadura no es solo un militar con uniforme y brazo en alto. Dictadura es también un presidente que legisla por decreto, esquivando el Parlamento como quien esquiva un charco. Que convierte cada viernes de Consejo de Ministros en una rueda de prensa imperial, en la que se anuncian nuevas “medidas urgentes” que afectan a tu bolsillo, a tu casa, a tus hijos… sin haberse debatido jamás con tus representantes. ¿Eso no es dictar? ¿Eso no es autoritarismo?
Este gobierno ha perfeccionado el arte de la dictadura moderna: silenciosa, bien peinada y con lenguaje inclusivo. Una tiranía con rostro amable, que se fotografía con niños, canta en festivales y se cuelga medallas de diversidad, mientras por detrás asfixia al disidente, manipula los medios, y reescribe la historia al gusto del poder.
¿Y qué ocurre con la disidencia? Que se persigue. Pero no con fusiles, no: con querellas, con bloqueos digitales, con algoritmos de censura, con amenazas veladas y con campañas de descrédito orquestadas desde las cloacas.
Mira lo que han hecho con Joséle Sánchez, perseguido por hacer periodismo del que ya no queda: incómodo, directo, valiente. O con Vito Quiles, un joven que se atrevió a preguntar donde duele y que, por ello, ha sido apaleado mediáticamente, acusado, expulsado de actos, censurado en redes y ridiculizado por una élite política que no tolera preguntas reales. Porque claro, están acostumbrados a los palmeros con micros, no a periodistas de verdad.
Y no lo olvides: cuando un régimen persigue al que pregunta, al que escribe, al que investiga… es que tiene mucho que esconder. El que gobierna con transparencia no teme a la verdad. Solo la tiranía le teme.
Este gobierno ha perdido la vergüenza y ha perdido el disfraz. Ya no lo ocultan: se creen impunes. Y mientras tú te debates entre pagar la luz o el alquiler, ellos blindan sus chiringuitos, sus decretazos, sus cadenas de favores y sus cuentas en el extranjero.
Franco, al menos, no presumía de ser otra cosa. Estos no solo son peores, sino que además se creen moralmente superiores. Y eso, amigo mío, es el colmo del cinismo.
¿Nos apagaron por error… o por diseño?
Lo que parecía un simple apagón masivo, otro de tantos síntomas de la decadencia nacional, se ha destapado como algo mucho más grave: un experimento energético encubierto orquestado por el Gobierno de España con el beneplácito de sus amos globalistas en Bruselas. Lo dijo The Telegraph, no un blog de teorías conspiranoicas. Y aunque el Gobierno lo niegue con esa sonrisa de teletienda, el hedor a chamusquina ya no lo tapa ni el ventilador más ecológico del mercado.
Resulta que la noche del 28 de abril, mientras medio país se iluminaba con velas y se comunicaba por señales de humo, el Ejecutivo estaba testeando —sin avisar a nadie— cuánta carga podía soportar la red si aumentaban al límite la dependencia de las renovables. Todo esto mientras preparan la retirada progresiva de las nucleares para 2027. ¿Resultado? 20 horas de oscuridad. Miles de familias incomunicadas. Ancianos atrapados en ascensores. Comercios saqueados en barrios sin ley. Y silencio oficial.
No fue un fallo. Fue un simulacro disfrazado de “transición verde”, sin avisar, sin plan B, sin inversión previa en una red eléctrica capaz de sostener la carga. Fue una irresponsabilidad con consecuencias gravísimas. Y lo más escandaloso: ni una dimisión. Ni una rueda de prensa digna. Ni una disculpa.
Claro, no les interesa reconocer que el “futuro sostenible” que nos venden no es viable, que las renovables mal implementadas no salvan al planeta, sino que lo ponen en jaque. ¿Renovables? ¿De qué? ¿De placas solares que duran seis años y luego se acumulan como basura tóxica en vertederos ilegales de Asia? ¿De molinos eólicos que arrasan campos y que solo funcionan cuando Eolo está de humor?
¿Y quién pagó esta broma? Pues tú, como siempre. El mismo que paga los impuestos más altos de Europa y recibe servicios dignos del Tercer Mundo. El que, mientras se congelaba en el salón, veía a la ministra Sara Aagesen embolsarse su sueldo de 84.600 euros anuales, y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, seguir cobrando sus 546.000 euros sin despeinarse.
¿Creías que era un error técnico? Fue un castigo. Un test encubierto. Un ensayo general para la gran obra del “nuevo modelo energético” europeo. Tú eres el conejillo de indias.
Y mientras tanto, los más ingenuos hacían stories bailando en los balcones cuando volvió la luz. ¡Qué nivel, Maribel! El país ardiendo y la gente celebrando un botón ON como si les hubieran perdonado la hipoteca. Permíteme el desprecio: mientras ellos aplaudían como focas domesticadas, en muchas ciudades se producían saqueos reales. Tiendas de zapatillas, joyerías, pequeños comercios: todos reventados y desvalijados en las zonas donde no volvió la luz hasta pasadas las 12. Familias asiáticas llorando de rodillas frente a sus negocios tratando de proteger lo poco que tenían. Y de esto, por supuesto, no habló nadie. Porque no encaja en la narrativa de la “España resiliente”.
Este país no está gobernado. Está gestionado como un experimento a cielo abierto. Y a ti, querido lector, te están usando como ratón de laboratorio.
VIVIMS EN UN SISTEMA QUE PREMIA A LOS MONSTRUOS.
Y como si nos faltara podredumbre institucional esta semana, va y se confirma lo que solo un país completamente anestesiado podría permitir sin prender fuego al código penal: Nanysex está libre.
Sí, ese mismo. Antonio Ortiz. El tipo que no solo violó a bebés —bebés, joder— sino que grababa sus crímenes y los compartía, convirtiendo el dolor infantil en moneda de cambio para una industria subterránea de horrores. Un nombre que debería provocar escalofríos en cualquier mente humana con dos neuronas y media en funcionamiento. Y sin embargo, ahí está. Libre. Por la puerta grande. Sin rehabilitación, sin garantías, con el riesgo de reincidir intacto. Y con el Estado sonriéndole como si fuera un contribuyente modelo.
Nos repiten el cuento de siempre: que ya cumplió su condena. Que no se le puede retener más. Que los derechos humanos. Como si las víctimas no fueran humanas. Como si el sufrimiento de esos niños no tuviera derecho a perpetuidad.
¿Y sabes por qué sale libre? Porque el sistema no tiene memoria. Porque el sistema no quiere tener memoria. Porque prefiere blindar a los verdugos que enfrentarse a la magnitud de sus crímenes. Porque reconocer que Nanysex debería estar encerrado para siempre implicaría admitir que el sistema judicial es una broma, y el sistema penitenciario, un insulto.
Y aquí no hablamos de redención. No hay redención posible para alguien que viola bebés. No existe terapia, ni programa, ni dios que limpie esa culpa. Aquí lo único que existe es complicidad institucional, negligencia judicial y una sociedad que ya ni se inmuta.
¿Cómo le explicas a un niño que su abusador puede salir en diez años, mientras él arrastra las secuelas toda la vida? ¿Cómo le explicas a una familia que debe protegerse del sistema, no gracias al sistema?
Y lo más macabro: a este tipo lo montaron en una industria. No era un lobo solitario. Era parte de una red. Una red que, por supuesto, sigue operando. Porque cuando los monstruos salen a la calle, no es porque el mundo sea más justo. Es porque la cloaca ha subido hasta el salón.
Así que no, no me vengáis con tecnicismos legales ni con progresismo condescendiente. Esta no es una victoria del Estado de derecho. Es la rendición del Estado ante el crimen. Es un recordatorio de que en España, si haces daño suficiente y tienes abogados decentes, siempre te espera la libertad.
Y mientras tanto, miles de personas están en prisión por delitos no violentos, por errores fiscales, por decisiones desesperadas. Y este ser… camina libre. En tu ciudad. Quizá en tu calle. Quizá viendo a tus hijos en el parque.
Y que nadie me diga que no lo vieron venir. Porque ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era que íbamos a tragárnoslo tan en silencio.
Las Mil y Una Togas, o cómo la justicia se levanta mientras el Gobierno se disfraza de democracia
Y ahora, como si el sistema no estuviera ya suficientemente en llamas, viene el golpe final: el asalto a la justicia. No por sorpresa, claro. Lo han anunciado a plena luz del día, como hacen los tiranos con complejo de influencer: con decretos, con reformas exprés, con una sonrisa de cera y un boli lleno de veneno.
El próximo 11 de junio a las 12:00, miles de jueces y fiscales —todos menos los de la corte de peluche progresista, esos que se sacan el carné de neutralidad en el mismo sitio donde emiten sus votos— pararán durante diez minutos para plantarse contra el mayor atentado a la justicia independiente de nuestra era democrática. Diez minutos de silencio que gritarán más que todos los monólogos del Congreso juntos.
¿El motivo? Un proyecto de ley que básicamente permite enchufar jueces como si fueran asesores de un concejal de fiestas, sin pasar por una oposición en igualdad de condiciones. Un sistema de “acceso alternativo”, que no es más que clientelismo judicial con disfraz de inclusión. Porque claro, ¿para qué esforzarse en preparar una oposición durante años cuando puedes tener “beca” y enchufe garantizado por fidelidad ideológica?
Y ojo, que los nuevos cargos no serán flor de un día. No. Serán jueces de libre designación con plaza fija. Permanentes. Inamovibles. Colocados por afinidad, por cuota o por “ajuste institucional”, que es como llaman ahora al amiguismo constitucionalizado. Es el sueño húmedo de cualquier autócrata: jueces sin oposición, sin independencia y sin alma.
Y aún hay quien se sorprende cuando se habla de que el Estado de derecho está en coma inducido.
El mensaje que me llega de un juez —un tipo que no sale en los medios pero que firma con nombre, apellidos y dignidad— es un clamor desesperado:
“Nos jugamos la justicia independiente. Y si caemos, de esa miseria moral no se vuelve rápido.”
“Nos quieren sustituir por una justicia domesticada, de obediencia debida. Nos quieren callados. Nos quieren suyos.”
Y ahí nace Las Mil y Una Togas, una nueva alianza de jueces, fiscales, abogados del Estado, letrados, procuradores y ciudadanos que no piensan tragarse este golpe de Estado encubierto. Ya son más de 2.000 en apenas 72 horas. Y subiendo. No es una huelga: es una barricada moral con toga.
No es una protesta sectorial. Es un SOS constitucional. Porque si la justicia cae, lo próximo es tu libertad. Tu casa. Tu familia. Tus derechos.
Y no lo digo yo. Lo dicen quienes firman sentencias cada día. Lo dicen quienes deciden sobre custodias, sobre patrimonio, sobre tu libertad. Lo dicen los que quieren que el sistema funcione aunque duela, no que sea una pantomima complaciente para que los del BOE duerman tranquilos.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar a otro lado? ¿Reírte con memes mientras te vacían el poder judicial y te cuelan un ministerio paralelo de jueces obedientes?
Porque si no se para esto ahora, después no quedará ni a quién reclamarle justicia.
El problema no es que vengan —es cómo vienen, y qué hacen cuando llegan
El 7 de junio, Madrid será escenario de una manifestación que no nace del odio, sino de la pura desesperación. Porque cuando los barrios se llenan de miedo, cuando las mujeres dejan de caminar tranquilas al anochecer, cuando los abuelos duermen con la cadena echada y los niños aprenden a temer a la esquina… es que algo ha fallado. Y no, no es racismo. Es realismo.
Estamos hartos. Hartos de que nos tachen de xenófobos cada vez que pedimos que no se convierta nuestro país en una réplica de los lugares de los que esta gente huye. Porque lo decimos claro: no estamos en contra de la inmigración. Al contrario. Este país necesita brazos, talento, esfuerzo y cultura. Bienvenidos los que vienen a levantar España con trabajo honrado, como tantos españoles hicieron al salir a Alemania, a Suiza, a Francia. Bienvenidos los que vienen con ganas de sumar, de integrarse, de sembrar aquí lo que no pudieron en su tierra.
Pero a esos otros… a los que llegan con la violencia en la mochila, con la cultura del machete, del abuso, del “yo vengo a coger lo que me toca” —a esos hay que frenarlos. Y sí, da igual que tengas la piel oscura, clara o intermitente: si vienes a sembrar terror, si vienes a vivir del cuento, si vienes a estafar al Estado y a pisotear la convivencia, este no es tu sitio.
Y quien diga lo contrario, miente. Porque ni siquiera el más progre quiere que le asalten al hijo en la parada del bus. Ni el más rojo quiere que su barrio se convierta en zona de guerra. Ni el más inclusivo quiere que la ayuda social se convierta en droga institucional.
España necesita inmigración, sí. Pero no necesita importadores de miseria ni aprendices de criminal. Si huyes del infierno, no traigas el fuego contigo. Aquí se viene a construir, no a destruir. Y si eso te ofende, entonces ya sabes qué tipo de inmigrante no eres.
Esta manifestación es por la seguridad. Por la dignidad. Por el derecho a vivir sin miedo. No es contra nadie: es a favor de todos los que respetan esta tierra, hayan nacido aquí o no.
No olvides. No te canses. No te calles.
Y ahora, cuando todo parece arder y las noticias se suceden como ráfagas de metralla, cuando aún no has procesado un escándalo y ya te están lanzando el siguiente… detente un momento y respira.
Porque ese bombardeo no es casual. Es estrategia. Es guerra psicológica de baja intensidad.
Cada día un sobresalto, una indignación, una nueva barbaridad institucional. Ayer fue el apagón, hoy la mafia política, mañana la liberación de un monstruo. Al día siguiente, una reforma judicial que busca amaestrar jueces. Después, una agresión callejera que vuelve a poner a nuestros barrios al límite.
¿Y después? Otra noticia. Otro grito. Otro titular.
Sin respiro. Sin pausa. Sin memoria.
¿Dónde quedó Jessica, la “asesora” que Ábalos metió a dedo en un puesto directivo de ADIF, con un sueldo de más de 84.000 euros al año, y que ni siquiera sabía dónde estaba la oficina? ¿Dónde están los que pidieron explicaciones? ¿Dónde está la indignación de ese día?
Perdida. Pisoteada por la siguiente basura informativa que nos lanzaron por la cabeza.
Nos están agotando. A propósito. Porque una sociedad agotada no lucha: suspira. No reacciona: se queja. Y en eso nos hemos convertido… en quejicas de pantalla, en críticos de sofá, en disidentes cansados que ya no recuerdan ni por qué estaban furiosos hace dos semanas.
Pero no podemos permitirlo. No ahora.
El 7 de junio tienes la oportunidad de salir a la calle, a decir que esta tierra merece respeto, seguridad y convivencia real, no el caos planificado por la incompetencia.
El 11 de junio, a las 12:00, puedes apoyar a quienes todavía luchan por que la justicia no sea un teatro con actores a dedo.
Y desde ya mismo, puedes unirte a Las Mil y Una Togas, una alianza que no solo defiende a jueces y fiscales, sino a toda persona decente que cree que el poder debe tener límites, y la verdad, garantías.
Porque el que no lucha, pierde.
Y si no nos organizamos, si no convertimos esta indignación en una fuerza coordinada, entonces nos condenamos a ser espectadores eternos de nuestra propia ruina.
Así que no te canses.
No te rindas.
No te desconectes.
La batalla por este país no se libra solo en el Parlamento ni en los medios.
Se libra en tu cabeza, en tu casa, en tu agenda.
Comparte. Difunde. Organiza. Habla. Actúa.
Y sobre todo: recuerda.
Porque ellos quieren que olvides.
Y si olvidamos, ganan.
Y si has llegado hasta aquí, si algo de esto te ha removido o te ha hecho pensar…
invítanos a un café. https://buymeacoffee.com/blancawhite
