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Buenos Aires, 29 de mayo de 2025 – Total News Agency – TNA–La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este miércoles las condenas a Lázaro Báez y otros 21 imputados por maniobras de lavado de dinero en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al declarar “inadmisibles” los recursos de apelación de las defensas. El fallo, que marca un hito judicial en causas por corrupción, aún no alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo sobreseimiento fue revocado y que continúa bajo investigación en este expediente.
La resolución fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin expresar fundamentos. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que debía intervenir previamente la Procuración General.
Con este pronunciamiento, quedó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez, por haber lavado más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 mediante una estructura de sociedades y operaciones financieras en el país y el extranjero. La causa ganó visibilidad pública tras la difusión, en 2016, del video de “La Rosadita”, en el que se veía a su hijo Martín Báez contando fajos de dinero.
Además de Báez, el fallo ratificó las penas para otros implicados, entre ellos su hijo Martín (seis años y medio), los financistas Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años), el empresario Julio Mendoza (cinco años) y el arrepentido Leonardo Fariña (tres años y medio). En total, 22 personas fueron condenadas, mientras que las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de pruebas.
El Tribunal Oral Federal N° 4, que llevó adelante el juicio entre 2018 y 2021, deberá ahora determinar las penas efectivamente cumplidas, la situación de los imputados con prisión preventiva y la ejecución de las condenas. También quedaron firmes las millonarias multas económicas, que en algunos casos llegan a los 328 millones de dólares, así como el decomiso de activos por un valor superior a los 65 millones.
La investigación se inició en 2013 tras un informe periodístico y se fortaleció tres años más tarde con la viralización del video en la financiera SGI, epicentro de las operaciones ilegales. La Justicia determinó que las maniobras de lavado estuvieron precedidas por evasión impositiva y la utilización de facturación falsa, en operaciones vinculadas a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, de estrecha relación con el kirchnerismo.
En cuanto a la ex presidenta Cristina Kirchner, la situación judicial en esta causa permanece abierta. Aunque había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara Federal revocó esa decisión tras la incorporación de una ONG como querellante. La Corte Suprema, en su reciente fallo, también rechazó los planteos de su defensa, aunque por motivos formales, por lo que la investigación seguirá su curso.
Mientras tanto, el máximo tribunal tiene bajo análisis la apelación presentada por la defensa de Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, donde fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La Cámara de Casación confirmó esa sentencia en 2024, pero la Corte aún debe expedirse sobre el recurso de queja presentado por su defensa.
Se espera que el pronunciamiento definitivo en “Vialidad” se produzca antes de la feria judicial de invierno, en un contexto político que podría verse fuertemente impactado por la ratificación o revisión de la condena contra la ex mandataria.
