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El presidente Javier Milei se encuentra en un momento político crucial, tanto para los próximos años de Gobierno como en el escenario electoral. Hay un sinfín de reclamos sociales que parecen en parte contradecirse con el apoyo que finalmente recibe en las urnas.
Uno de los temas más complejos refiere al sistema previsional en un momento en el que los jubilados no encuentran una salida a sus paupérrimas asignaciones y un bono fijado en 70 mil pesos desde hace ya más de un año.
Ante esto aseguran que se vetará cualquier ley previsional que erosione la administración de recursos públicos y ponga en jaque el déficit cero, la biblia del Gobierno a la hora de poner en funcionamiento la práctica de la economía.
A ello se suma el reclamo salarial de puntuales agentes públicos, tal como quedó evidenciado por parte del personal médico del hospital pediátrico Garrahan, acaso uno de los más importantes de la región.
En ese sentido, el Gobierno no ve una erosión profunda en su imagen pública, a pesar de lo que muchos analizan como una “falta de empatía” de parte de la administración nacional. Ello lleva a pensar que no habrá un cambio en las políticas implementadas.
Por ello es que el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó el veto a cualquier norma previsional, porque desde las altas esferas del poder en la Casa Rosada entienden que la eliminación del déficit es una meta noble. ¿A qué costo? Eso no importa.
No importan básicamente porque se destina dinero a otras áreas que son mucho más redituables políticamente hablando. Tal es el caso de la SIDE, donde los fondos reservados se acumulan, aunque no al nivel que esperaba el Gobierno, que a tal fin pretendía inyectar unos 100 mil millones de pesos.
Ni hablar de la flota automotor, que se lleva una onerosa parte de la caja pública, como los 72 que tiene el Senado o los 26 con los que actualmente cuenta la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que consumen en combustibles, seguros y hasta eventuales arreglos una buena parte del dinero del contribuyente.
En fin, hoy en día, tanto Milei como sus funcionarios tratan de mostrar un Gobierno robusto, eficiente y austero. Saben que la aprobación social le permite continuar con el mandato que se les dio en 2023.
Es el momento de hacerlo, aunque se base en medidas antipáticas, porque todo indica que los próximos años serán cuesta arriba. La llegada a la Casa Rosada erosiona la imagen de todos los presidentes una vez en funciones.
La muestra más férrea se puede ver con Cristina Kirchner, que abusó del apoyo social y hoy está mucho más relegada de lo que se esperaría de un expresidente con dos mandatos y tras haber ejercido la vicepresidencia.
La hoy titular del Partido Justicialista también tuvo sus encontronazos con los jubilados. No se puede pasar por alto el haber vetado el 82% móvil. Aun así en el 2011 ganó con el 54% de los votos, pero eventualmente su suerte se terminó.
Eso es lo que Milei hoy debería tener en la mira. La posibilidad de perder ese margen de votos que lo llevó a la presidencia pero que tiene un gar caudal de indecisos con el poder de sacarlo de la presidencia.
Es insostenible para cualquier gobierno, de cualquier color político, ignorar reclamos ciudadanos. Porque en definitiva no se enfrenta a un sector en particular, sino que son varias las demandas de la sociedad.
Además de mirar las cuentas públicas, el Gobierno se verá obligado en algún momento a tener en cuenta los requerimientos sociales si no quiere perder apoyo y, en última instancia, las elecciones.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
