“No podemos vivir con miedo”. La frase, cargada de dolor, es de Melisa Pelayes. Su padre, el policía retirado Héctor Pelayes, fue asesinado a sangre fría durante un robo en su hogar de Rodeo de la Cruz. Hoy, Melisa y su hermano Andrés no sólo buscan justicia por él. También exigen un cambio para que ninguna otra familia atraviese ese mismo calvario.
Su lucha apunta directamente al juez penal Sebastián Sarmiento. A través de su abogado, Franco Ambrosini -quien también es diputado oficialista- han presentado un pedido de Jury de Enjuiciamiento, convencidos de que una decisión del magistrado selló el destino de su padre.

El hombre que lo mató, afirman, nunca debió estar en la calle. “El juez Sarmiento lo liberó un año y siete meses antes, cuando el Código Penal lo prohibía expresamente”, explicó Ambrosini.
La presentación, realizada frente al Poder Judicial, es el epicentro de un reclamo que crece en silencio. “Nos contactamos con otras familias que pasaron por lo mismo, pero no se animaron a hablar”, confesó Melisa, con la voz quebrada. “Si seguimos callados, estos jueces van a seguir actuando con impunidad. Queremos salir a la calle con tranquilidad”.
El pedido de destitución se fundamenta en cinco fallos controvertidos de Sarmiento. Tres de ellos, según la denuncia, terminaron en muertes y abusos evitables. Además del caso Pelayes, el expediente menciona otras decisiones polémicas, como la orden de facilitar celulares e internet a toda la población penal o el traslado de dos reos peligrosos a San Rafael en contra de los informes técnicos.
Para el letrado denunciante, la situación es crítica. “La seguridad y la justicia están en riesgo si tenemos magistrados que desconocen los límites legales”, concluyó Ambrosini. “Hoy hay familias destruidas por esos fallos. Ya no se puede mirar para otro lado”.
Un juez “garantista”
El juez Sarmiento, considerado de corte “garantista”, ya estaba en la mira del sector político oficialista. La polémica por los celulares provocó en su momento la reacción de la vicegobernadora Hebe Casado, quien admitió que se analizaba si había mérito para un jury.
Pero el más contundente fue el mismo gobernador, Alfredo Cornejo, que se expresó abiertamente del magistrado, quien intervino en el caso de la encargada de un kiosco que fue golpeada salvajemente en ocasión de un asalto.
El primer mandatario provincial puso énfasis en que el delincuente portaba una extensa lista de entradas y salidas de la cárcel, y de aplicar penas bajas. “Sarmiento es un juez que ha liberado a gente que había cometido delitos muy graves, como un homicidio”, sentenció Cornejo.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today