Por Daniel Romero
Buenos Aires, 10 de junio -Total News Agency-TNA-Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir una condena de seis años de prisión tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia por corrupción en la causa Vialidad. El máximo tribunal rechazó los últimos recursos que buscaban revertir el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2, el cual había acreditado la existencia de una red sistemática de defraudación al Estado en la que la expresidenta jugó un rol central.
El fallo afirma que Cristina Kirchner lideró una “maquinaria de corrupción estructural” durante sus gobiernos, valiéndose del aparato estatal para beneficiar de forma irregular al empresario Lázaro Báez, con quien mantenía “lazos promiscuos y corruptos”. Entre 2003 y 2015, Báez fue adjudicatario de 51 contratos viales en Santa Cruz, en procesos licitatorios que, según la Justicia, carecieron de controles, fueron direccionados y ejecutados con sobreprecios, pagos adelantados y sin rendiciones claras.
La Corte respaldó los fundamentos de Casación, que describió la maniobra como una de las más graves de la historia institucional del país, por la magnitud del desfalco, la duración del esquema y la jerarquía de los funcionarios involucrados. La sentencia destaca que Cristina Kirchner “utilizó el poder conferido por su cargo para montar una ficción legal destinada a garantizar beneficios económicos indebidos a favor suyo y del grupo Báez”.
Entre los elementos que sustentaron la condena, se destacan decretos firmados por la exmandataria —como el 54/2009— que ignoraron advertencias jurídicas, el ocultamiento sistemático de irregularidades detectadas por organismos técnicos y las comunicaciones entre José López, Báez y la entonces presidenta en los últimos días de su mandato, organizando lo que denominaron el “plan limpiar todo”.
La resolución judicial también expuso cómo parte de los fondos públicos desviados terminaron en empresas de la familia Kirchner, revelando el móvil criminal detrás de la maniobra: el lucro personal de la jefa de Estado. Según los jueces, los funcionarios actuaron como si el Estado les perteneciera, dirigiendo recursos a un circuito de corrupción mientras desatendían las verdaderas necesidades de la población.
En este contexto, sectores del sindicalismo, organizaciones piqueteras, dirigentes del Partido Justicialista y del kirchnerismo han lanzado una ofensiva política para deslegitimar la condena, mediante actos, comunicados y advertencias veladas sobre un potencial estallido social. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa —quien expresó su “profunda preocupación” por la posibilidad de ser convocado en el futuro por causas similares—, denunció una supuesta “doble vara judicial” contra los dirigentes peronistas y llamó a “revisar la sentencia”. Organizaciones sociales, gremios y kirchnerismo cortan autopistas y calles.
Estas reacciones, sin base jurídica sólida, configuran un relato construido para blindar a una exmandataria condenada por corrupción, y reflejan un intento de manipulación del descontento social en defensa de privilegios políticos. La exaltación del “lawfare” como argumento unificador del frente opositor al fallo busca convertir en mártir a quien, según la Justicia, utilizó el poder del Estado para enriquecerse y encubrir una defraudación histórica.
La Corte Suprema, al dejar firme la condena, refuerza el principio de igualdad ante la ley y marca un punto de inflexión en el vínculo entre justicia e impunidad. El cumplimiento de la pena por parte de Cristina Kirchner representa no solo la concreción de una condena individual, sino el final de un ciclo de privilegios políticos transformados en impunidad legal. Mientras tanto, desde sectores afines a la exmandataria, se juega al límite con la tensión callejera, buscando erosionar el orden institucional con el pretexto de una supuesta persecución, cuando en realidad se trata del resultado de un proceso judicial transparente, documentado y con pruebas abrumadoras.
