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Buenos Aires, 10 de junio -Total News Agency-TNA-Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este martes la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad, a pocas horas de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena contra la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido, elevado al Tribunal Oral Federal N°2, también alcanza a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Según los fiscales, “la pena impuesta resulta insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, al tiempo que reclamaron el cumplimiento efectivo de las condenas “para reafirmar la finalidad preventiva de la pena y enviar un mensaje claro a la sociedad”.
En el extenso escrito presentado ante el tribunal, Luciani y Mola sostuvieron que “funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita” y que los condenados montaron “un plan sistemático de corrupción” para desviar fondos públicos mediante el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Señalaron que la maniobra benefició de manera directa a Lázaro Báez, a quien vinculan como “socio comercial” de los Kirchner en negocios privados.
“Los actos de corrupción aquí constatados provocaron un daño estructural al Estado democrático de derecho, afectando gravemente la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos como salud, educación, trabajo y justicia”, enfatizaron los fiscales. También advirtieron que la falta de ejecución inmediata de las penas podría debilitar la legitimidad de las instituciones y fomentar la percepción de impunidad entre funcionarios públicos.
Luciani y Mola recordaron que en todas las instancias del proceso solicitaron penas más severas, de hasta doce años de prisión, para los principales responsables de la maniobra delictiva. El fallo de la Corte, afirman, confirma la existencia del esquema de corrupción denunciado y, por lo tanto, habilita al tribunal oral a hacer efectiva la pena de manera inmediata.
“La corrupción, como la que quedó acreditada en este juicio, impacta de manera desproporcionada sobre los sectores más pobres de la sociedad. En un país como la Argentina, donde más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza, el desvío de fondos públicos es especialmente gravoso”, concluyeron.
El Tribunal Oral Federal 2 deberá ahora decidir si accede al planteo de los fiscales y ordena la detención de los condenados. La decisión marcará un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción más emblemáticas de las últimas décadas en el país.
