“Haga lo que haga la Corte no va a ser legal ni constitucional” dijo, el empleado de CFK, Gregorio Dalbón

Buenos Aires, 10 de junio -Total News Agency-TNA-Gregorio Dalbón, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia en la antesala del fallo por la causa Vialidad, y sostuvo que cualquier resolución del máximo tribunal será “absolutamente arbitraria”, anticipando una eventual condena contra la ex mandataria como parte de una maniobra política para impedir su regreso a la vida electoral.

“Esta causa no tiene tipicidad, ni reproche penal, ni conducta probada en juicio que justifique una condena. Haga lo que haga la Corte, no será legal ni constitucional”, declaró Dalbón en una entrevista con la radio AM 990. Según el letrado, el proceso judicial carece de sustento jurídico y responde a una estrategia de proscripción para evitar que Fernández de Kirchner se postule en las próximas elecciones legislativas.

El abogado también denunció que el sistema judicial argentino “no funciona” para su defendida y anunció que se encuentra camino a Ámsterdam con el objetivo de presentar el caso ante organismos internacionales. En ese marco, apuntó directamente contra los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a quienes comparó con el exjuez brasileño Sergio Moro, y advirtió que sus acciones serán denunciadas globalmente.

“La Corte actúa como un brazo del poder político. Si condenan a Cristina, estarán cometiendo el peor pecado jurídico: condenar a un inocente, y posiblemente también prevaricato”, acusó Dalbón, quien afirmó estar trabajando en circulares para enviar a medios internacionales, con el fin de visibilizar lo que califica como “un atropello institucional”.

En paralelo, distintos sectores sindicales preparan medidas de fuerza en respaldo a la ex vicepresidenta ante la posibilidad de una condena definitiva. La expectativa por la decisión de la Corte Suprema es máxima, ya que el tribunal debe pronunciarse sobre el recurso que solicita confirmar la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, y también sobre la apelación del fiscal que pide ampliar la pena a 12 años por asociación ilícita.

Diversos actores del ámbito jurídico coinciden en que, para garantizar una aplicación pronta y efectiva de la justicia, la Corte debería rechazar tanto el pedido de la defensa como la apelación fiscal. Esa decisión dejaría firme la condena ya dictada, evitando la reapertura de un nuevo juicio que podría extender el proceso judicial por años y permitir que Fernández obtenga nuevamente fueros parlamentarios.