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Buenos Aires, 10 de junio -Total News Agency-TNA-Cristina Fernández de Kirchner no podrá ser candidata en las próximas elecciones legislativas tras la confirmación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la condena en su contra en la causa Vialidad. El fallo, unánime y contundente, clausura definitivamente la instancia judicial y formaliza una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tiempo que marca el punto final a un proceso de más de una década que involucró a 14 jueces de distintas instancias.
El pronunciamiento del máximo tribunal se conoció este martes y ratifica lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y la Cámara de Casación Penal. De este modo, queda firme la condena por administración fraudulenta al Estado durante su gestión como presidenta de la Nación, en el marco del direccionamiento de contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.
El caso se inició en 2016, tras una denuncia impulsada por Javier Iguacel —entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri—. La instrucción quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien describió la existencia de una organización criminal enquistada en el Estado, destinada al desvío sistemático de fondos públicos a través de la adjudicación discrecional del 80% de las obras viales en Santa Cruz al Grupo Austral, de Báez.
En la etapa de instrucción intervinieron también los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ambos designados durante gestiones kirchneristas. Luego, el expediente pasó por la revisión de la Sala I de la Cámara Federal —con los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia— y la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —compuesta por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo—.
El juicio oral estuvo a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, todos designados durante gobiernos kirchneristas. Tras dos años y medio de audiencias, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner el 6 de diciembre de 2022. La Fiscalía, encabezada por Diego Luciani —también designado por decreto de la entonces presidenta en 2013—, sostuvo que la exmandataria debía responder además por asociación ilícita, como jefa de un entramado delictivo con fines de lucro personal y político.
La sentencia fue apelada por la defensa de Kirchner, pero la Cámara de Casación, con la firma de Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña, ratificó el fallo. Ahora, con la decisión de la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— el proceso judicial ha concluido. La Corte ya había intervenido en la causa en 2021, cuando desestimó recursos dilatorios y allanó el camino para que el juicio oral se concretara. Entonces, Juan Carlos Maqueda aún integraba el tribunal.
Con la condena firme, Cristina Fernández de Kirchner queda legalmente impedida de competir en las elecciones legislativas de este año, donde se había propuesto como cabeza de lista por la tercera sección electoral bonaerense. Su candidatura era parte de la disputa interna dentro del peronismo, en especial frente al gobernador Axel Kicillof, tras la decisión de desdoblar los comicios provinciales.
La sentencia no solo pone fin a una extensa causa judicial, sino que derrumba el relato de impunidad sobre el que el kirchnerismo pretendió sostener su liderazgo. La decisión de la Corte reafirma el principio de que nadie, por más poder que haya acumulado, puede estar por encima de la ley.
Frente a este hecho histórico, la dirigencia kirchnerista intenta replegarse en un discurso de victimización que, lejos de ofrecer respuestas jurídicas, apunta a generar un clima de tensión social y deslegitimar a las instituciones. Pero el fallo es claro, sólido y respaldado por una amplia evidencia. La maquinaria judicial actuó con independencia, a lo largo de más de nueve años, y bajo la firma de catorce jueces, muchos de ellos designados por la propia condenada.
Con esta resolución, se cierra un capítulo decisivo de la historia reciente del país, en el que el uso espurio del poder público y los negocios privados de la política fueron finalmente expuestos y juzgados. Cristina Kirchner deberá responder ante la Justicia y ante la historia, lejos del poder y sin el escudo de la impunidad.
