Buenos Aires, 10 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 cumplir la pena en su residencia de la Ciudad de Buenos Aires bajo arresto domiciliario, sin monitoreo con tobillera electrónica y manteniendo el esquema de custodia actual a cargo del comisario Diego Carbone.
CFK no quiere usar tobillera: Cabe destacar que Cristina Kirchner es una persona poderosa con contactos políticos internacionales y poder económico, que en caso que el Juez Gorini opte por conceder la exigencia de Cristina Kirchner de no usar tobillera electrónica, facilitaría que pudiera fugarse, sobre todo luego de un tiempo de domiciliaria cuando su psiquis no tolere la situación.
El planteo fue formalizado por sus abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, mediante un escrito de 13 páginas ingresado poco después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena por corrupción. En el texto, los letrados pidieron que se omita cualquier paso previo por una dependencia carcelaria o alcaidía y se disponga directamente el cumplimiento de la pena en el domicilio de San José 1111, donde la ex vicepresidenta convive con su hija, Florencia Kirchner.
La defensa fundamentó su solicitud en diversos argumentos. En primer lugar, en la edad de la ex mandataria, de 72 años, que la habilita —aunque no obliga al juez— a acceder al beneficio del arresto domiciliario, según lo previsto en el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal. En segundo término, hicieron especial énfasis en las condiciones particulares de Cristina Kirchner, señalando que “posee información clasificada y secretos de Estado” derivados de su rol institucional, y que es “sobreviviente de un intento de magnicidio”, en alusión al atentado del 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle a corta distancia en la puerta de su domicilio.
Beraldi subrayó además que un eventual ingreso de la ex vicepresidenta a un establecimiento penitenciario común obligaría, por razones de seguridad, a mantenerla en un régimen de aislamiento extremo y vigilancia permanente, lo cual —según la defensa— “resulta incompatible con los estándares constitucionales y convencionales” vigentes en materia de ejecución penal.
Respecto al pedido de no utilizar una tobillera electrónica como mecanismo de control, los abogados argumentaron que su defendida ya cuenta con una custodia estable, brindada por personal especializado del Ministerio de Seguridad, lo que tornaría innecesaria la implementación de ese dispositivo. También destacaron que, según antecedentes judiciales, el uso de tobillera no es obligatorio en todos los casos de prisión domiciliaria, especialmente en contextos de custodia continua. De hecho, el propio juez del tribunal, Jorge Gorini, ha concedido arrestos domiciliarios sin este tipo de tecnología en otras oportunidades, debido a la escasez de dispositivos disponibles y a evaluaciones individualizadas de riesgo.
A pesar de este pedido, la posición del Ministerio Público Fiscal fue diametralmente opuesta. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron la “inmediata detención” de la ex presidenta y del resto de los condenados en la causa, sin más dilaciones. En su presentación sostuvieron que el plazo otorgado por el tribunal —cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia— resulta excesivo, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional, lo que, a su criterio, podría entorpecer la correcta ejecución de la pena.
“La falta de una reacción sancionatoria inmediata podría transmitir el mensaje de que las normas internas e internacionales destinadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no resultan exigibles para algunos funcionarios públicos”, advirtieron los fiscales en un escrito contundente.
Frente a estos planteos cruzados, el juez Jorge Gorini decidió, por el momento, mantener el esquema previsto en su resolución original: los nueve condenados, incluida Cristina Kirchner, deberán presentarse personalmente en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles 19 de junio para hacer efectiva su detención, en el marco del cumplimiento de la condena ya confirmada.
A partir de entonces, el magistrado evaluará los planteos de las partes, tanto el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa como la solicitud de ejecución inmediata de la pena por parte del Ministerio Público Fiscal. Hasta tanto no se resuelva esa instancia, el destino final de la ex mandataria y de los otros condenados permanece abierto.
La causa Vialidad, en la que también resultaron condenados ex funcionarios como Julio De Vido, Lázaro Báez y José López, involucra un esquema de adjudicación irregular de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, y constituye el primer juicio oral que derivó en una condena penal para Cristina Fernández de Kirchner.
TNA
