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Buenos Aires, 10 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada anticipan que su eventual detención se realizará con “cautela y respeto institucional”, buscando evitar una exposición pública humillante de la dos veces mandataria y con el objetivo de despegarse del enfoque que tuvo el macrismo en casos similares.
“Esto no va a ser un show. No habrá fotos humillantes ni exhibiciones innecesarias”, deslizó una fuente del Ejecutivo a la agencia Noticias Argentinas-NA-, aludiendo a la recordada imagen de Amado Boudou —entonces exvicepresidente— esposado, en pijama y descalzo, al momento de su detención en 2017 por orden del gobierno de Mauricio Macri. La escena, que generó un fuerte impacto mediático, parece haberse convertido en lo que la actual administración quiere evitar a toda costa.
Aunque los aspectos procesales corresponden al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que debe definir las condiciones concretas de la comparecencia de la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad —a cargo de Patricia Bullrich— confirmaron que están participando de las deliberaciones en curso sobre los posibles escenarios logísticos.
Por el momento, el juez Jorge Gorini estableció un plazo de cinco días hábiles para que Cristina Kirchner se presente en los tribunales de Comodoro Py. Si la Justicia rechaza el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, no se descarta la posibilidad de que deba cumplir su condena de seis años en una dependencia federal, aunque desde el entorno judicial consideran ese desenlace como “poco probable”.
La situación genera incomodidad en las más altas esferas del Poder Ejecutivo, donde predomina una cautelosa prudencia. En los pasillos de Balcarce 50 insisten en que se trata de un proceso judicial y no político, y que el Gobierno no interferirá en las decisiones que tome la Justicia. Sin embargo, hay preocupación por el impacto institucional y político que puede tener el encarcelamiento de una exmandataria que, además, fue víctima de un intento de magnicidio en 2022.
La estrategia judicial de la defensa
En paralelo, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron ante el TOF2 un pedido formal para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla la condena en su departamento de la calle San José, en el barrio de Monserrat, sin pasar por una alcaldía ni usar tobillera electrónica. En su presentación, argumentaron que la seguridad de la exmandataria solo puede garantizarse plenamente bajo custodia privada y en un entorno controlado.
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón reiteró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia para decidir sobre la modalidad de detención y descalificó las declaraciones públicas de Patricia Bullrich, a quien acusó de “hacer campaña política con una causa judicial”. “Bullrich está postulándose para reemplazar a Milei o a Videla”, ironizó el letrado en diálogo con la prensa.
Además, Dalbón anunció que ya presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya y que planea acudir en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal, lo que habilitaría la revisión extraordinaria de la condena. La defensa también evalúa impugnar la intervención de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, quienes integraron el tribunal de Casación que confirmó la pena.
Un caso sin precedentes
La posible detención de Cristina Fernández de Kirchner representa un hecho inédito en la historia democrática reciente de la Argentina. Se trata de la primera vez que una expresidente elegida en dos mandatos consecutivos afronta una condena penal firme y enfrenta una eventual privación de libertad. Desde luego, tambien es la primera vez que a una ex Presidente se le comprueba el saqueo de una nación.
El Gobierno, que, curiosamente mantiene un discurso de neutralidad institucional, alejado de declaraciones risonates, se encuentra en una posición delicada: debe garantizar el cumplimiento de la ley sin desatar una crisis política mayor. Por el momento, desde el oficialismo destacan que Cristina no ha alentado protestas ni acciones de resistencia, y que eso podría facilitar una resolución sin sobresaltos.
Mientras tanto, la oposición política K y organizaciones de derechos humanos vinculadas, observan de cerca cada movimiento del proceso y realizan fuerte declaraciones, lejos de la desacostumbrada prudencia del ejecutivo, conscientes de que su desenlace podría marcar un antes y un después en la relación entre la Justicia y el poder político en Argentina.
