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Buenos Aires, 10 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, la Justicia federal avanza con un nuevo frente: recuperar los fondos defraudados al Estado a través de la ejecución de los bienes de los principales condenados, entre ellos la expresidenta y el empresario Lázaro Báez.
La residencia de Lazro Baez en El Calafate
El fiscal federal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación durante el juicio oral, presentará en los próximos días un pedido formal para que se inicie el proceso de restitución de los fondos. La cifra estimada de perjuicio económico ronda los 85 mil millones de pesos. En caso de que no se efectúe el reintegro voluntario en un plazo de diez días hábiles, la Justicia avanzará con la ejecución de los patrimonios involucrados.
El proceso judicial contempla la posible subasta de 27 inmuebles registrados a nombre de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y sociedades familiares como Hotesur y Los Sauces. Entre las propiedades se encuentran hoteles, departamentos, terrenos, oficinas, y cinco cocheras ubicadas en el edificio Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde la expresidenta y su entorno más cercano establecieron una estructura financiera que ahora se considera parte del esquema de corrupción investigado.
Además, figuran en la lista de bienes bajo análisis 4,6 millones de dólares incautados a nombre de Florencia Kirchner, encontrados en una cuenta vinculada a Hotesur, y otro millón de dólares que permanece congelado en una cuenta bancaria. Estos montos también podrían ser ejecutados en caso de que no se produzca la devolución exigida.
El empresario santacruceño Lázaro Báez, uno de los principales beneficiarios de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, también será objeto de medidas judiciales. Se calcula que al menos 60 propiedades de su propiedad, la mayoría en el sur del país, serían puestas en venta para cubrir parte del daño al Estado. La acusación sostiene que el 50% de las obras adjudicadas a su empresa Austral Construcciones fueron abandonadas, pese a que se cobró el total de los contratos.
El avance de la ejecución patrimonial tiene lugar después de que la Corte rechazara los últimos recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner, quien había sido condenada por administración fraudulenta. La resolución del máximo tribunal habilitó a que el Tribunal Oral Federal N° 2 dé inicio al recupero de activos, una instancia que había permanecido prácticamente paralizada durante el gobierno de Alberto Fernández.
El fiscal Luciani ya había anticipado que uno de los objetivos del proceso era garantizar la reparación del daño económico al Estado. La confirmación de la condena, por parte de los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces convocados, dejó allanado el camino para avanzar con las subastas.
De manera paralela, la investigación patrimonial también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como beneficiarios o cotitulares de varios bienes transferidos por su madre. En caso de negativa a responder a la solicitud del Ministerio Público, los hijos de la exmandataria también podrían enfrentar el embargo y la ejecución de sus activos.
En otro hecho judicial relevante conocido esta semana, se denunció que el exdirigente de La Cámpora José Ottavis fundó una asociación civil llamada “Amarte Argentina” en la provincia de Corrientes, que habría recibido 11 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para obras que no fueron finalizadas. Aunque se trata de una causa separada, la magnitud de la cifra refuerza el debate sobre el uso de fondos públicos durante los años del kirchnerismo. La cifra reclamada en la causa Vialidad es ocho veces mayor a la señalada en este nuevo expediente.
La ejecución de los bienes de los condenados se perfila como el capítulo final de uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de la historia política argentina reciente, con efectos que aún resuenan en el escenario judicial, económico y político del país.
TNA
